Documentos tienen un valor de $13 mil millones
El caso Audios sumó un nuevo capítulo. De manera reservada, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella en contra de los controladores de la empresa de factoring Factop, Ariel y Daniel Sauer Adlerstein; el padre de estos últimos, Alberto Sauer Rossenwaser; y el abogado tributario Darío Cuadra.
Los querellados son representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín Spa, Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko. Según acusa el SII, bajo esa calidad emitieron 9.970 facturas ideológicamente falsas por un total de 12.988.219.183 pesos, perjudicando a más de 100 empresas.
«Los equipos del SII reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos», indicó el director del SII, Hernán Frigolett.
El destape
La arremetida judicial del SII se inició a partir de una querella interpuesta por la gestora de inversiones británicas Advance Global Capital (AGC) en agosto pasado, ante el Cuarto Juzgado de Garantía.
Según la empresa británica, los hermanos Sauer entregaron en prenda 195 facturas falsas por la suma de 4.989.915.852 pesos. De esos documentos, 173 no fueron autorizados por el SII y 13 fueron recibidos con datos adulterados.
«Ha quedado de manifiesto la existencia de un plan delictual mediante el cual los deudores obtuvieron financiamiento contra la entrega en prenda de documentos falsos», dice la empresa afectada a través de su acción.
La querella de los británicos motivó a que el Servicio de Impuestos Internos enviara un oficio a la Fiscalía para acceder a la carpeta investigativa. En paralelo, el Departamento de Delitos Tributarios inició un proceso de recopilación de antecedentes, según una minuta del organismo.
Facilitación
«Luego del análisis realizado, se emitió informe al Departamento de Defensa Judicial Penal para determinar la presentación de la acción penal por el delito tributario relacionado con la facilitación de facturas falsas», indica la minuta del SII.
Las multas
Respecto al delito invocado por el SII, el abogado experto en el tema y socio de Bustos Tax & amp; Legal, Claudio Bustos, dice que «es la figura más severa que contempla la legislación tributaria chilena. Arriesgan el tener que pagar el impuesto que ha sido defraudado en estas operaciones y la multa que determine el tribunal, que puede llegar en este caso hasta un máximo del 300% del monto del impuesto evadido. Independiente de eso, se puede aplicar una pena privativa de libertad que va de los tres años y un día hasta los cinco años».
De acuerdo al SII, las facturas se emitieron en los períodos tributarios que van desde enero del 2021 a julio del 2023. Según Bustos, «esto estalla cuando tenemos miles de facturas involucradas y con la filtración de un audio por la prensa. Esto hace preguntarnos si tenemos una autoridad que está siendo eficiente en la fiscalización».
