Caso Convenios: montos defraudados al Estado llegan a $89.740 millones

Diputados y diputadas desde el PC a Republicanos dieron la unanimidad para aprobar el informe de la denominada «comisión Investigadora 2 del caso Convenios» que, según su mandato, «recabó antecedentes sobre los actos del gobierno en especial de los ministerios de Hacienda, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Desarrollo Social y Familia, y las secretarías regionales de dichos ministerios, particularmente, de las Regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía, cuestionadas en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas». El informe fue enviado a la Fiscalía Nacional y será revisado por sala de la Cámara. «Cuando comenzó la investigación del caso fundaciones se hablaba de un monto defraudado cercano a los $ 14.215 millones. A un año, el monto asciende a $89.740 millones de pesos», concluye el informe.

El texto, de 28 páginas, afirma que actualmente hay 100 casos de traspasos irregulares de dinero público a fundaciones, principalmente, desde los gobiernos regionales, desde que todo se destapó con Democracia Viva en Antofagasta, en junio de 2023. «Si bien esta crisis no ha distinguido color político, entre sus implicados, existen diversos cuestionamientos a la forma en que el gobierno enfrentó esta crisis, puesto que no se ha dado una señal clara, de carácter político, que haga efectiva la responsabilidad sobre todos aquellos que tuvieron relación directa, trabajaron de forma activa o ejercieron algún rol relevante para las fundaciones implicadas».

Responsabilidad

El diputado Rubén Oyarzo (independiente), presidente de la instancia, dijo: «Existe responsabilidad política y el gobierno actuó de forma débil». Su colega Jorge Rathgeb (RN) incluso adelantó una posible tercera comisión investigadora, «porque han brotado aristas y más hechos que podrían constituir delitos y no solo en Vivienda, sino en otros ministerios lo cual es aún más grave».

Ejemplos

Entre los patrones detectados, menciona: falta de acreditación de experiencia de parte de las instituciones que ejecutan recursos públicos, «en el caso de transferencias desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, constituida en febrero de 2023, pero que en junio de ese mismo año se había a adjudicado 5 licitaciones por 245 millones de pesos». Respecto de las actividades programadas en los convenios celebrados entre el Gobierno Regional de Valparaíso con Fundación TERRAM y las Corporaciones FIMA y EPMUSA, «fueron planteadas de forma genérica, sin detalle técnico, mostrando solo costos globales, sin solicitud de antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de los costos. En los tres casos la transferencia se realizó en un único pago en total de más de mil millones de pesos».

Se mencionó igualmente «inconsistencias entre los giros de actividad económica registradas en el Servicio de Impuestos Internos, respecto de las fundaciones Urbanismo Social, Semilla y Participa, lo que no impidió la celebración de convenios de parte del Gore del Maule, respecto del cual se detectaron vínculos de parentesco entre sus funcionarios con miembros de Urbanismo Social». Y, en el Gore del Biobío, «se evidenció falta de certificados de preadmisibilidad en proyectos de inversión y vínculos de parentesco entre funcionarios con representantes de fundaciones beneficiadas».

Se habló igualmente de problemas en las instituciones del Estado encargadas de velar por los recursos públicos, por ejemplo, al ejercer «lentitud en tramitación de expedientes para hacer valer responsabilidad administrativa, y que «gran parte de los sumarios (en los ministerios, seremías y gobernaciones involucradas) aún no se resuelven». «El gobierno ha negado ciertas cosas y después la evidencia de los hechos demuestra que lo negado era cierto», comentó el diputado UDI Gustavo Benavente. «Existe la necesidad de fortalecer instituciones como la Contraloría, el CDE, para aumentar la capacidad fiscalizadora», consideró la parlamentaria del FA Marcela Riquelme

Crispi

El informe incluye un punto en el que los parlamentarios manifiestan que la actual subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez (FA), debiera renunciar de su cargo por ocultar a la comisión que tuvo un vínculo con la fundación Democracia Viva donde ejerció como directora de metodología. «Los militantes de Revolución Democrática implicados se aprovecharon del sistema, pero también fueron indolentes con la gente que debió ser beneficiaria de los fondos para el mejoramiento de los asentamientos precarios», planteó el escrito. Consultada por LUN, la aludida respondió: «No tengo ninguna relación con la fundación desde 2021, cuando realicé una asesoría particular para un proyecto específico entre julio y diciembre de ese año, que consistió en el desarrollo de metodologías de participación ciudadana en el proceso constituyente. Como se explicó en la comisión del 4 de junio, el proyecto contó con el apoyo de un fondo internacional y el pago se realizó a través de boletas de honorarios a dicho fondo, por lo que no existió un vínculo legal con la fundación».

También le llama la atención a los parlamentarios que, «a la fecha, el gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a la fundación Democracia Viva y de quienes aprobaron fondos para esta y otras instituciones, sin mayor cuestionamiento, como el caso del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, (imputado en la investigación de los traspasos a ONGs), y el proyecto de ProCultura para pintar fachadas en la Región de Antofagasta, el cual fue aprobado por el gore y validado por el exsubsecretario».