Cuesta entender la imputación, dijo el abogado defensor de Alberto Larraín, principal inculpado de la causa
Los informes y las auditorías dadas a conocer por los persecutores apuntan a que ProCultura experimentó un crecimiento sostenido debido a la inyección de recursos públicos para financiar proyectos en varias regiones del país..
La audiencia del lunes en el caso ProCultura -la tercera desde que comenzó el sábado- se centró en el debate por las medidas cautelares para los directivos de la fundación detenidos desde este viernes: el siquiatra Alberto Larraín, la representante legal Constanza Gómez y la jefa de estudios Teresa Abusleme. También estaba Evelyn Magdaleno, del Gobierno Regional Metropolitano.
La estrategia de la Fiscalía, a través de extractos de conversaciones por WhatsApp, fue explicar la supuesta concertación para defraudar al Fisco y destacó el papel del Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, en este entramado.
Los breves textos aluden a la forma de operar que según el Ministerio Público tenía la entidad para gestionar los fondos con que funcionaban los proyectos y programas.
Un ejemplo. «Orrego me quiere pasar dos mil millones», le dijo Alberto Larrain a Constanza Gómez respecto de recursos del Gobierno Metropolitano para financiar «Quédate», un programa de salud mental para prevenir el suicidio, materia o giro que la fundación no solía abordar en su trabajo.
Esa suma se tradujo finalmente en $1.683.788.000 que fueron traspasados en una cuota a Procultura. Por instrucción del propio Larraín, apunta la Fiscalía, gran parte de este monto fue a parar a fondos mutuos, instrumentos financieros prohibidos si se trata de recursos públicos. Entre los argumentos de la Fiscalía se detalla que en octubre de 2022 Larraín instruyó el pago de un bono equivalente a un sueldo mensual como incentivo por la firma del convenio.
Los informes y las auditorías dadas a conocer por los persecutores apuntan a que ProCultura experimentó un crecimiento sostenido debido a la inyección de recursos públicos para financiar proyectos en varias regiones del país.
En el relato del ente acusador destaca un viaje a Buenos Aires en mayo de 2022 a propósito de una feria internacional del libro en la capital argentina. «En Buenos Aires estuvimos con Orrego y la Bárbara Figueroa», escribió Larraín, en referencia a la exembajadora chilena.
La Fiscalía recordó que cuando estalló el caso Fundaciones, en ProCultura había ánimo de seguir con el trabajo tal como lo habían hecho. «Estamos listos para otro convenio», escribió Larraín en otro chat de octubre de 2023. «Lo peor que nos puede pasar es que nos vayamos presos», escribió en esa fecha, según datos proporcionados en la audiencia por el Ministerio Público.
Al término de la audiencia -desarrollada en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia-, Cristian Arias, abogado defensor del cofundador de ProCultura, advirtió que «hay dos acusadores y tres opiniones distintas respecto de cuál es la calificación jurídica o el eventual delito que habría cometido Alberto Larraín».
Añadió que «cuesta entender la imputación. No están de acuerdo tampoco los acusados en cuál es realmente el monto o la especificación del perjuicio. Vamos a tratar de entender la imputación. Mañana (martes) vamos a responder esta extraña forma de presentar el caso».
«Lo que dice el Ministerio Público es que el intraneus, el formalizado que no estaba hoy día, pero que es el 90 por ciento de la imputación, comete fraude al Fisco bajo administración desleal», refirió el jurista en referencia al quinto implicado, Gabriel Prado, quien ejercía de coordinador del proyecto en el Gore, pero que presuntamente había sido contratado por ProCultura.
En esa lógica, prosiguió Arias, «Alberto Larraín cometería administración desleal si es partícipe en ese supuesto hecho; pero al mismo tiempo (el fiscal) le dice a tribunal, mire, si no me cree que no es funcionario público -es evidente que no es funcionario público-, entonces comete estafa. El CDE dice que es apropiación indebida», acotó el abogado de Larraín.
Luego, se preguntó: «Entonces, ¿por qué pasa esto? Es evidente que no tienen ninguna claridad conceptual en la comisión de un delito por parte de Alberto Larraín. Vamos a tratar de entender esta situación tan extraña en que los abogados no están de acuerdo ni en el monto del perjuicio ni en las calificaciones jurídicas».
Patricio Álvarez, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía que se dirigió a la audiencia, decidió que se suspendería para reanudarse este martes a las 9.30 horas, oportunidad en que la defensa expondrá sus argumentos antes de que se determinen las medidas cautelares. Mientras tanto, Alberto Larraín permanece en el anexo Capitán Yáber; y las otras implicadas están recluidas provisoriamente en la cárcel de San Miguel.
