Era el asentamiento ilegal más grande de Chile: vivían 10.521 personas
Delegado presidencial de Valaparaíso describe cómo lograron un proceso sin violencia.
De la megatoma de San Antonio no queda casi nada. Los perros vagos abundan, al igual que el barro que dejó el último temporal. Lo único que permanece en pie -y que se ve desde el lindero, esa división imaginaria que separa las villas de lo que alguna vez fue el asentamiento ilegal más grande de Chile- es el vestigio de una casa prefabricada azul, visible desde la avenida Manuel Bulnes, casi al llegar al Antiguo Camino a San Antonio, en la frontera con Cartagena. Desde allí, por fin, se ve algo de mar.
En la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, vivían 10.521 personas distribuidas en 4.136 casas levantadas ilegalmente en 215 hectáreas de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio. Tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, emitido en noviembre del año pasado, el Estado debió iniciar el proceso de desalojo.
Como eran tantas las familias que iban a quedar -se supone- sin hogar, Carlos Montes, entonces ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), anunció antes de finalizar su mandato la expropiación parcial, de 100 de las 215 hectáreas.
Estas serían pagadas a la inmobiliaria en cerca de $11.000 millones, con la idea de que el Minvu ejecutara un proyecto habitacional para beneficiar a 3.700 familias que se agrupaban en 40 cooperativas de la toma. Lo anterior, indican desde el actual gobierno, aún no se concreta.
«El desalojo de la toma ha sido un proceso exitoso. El viernes pasado nos quedaban solo 87 casas, pero la verdad es que muchos ya se han ido. Este lunes iniciamos la última etapa. En total, el predio a desalojar estaba compuesto por 98,4 hectáreas. De ellas, la administración anterior desalojó 58,4 y nosotros, 40», describe Manuel Millones, delegado presidencial de la Región de Valparaíso. En cuanto al resto de las hectáreas (116,6) o terrenos expropiados parcialmente, la autoridad asegura que es un proceso que continúa en desarrollo.
Ruinas de una toma
En la megatoma del cerro Centinela no queda nadie; las 4.136 familias fueron desalojadas. Algunas se agruparon en los predios expropiados parcialmente con el anhelo de obtener un cupo en algún proyecto habitacional a futuro, mientras que otras -la mayoría- migraron a Santiago.
Caminar entre los escombros es difícil: el barro rebosa en los caminos improvisados y las enormes zanjas de 2,5 metros de profundidad impiden el paso hasta del perro más ágil.
«Parte del fallo indica que el propietario tiene que cercar el predio y realizar una excavación. Además, la semana pasada tuvimos una reunión con la autoridad sanitaria, el municipio y el dueño, donde se informó que, una vez desalojado el terreno, éste debe desratizar y fumigar», explica Millones.
Entre las zanjas, Carabineros vigila que el desalojo esté en orden. Según la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, el operativo de este lunes ocurrió sin resistencia, incluso en el sector Fuerza Guerrera, donde en enero de este año, cuando se inició el proceso, dos uniformados fueron baleados. En ese sector, hoy totalmente demolido y despoblado, algunas personas se agrupan para intentar reciclar escombros, madera y planchas de zinc. A unos 20 metros de la calle principal, en la frontera que separa Cartagena de San Antonio -como le dicen los vecinos- una mujer camina con una palmera arrancada de raíz.
¿Qué contribuyó a un desalojo pacífico, delegado?
«Hubo varios factores que contribuyeron al éxito del desalojo, pero principalmente fue el planteamiento del Gobierno de respetar el estado de derecho y el derecho a la propiedad. La comunidad entendió eso».
¿Cómo evitaron la violencia?
«Tuvimos una mesa de trabajo en la que participaron todos los ministerios competentes, la Defensoría de la Niñez, la Comisión de Derechos Humanos, la Municipalidad de San Antonio, Carabineros y la PDI. Además, algo fundamental fue que notificamos presencialmente y por teléfono. También pusimos notificaciones en lugares de acceso a la toma para que la comunidad supiera en qué fecha se iba a producir el desalojo. Eso disminuyó la violencia».
¿Fue difícil notificar?
«Por eso dividimos las hectáreas en polígonos: así era más fácil notificar, resolver y trabajar. De esa manera evitamos problemas de albergues, que eran dos. También realizamos un catastro de niños y aseguramos su alimentación con Junaeb. Avanzamos más rápido de lo que se esperaba gracias a los dirigentes, quienes entendieron que esto es una decisión del tribunal y que la respuesta a un problema habitacional no es la toma. Eso ha sido positivo».
