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Autor de la Foto: ANDREA MATURANA
Título/Pie de foto: La matrona y diputada del PC, Karol Cariola, estaba feliz con el proyecto.
Jóvenes entre 14 y 18 años deben tener autorización de sus padres o juez de familia
«El proyecto no tiene legitimidad social», dice la senadora UDI JacquelineVan Rysselberghe.
Patricia Rey
El último proyecto que firmó Bachelet antes de irse de vacaciones fue el que despenaliza el aborto. Si esta iniciativa llega a aprobarse en el Congreso tal cual fue presentada ayer, significará que cualquier mujer, mayor de 18 años, podrá solicitar la intervención médica para interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero solo bajo tres condiciones.
Causales: la mujer podrá abortar en caso de que el embarazo represente para ella un riesgo vital presente o futuro; cuando el embrión o feto tenga una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida fuera del útero, y cuando el embarazo sea producto de una violación.
Edades: si la mujer es menor de 18 años y mayor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá hacerse hasta las 18 semanas de gestación. «Debemos considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado», explicó Michelle Bachelet durante la firma de la iniciativa en el patio de Las Camelias en La Moneda.
Autorización: uno de los puntos de la inicitiva indica que las niñas entre 14 y 18 años deben contar con la autorización de sus padres o representantes legales, aunque se tendrá en cuenta su opinión para practicar el aborto. Además, se estipula que los médicos pueden prescindir de dicha autorización si hay antecedentes de que se expondrá a la joven a violencia intrafamiliar o abandono. En ese caso, el facultativo puede acudir a un juez de familia.
Tribunales: la matrona y diputada PC, Karol Cariola, considera que 14 años «es un límite de edad bastante correcto porque es muy cercano al promedio de inicio de la actividad sexual (…) El que las niñas tenga la posibilidad de acceder a tribunales para decidir y que no solo dependa de los padres, busca garantizar los derechos fundamentales de ellas».
Discusión: la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, integrante de la comisión de Salud del Senado, plantea que el proyecto «no tiene legitimidad social». La parlamentaria comenta que el proyecto fue realizado «a puertas cerradas, y que nunca fue discutido con organizaciones sociales provida y que tampoco fue socializado de ninguna manera, salvo probablemente con organizaciones que están a favor del aborto».
