Roberto Rabi, ex fiscal y profesor de derecho penal, explica cómo funcionan allanamientos como el de la U este lunes
Fiscalía y la PDI allanaron el CDA a dos semanas de la renuncia del ex presidente de Azul Azul.
Cinco domicilios fueron allanados en la investigación contra Michael Clark, ex presidente de la U, por la posible adquisición de Azul Azul vulnerando la ley de sociedades anónimas, sin realizar una oferta pública de acciones (OPA). Entre ellos está el Centro Deportivo Azul (CDA), donde entrena el primer equipo y las divisiones inferiores de los azules.
Además del CDA, la orden de entrada y registro solicitada por el fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, y autorizada por la jueza Daniela Guerrero del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se ejecutó en la casa de Clark, en Colina, y en otras empresas ligadas a su persona: Inversiones Antumalal, Bulla Spa, Redwood Capital y Romántico Viajero Spa, esta última propiedad de José Ramón Correa, quien adquirió el paquete accionario vendido por la familia Schapira.
En esos recintos, 28 funcionarios de la PDI incautaron cajas, computadores, cartas, carpetas, archivadores y actas de directorio de Azul Azul, según aseguró ‘La Segunda'. En el CDA, el registro se extendió por cerca de tres horas.
‘En este tipo de causas, de delitos económicos, lo que se busca es documentación contable, antecedentes contractuales y soportes digitales, como teléfonos, notebooks y computadores. Aunque la orden permita incautar muchos elementos, suelen actuar con criterio y no llevarse cosas sin relación con la investigación, como el celular personal de una secretaria, por ejemplo', explica el ex fiscal y profesor de derecho penal Roberto Rabi González.
‘Cuando un fiscal solicita al juez de garantía una orden de entrada, registro e incautación, no se concede automáticamente. El juez debe ponderar si existen antecedentes suficientes que vinculen lo investigado con los lugares donde se ingresará. Si lo estima fundado, autoriza la diligencia y fija condiciones específicas, como el horario, uso de fuerza policial, e incluso instrucciones como procurar el menor daño posible en los inmuebles', añade el jurista, reconocido hincha azul y coautor del libro ‘Relatos Azules'.
¿Qué ocurre con lo incautado?
‘Todo queda bajo un sistema que se llama cadena de custodia. A cada elemento o conjunto de ellos se le asigna un número asociado a un formulario que permite seguir todo su recorrido: dónde se incautó, quién lo retiró, quién lo recibió, a qué unidad policial se trasladó, si fue enviado a peritaje. La lógica es asegurar trazabilidad absoluta, que es fundamental tanto para la fiscalía como para la defensa. Luego los elementos son periciados y una vez terminada la investigación deben devolverse, salvo que el tribunal ordene su decomiso'.
¿Existe un aviso previo al domicilio que será allanado?
‘No existe aviso previo. Nadie, ni el imputado ni quienes viven en el lugar, debería saber que se va a realizar un allanamiento'.
Entonces, ¿cómo se explica que Clark renunciara a la presidencia y el directorio unos días antes?
‘Es difícil afirmar que haya una relación directa entre la renuncia de Clark y esta diligencia. Es razonable pensar que, sabiendo que los antecedentes ya estaban en manos de la fiscalía, se intentara anticipar. Puede haber existido un cálculo respecto de cuánto podría demorar una medida como esta y la decisión de renunciar antes de que ocurrieran situaciones que, mediáticamente, agravaran aún más su imagen. No creo que haya habido filtraciones, porque hoy existe bastante cuidado en la fiscalía por los casos anteriores donde eso derivó en investigaciones penales'.
¿Y si no hay nadie en el domicilio?
‘Si no hay personas en el lugar al momento de ejecutar la orden, la policía puede ingresar por la fuerza si está autorizado. Pero en delitos económicos, muchas veces se prefiere esperar condiciones más favorables, porque es útil que haya gente que facilite el acceso a la información. En otros delitos, como drogas, se irrumpe de inmediato porque existe riesgo de destrucción de evidencia. De todas formas, el supuesto siempre es que algo se va a encontrar. También es razonable pensar que alguien en la posición de Clark pudo haber anticipado este escenario y haber recibido asesoría jurídica sobre qué hacer, qué guardar y cómo proceder'.
¿Cuánto tiempo se pueden retener los objetos incautados?
‘Una vez que se ejecuta la orden, la responsabilidad de la custodia es de la fiscalía. El fiscal determina dónde se guardan y por cuánto tiempo. Pueden estar en dependencias policiales, en la fiscalía o trasladarse a peritos. No hay un plazo fijo: depende de la complejidad de la investigación. Puede ser largo, pero los plazos a considerar son el tiempo de prescripción y, una vez formalizada la causa, los plazos fijados por los tribunales, que pueden ser meses o incluso años'.
