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Autor de la Foto: LUIS QUINTEROS
Título/Pie de foto: A uno de los condenados se le dio la pena por cumplida y quedó en libertad y a otro se le concedió libertad vigilada.
Ayer se leyó su sentencia y siete de ellos deberán cumplir prisión
Detenciones y allanamientos ilegales, además de apremios ilegítimos fueron los principales cargos.
María Isabel Guzmán
Toda esta historia comenzó cuando diez funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Pudahuel fueron denunciados por una traficante de drogas por delitos como detenciones y allanamientos ilegales y apremios ilegítimos. Después, una vez que comenzó la investigación, se sumó otra acusación: faltar a la verdad ante la autoridad (por mentir en los partes e informes policiales que debían hacer llegar a la fiscalía y a los tribunales). Por estos hechos fueron detenidos el 17 de octubre de 2012.
Al inicio del juicio oral, en abril pasado, uno de los policías fue absuelto. Para el resto, ayer se dio a conocer la sentencia que estableció penas que, sumadas, van desde los 6 a los 7 años para siete de los 9 ex PDI, que deberán cumplir su pena en prisión efectiva. Los delitos son los siguientes:
1.- Mentir a la autoridad. Es una infracción que contempla la Ley Orgánica de la PDI. Por este delito, ocho de estos ex policías recibieron condenas que van entre los 305 días y los 3 años y un día.
2.- Detenciones ilegales. En este caso, los nueve ex PDI fueron condenados. Algunos por hasta 11 casos, siendo las penas de entre 100 y 541 días.
3.- Allanamientos ilegales. En este delito, también 8 de los 9 acusados recibieron condenas, que van desde los 60 hasta los 183 días.
4.- Apremios ilegítimos. Este delito es el que tiene las penas más altas, que van desde 541 días hasta 3 años y un día. Esta última fue aplicada a 4 de los 8 acusados.
5.- Abusos contra particulares. Se aplicó sólo respecto de un imputado, al que se sancionó con 61 días.
También hubo absoluciones para todos respecto de algunos hechos que no pudieron ser probados. Al respecto, el fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, explicó que «en la preparación del juicio oral se excluyó como interceptaciones telefónicas, lo que produjo absoluciones en relación a dos de los hechos acusados».
El abogado querellante Carlos Quezada, que representó a la familia de la mujer que hizo la primera denuncia, planteó que «se logró determinar que todo lo mal que podía hacerse en un procedimiento policial fue realizado por estos funcionarios. No son penas altas porque en Chile es más caro robar que torturar a una persona, y eso es algo que debe cambiar».
Por su parte, el defensor penal público, Ricardo Flores, señaló que «mis imputados no son traficantes ni corruptos. Podemos hablar de celo policial, pero nunca de corrupción. Podemos hablar de que trataron de llegar a sentencias condenatorias de personas que son delincuentes por medios tal vez ilícitos, pero no se quedaron con bienes, especies ni drogas, no hubo mexicanas. Se mediatizó una causa con una cantidad de delitos que nunca existieron», aseguró.
