A la luz de los hechos, habría que comenzar apensar en cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Quizás algunos recuerden que en medio del fatídico e inservible estallido social surgió un rumor de que bajo el Metro Baquedano estaba operando un cuartel policial en que se detenía y torturaba a manifestantes pacíficos. Sobra decir que el rumor terminó siendo mentira. Y, si bien nunca se terminó de esclarecer exactamente desde dónde surgió, hay pocas dudas sobre cuál fue su intención política.
Basta ver quién se benefició con poner en duda la rectitud de Carabineros y quién terminó capitalizando electoralmente con aquello.
Incluso si fue fortuito, por equivocación o inocencia, el resultado es el mismo. Por ejemplo, es difícil pensar que si la excandidata presidencial del Frente Amplio y actual embajadora en México, Beatriz Sánchez, y la entonces y actual diputada del Partido Comunista Carmen Hertz no lo hubiesen promovido con tanta claridad en sus redes sociales, esa información errónea se hubiese llegado a transformar en verdad.
Hoy, a casi cinco años del estallido social, la farsa se comienza a ver. El último golpe al castillo de naipes lo dio la actual presidenta del INDH, Consuelo Contreras, en una entrevista a CNN, en que admitió que nunca hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Inentendible, no solo por la magnitud del error, sino además considerando que llegó a su cargo precisamente por ayudar a masificar lo que ahora reconoce como una mentira.
A la luz de los hechos, habría que comenzar a pensar en cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A esta altura, pareciera operar más como un brazo político que como un organismo independiente, imparcial y preocupado de velar por la verdad y el estado de derecho. ¿Quién da garantías de que si alguna vez de verdad ocurren atropellos sistemáticos a los derechos humanos el INDH va actuar con rectitud y no por conveniencia política?
