2025 fue un año récord en solicitudes con un alza de 44% respecto al año anterior
Además de la situación económica, la incorporaciónal sistema de quienes funcionan con honorarios y su simplificación explican el alza, según especialistas.
Daniel Illanes (55), casado, tres hijos, llegó a un estado financiero insostenible en 2023. Sin más opción que el colapso -su capital adeudado había llegado a los $32.000.000, sin considerar intereses- acudió a una alternativa que desde 2014 ofrece la legislación chilena para las personas que están en su caso: declararse en quiebra.
«Se me acumularon las deudas hasta un punto en que no tenía salida. Con mi familia no nos dábamos grandes lujos, pero la vida está tan cara que una salida de fin de semana a la playa cuesta $250.000. Consulté a un estudio de abogados especialista en deudas, llevé un camión tolva con los papeles que pide el sistema, tuve que liquidar bienes, y en 2025 obtuve la quiebra. Fue un gran alivio», cuenta.
El caso de Illanes no es aislado. De acuerdo a cifras entregadas el lunes por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), en 2025 se iniciaron 6.795 liquidaciones simplificadas de personas (quiebras), la mayor cifra desde que existe la ley, con un incremento de 44% respecto a 2024. En cuanto a las renegociaciones, procesos en los que la autoridad actúa como mediadora entre deudores y acreedores, llegaron a 4.815, también la mayor cifra desde 2014, con un incremento de 146% respecto a 2024.
Johana Álvarez, superintendenta subrogante de Insolvencia y Reemprendimiento, explica en qué consisten los procesos de liquidación simplificada y renegociación: «La primera es una alternativa para personas naturales en situación crítica de endeudamiento, en que el deudor ya no puede continuar pagando sus compromisos ni tampoco acceder a una renegociación. A través de este procedimiento -que se solicita ante un tribunal, con el patrocinio de un abogado-, la persona entrega todos sus bienes a un liquidador, para luego venderlos y, con los recursos generados, pagar a sus acreedores».
Por su parte, la renegociación es una alternativa gratuita que se puede solicitar directamente en la Superintendencia, enfocada también en personas sobreendeudadas, pero con ingresos mensuales demostrables y que buscan ordenar sus pagos sin entregar sus bienes.
«Es ideal para quienes pueden cumplir con sus compromisos económicos, pero necesitan más plazo o mejores condiciones para ello. La superintendencia actúa como facilitador en la búsqueda de acuerdos entre los deudores y sus acreedores (bancos y casas comerciales, cajas de compensación y otros similares)», agrega Álvarez.
Las razones
Varios son los factores que, a juicio de los especialistas consultados, inciden en el incremento de quiebras y renegociaciones entre las personas.
«Se explica por un cambio legal importante que entró en vigor en agosto de 2023. Desde entonces, profesionales que emiten boletas de honorarios dejaron de ser considerados empresas y pasaron a ser personas deudoras. Antes, si quebraban, lo hacían como empresa; hoy entran directamente en la estadística de quiebras personales. Ese cambio no tuvo efecto inmediato, pero sus consecuencias se ven con fuerza desde fines de 2024 y durante todo 2025», explica Ricardo Ibáñez, fundador del estudio de abogados Defensa Deudores, especializado en el tema.
Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, destaca que las últimas modificaciones introducidas a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas incorporaron procedimientos de liquidación simplificados, haciéndolos más accesibles, expeditos y rápidos.
«La liquidación de personas naturales se ha transformado hoy en un mecanismo mucho más viable y accesible para un grupo mucho más amplio de deudores», observa.
El abogado también destaca el contexto económico que atraviesa el país, con un alto costo de la vida y mayores niveles de cesantía.
Lo que falta
Illanes, el deudor, hace una autocrítica sobre por qué llegó al colapso financiero y una calificación al paso siguiente de la liquidación.
«No quiero victimizarme, llegué a esta situación por necesidad y desorden, pero renegocié con la banca hasta que ya no pude más», señala.
Desde que saldó sus cuentas pendientes, sin embargo, no ha podido reinsertarse en el sistema financiero.
«La segunda parte de la ley, la del reemprendimiento, no funciona porque, aunque tú quedes limpio, los bancos no te abren las puertas. Desde que yo hice el proceso, no he tenido acceso a productos del sistema financiero y este es un tema clave si alguien quiere reemprender», afirma.
Ibáñez coincide en que la ley de insolvencia ha sido presentada como el camino para que personas sobreendeudadas puedan cerrar un ciclo y volver a empezar.
«Sin embargo, pese a su nombre y a su espíritu declarado, el reemprendimiento financiero real sigue siendo una promesa incumplida para muchos. Un estudio que realizamos junto a Unholster, basado en más de 1.000 personas que se declararon en quiebra, revela que más de la mitad no ha logrado reinsertarse financieramente ni siquiera años después de cerrado su proceso. En el primer año, cerca del 70% sigue completamente excluido del crédito», explica.
«La ley cumple un rol fundamental al extinguir deudas y dar un nuevo comienzo jurídico, pero lamentablemente no garantiza una rebancarización efectiva porque el sistema financiero mantiene una memoria más larga», agrega.
