Monto por cumplimiento de objetivos desata críticas en medio del déficit fiscal, según informe que publicó La Segunda
Al superar el 90% de metas en 2024, la Presidencia activó el bono máximo del PMG, pagado en cuatro meses del año.
La polémica revive críticas a sueldos estatales altos en un gobierno que prometió austeridad. El presidente Gabriel Boric recibió el bono del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), según informó «La Segunda», lo que elevó su sueldo bruto mensual de $7 millones a $10 millones en diciembre de 2025 y también en marzo, junio y septiembre. Monto ajustado a la legalidad, pero que desató críticas por la señal política que implica en medio del déficit fiscal y las restricciones presupuestarias que enfrenta el país.
Qué hizo
El bono se activó porque la Presidencia -su oficina- cumplió el 99,44% de las metas fijadas para 2024. Entre ellas, aplicar enfoque de género en políticas públicas, avanzar en gestión ambiental, mejorar la eficiencia interna y profundizar la transformación digital. Al superar el 90% de avance, se paga el máximo: un 7,6% adicional del sueldo anual, dividido en cuatro cuotas. El cálculo se hizo sobre el desempeño de Presidencia, sin considerar problemas en ministerios dependientes. En otros funcionarios, la asignación anual puede llegar al 30,6% al sumar convenios colectivos.
Cómo funciona
Para recibir el incentivo, el servicio debe alcanzar al menos 75% de sus objetivos, que son revisados por entidades externas. Si logra 90% o más, se paga el bono máximo. El beneficio rige para todos los funcionarios del gobierno central en ejercicio, sin excluir a las autoridades, como el Presidente. Las metas las fijan cada año la Dipres y cada servicio entre septiembre y diciembre.
Quién evalúa
El Comité Triministerial, formado por los ministros del Interior, Hacienda y la Segpres, aprueba las metas y revisa su cumplimiento, con apoyo técnico de la Dipres. En el proceso también participan instituciones públicas especializadas y expertos externos contratados por licitación, que verifican los indicadores. Desde Presidencia señalaron que el Mandatario recibió el PMG «como todos los servidores públicos» y que «la asignación de modernización anual de 30,6% considera dos incrementos asociados al cumplimiento de metas (PMG y convenios) y un componente base».
99,44%
Las metas típicas del Programa de Mejoramiento de Gestión son principalmente tres: gestión eficaz (seguridad en la información, tasas de accidentes laborales, equidad de género, entre otras), eficiencia institucional (control de gastos, ejecución presupuestaria, desempeño financiero) y calidad de servicios (satisfacción neta de usuarios, trámites digitales, reclamos respondidos). En eficiencia institucional se midió no concentrar el gasto en los últimos meses del año y avanzar a la etapa 2 del plan «Estado Verde», orientado a una gestión sustentable y a disminuir el impacto ambiental. Este último punto impidió alcanzar el 100%, ya que el indicador quedó en 98,13% debido a un problema en el gasto en resmas de papel para impresiones reportado en el tercer piso del Palacio Cerro Castillo (puede ver el documento de la Dipres aquí: https://url-shortener.me/DKLZ).
PMG
El PMG se creó en la Ley Nº 19.553, del año 1998, cuando era presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, y emanó del ministerio de Hacienda, que tramitó el proyecto en el Congreso: el ministro a cargo era Eduardo Aninat (https://url-shortener.me/DJHK). La ley tenía como propósito modernizar y mejorar la gestión del Estado, una forma era entregar estos bonos a funcionarios que hubieran cumplido metas. Quienes reciben el PGM son funcionarios públicos del gobierno central: pueden ser 87 mil trabajadores de 194 instituciones pública, incluyendo el presidente de la República.
Grau
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en entrevista con TVN, argumentó que no era algo nuevo. «Esto es una polémica ficticia», que «desde el presidente Lagos» se entregaban estos pagos. Agregó que «es algo que existe desde 1998» y que incluso iba a haber un «aumento de los sueldos en la próxima administración» y que eso lo define una comisión externa.
Diputados
Francisco Orrego (RN) declaró: «Usted, Presidente, llegó prometiendo que iba a ganar como un profesional promedio y que la escala de sueldos de los políticos iba a bajar. Pero hoy vemos que, para subirse el sueldo con bonos, son los primeros en la fila. Ese bono es un cachetazo para el Chile real que sufre el costo de la vida. Dejen de vivir en una burbuja de privilegios y empiecen a gobernar para la gente».
El diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó el pago como «indignante e inapropiado» y afirmó: «Mientras a los chilenos se les pide apretarse el cinturón con las cuentas de la luz y el costo de la vida, ver estas cifras en las liquidaciones de las autoridades es una bofetada», y anunció que enviará un oficio a la Contraloría en medio de las restricciones fiscales y por la falta de una evaluación externa al Presidente.
Parlamentarios de oposición catalogaron de «escandaloso» el incremento salarial en medio del déficit fiscal. La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) señaló: «Nos dijeron que venían a cambiar la política, a bajar sueldos y a terminar con los privilegios. Hoy vemos al Presidente recibiendo un bono bajo el mismo sistema que prometieron transformar. La pregunta es inevitable: ¿cuáles son las metas que se están premiando cuando el país enfrenta un déficit fiscal significativo y un mayor nivel de endeudamiento?» y agregó que el problema es «la incoherencia y un estatuto administrativo que sigue premiando la permanencia sobre la eficiencia y los resultados reales».
La diputada Tamara Ramírez (PDG) afirmó que «es profundamente incongruente que el Presidente Boric reciba un aumento salarial en pleno contexto de un déficit fiscal, donde las familias enfrentan aumentos récord en tarifas, alimentos y transporte. Este tipo de decisiones no son neutras: son políticas, y resultan ser una burla para los chilenos».
Para el diputado Rubén Oyarzo (PR), «cuando existe déficit fiscal y austeridad económica, las autoridades deben dar el ejemplo. Más que bonos, la gente necesita eficiencia del Estado, mejores servicios y un compromiso real con el buen uso de cada peso público».
Normativa
La normativa vigente contempla incentivos asociados al cumplimiento de metas, que se aplican a las autoridades del Gobierno Central. Williams Valenzuela, del Observatorio de Gobernanza de la Universidad de las Américas, comenta que puede que «en términos políticos, el incentivo no resulte oportuno o conveniente, pero eso es un debate distinto. Desde el punto de vista jurídico, cuando se cumplen las condiciones objetivas que la ley establece, el pago procede.
