Abogadas explican el complejo panorama que le espera a Camilo Huerta

Cuando el lunes apenas despuntaba, por la puerta de salida de los vuelos internacionales del Aeropuerto de Santiago, Camilo Huerta, esposado y escoltado por dos carabineros del OS-7, sonrió, como tantas veces lo ha hecho ante las cámaras y alcanzó a decir, antes de que lo introdujeran en el furgón policial: «Soy totalmente inocente de todas estas cosas, esto es un montaje».

Huerta es una de las 74 personas detenidas en la llamada «Operación Imperio Amsterdam», una trama a la que se le acusa de utilizar el Dispensario Nacional de Cannabis Medicinal, el único organismo autorizado para producir y distribuir derivados de la cannabis para uso terapéutico, como una fachada para, lisa y llanamente, traficar marihuana. También se le acusa de asociación criminal y de lavado de activos, imputaciones que serán detalladas por la fiscalía en la audiencia de formalización que comienza este martes, y que se prevé durará al menos 2 jornadas.

Mientras Rodrigo Núñez, defensor del ex «Yingo», dice que su cliente «jamás ha vendido un pito de marihuana, ni antes ni durante ni después de administrar el dispensario que tenía en Chicureo» y que solo vendía lo que estaba permitido por ley, trascendieron algunas escuchas telefónicas que según la fiscalía complican su situación (ver recuadro). Dos abogadas penalistas analizan el escenario que le espera al ex chico reality, tanto en las medidas cautelares que podrían decretarle como en una eventual condena.

Para Camila Olivares, abogada penalista en NSS, la situación de Huerta parte de una manera compleja ya que «para que un tribunal despache orden de detención la fiscalía debe acreditar que se ha cometido el delito. Atendido que el tribunal accedió a despachar orden de detención, hace presumir que sí existían antecedentes de que tendría alguna participación en este investigación».

«Evidentemente se trata de delitos graves, solo el tráfico de drogas la pena parte en 5 años y 1 día de cárcel efectiva, tiene pena de crimen, eso puede agravarse si se acredita que formaba parte de una organización criminal y si se acredita que recibía dinero y lo blanqueaba. De acreditarse que habría realizado venta de cannabis utilizando su participación en este dispensario como fachada, arroja penas muy altas. Y se visualiza una alta probabilidad que la fiscalía solicite la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. De todas maneras no tiene antecedentes penales y una vez que conoce la orden de detención, vuelve voluntariamente al país, a sabiendas de que iba a ser detenido, y esos antecedentes deben ser ponderados por el tribunal», comenta.

Camila Olivares no le da tanta importancia a las escuchas telefónicas filtradas. «Esto a priori no arroja información tan relevante para poder acreditar la situación de Huerta en un delito de tráfico, porque si él tenía participación en un dispensario que funcionaba de forma legal en Chicureo, es altamente probable que haya tenido comunicación con personas para que lo abastecieran en su dispensario y él poder vender esas sustancias de forma legal. Lo que la fiscalía deberá probar es que Camilo Huerta, durante los meses que funcionó el dispensario de Chicureo, además de la venta de cannabis medicinal realizó venta de otra forma. También está la transferencia de dinero, que son elementos que por sí mismos no permiten acreditar participación. Hay elementos que complejizan una investigación tan grande para demostrar la asociación ilícita o el lavado de activos, pero ya el solo hecho de tráfico es bastante grave, tiene cárcel efectiva».

Constanza Ávila Saona, abogada penalista, magister en Derecho Penal y Procesal Penal UDP y socia litigante de Consultiva Legal, explica que «la ley 20.000 permite el cultivo de cannabis para consumo próximo en el tiempo y para efectos medicinales. Lo que el dispensario hace es dispensar a las personas que tienen receta médica, para que esa receta sea cultivada por el dispensario, es como una subrogación. Y es regulado por el SAG. La ley no establece de dónde se obtiene la cannabis que se dispensa, entonces entra en una zona bastante gris que es de lo que se toma la fiscalía para procesar a estas personas por tráfico de drogas.  El artículo 10 dice que quien esté autorizado por el SAG y desvíe estos cultivos para tráfico, va a ser condenado con pena de crimen, que contiene penalidad importante. Y en el caso de Huerta, se le formalizaría por tráfico ilícito de droga, artículo3, que también tiene pena de crimen. Las personas que son formalizadas por esto, puede que se les conceda una medida cautelar gravosa , como prisión preventiva».

A diferencia de su colega, Constanza Ávila sí cree que las escuchas telefónicas filtradas pueden ser relevantes, «porque denota una transacción de droga a cambio de dinero. Todas esas transferencias por más de cincuenta millones que hace Medcorp, que es la sociedad del dispensario, a Camilo Huerta, probablemente podrían dar cuenta de la comisión del delito de tráfico de drogas, es decir, obtener la cannabis a través de un pago que podría vincularse a esas transacciones. Podría caber dentro del ilícito penal, porque dichas transacciones y dicho lucro en la obtención de la cannabis no estaría permitido en los artículos de la ley que mencioné».

Sobre los otros delitos por los cuales se le podría imputar, como asociación ilícita o lavado de activos, cree son más complejos de probar. «La asociación ilícita tiene requisitos bien exigentes para constituirse como delitos: la mantención en el tiempo, la organización jerárquica, pero si el tribunal no lo acredita, igualmente en el caso de Huerta podría considerarse una agravante el artículo 19 letra de la ley 20.000, que solo pide que en la comisión del delito existan más de dos sujetos involucrados. Y para la comisión de lavado de activos, se requiere que el imputado haya obtenido dineros ilícitos y los haya tratado de blanquear. Creo que con la información que se tiene, es quizás el más difícil, de probar en su caso».

Pero si se le formalizara por dos delitos con penas de crimen, la abogada cree que en casos así es muy común que los jueces accedan a las medidas cautelares más gravosas solicitadas por la fiscalía, «como la prisión preventiva».

«Mándame todas»

Canal 13 publicó unas conversaciones filtradas de Huerta y un informe del OS7 indica que «de acuerdo con el detalle de transacciones analizado, Grünwald SpA recibió desde la cuenta corriente de Medcorp SpA (propietaria de la franquicia Dispensario Nacional) la suma total de $51.266.785, vinculada a Camilo Alberto Huerta Milos, siendo utilizada como vehículo societario para la recepción de activos provenientes del tráfico de drogas».

En la nota se citan párrafos de la acusación que la Fiscalía de Aysén presentará en la formalización y se incluyen varias escuchas telefónicas de Huerta. En una de ellas, fechada en julio de 2025, Huerta da instrucciones a los que transportan droga de cómo eludir los controles policiales de Carabineros y qué hacer en caso de ser fiscalizados. Dice que «hay que ser buena onda con los fiscalizadores» y que «hay que llamar al abogado de la Corporación».

Otra escucha es de abril del año pasado, donde Huerta habría hablado con el líder de la organización sobre distintos tipos de cepas de marihuana.?Líder de la organización: «Tengo tu pedido acá, compadre. Me dicen que no quieres la Turban Max, ni la Mig Ching, ni la Max Ice, porque son todas filete».?Huerta: «Ya, mándame todas entonces».

Líder de la organización: «Esto es Premium, esto es lo único que vamos a tener hasta el 20 de mayo».

En otra escucha, Huerta revela los planes para independizarse, de salirse de la franquicia y crear una «empresa real», debido a los problemas con su entonces esposa, María Teresa Matus.