Senado aprobó la destitución por amplia mayoría
El primer capítulo, aprobado por unanimidad, se refiere al caso Muñeca Bielorrusa, en que el abogado viajó en un crucero con dos abogados cuya causa votó a favor.
«Me parece una decisión muy injusta; en segundo lugar me han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial; y en tercer lugar, nadie se hizo cargo de cada uno de los puntos de la defensa en profundidad como yo esperaba. La decisión está tomada y yo respeto la institucionalidad del Estado y, por tanto, hay que cumplir lo que se ha dispuesto. Todo está justificado, los abogados no solamente explicaron lo que había pasado, sino que también presentaron documentos que justificaban cada decisión (…) Me están imputando situaciones con el contexto de hoy y es muy lamentable. Yo esperaba que si hubiese una argumentación contraria, por último, que hubiera sido apropiada a los argumentos que entregó la defensa (…) He sido muy feliz en el Poder Judicial, mi carrera la he conducido durante muchos años de forma honesta. Estoy agradecido del Poder Judicial tengo la frente en alto y los senadores dijeron que aquí no había corrupción (…) el mea culpa que debo hacer es haber sido demasiado inocente respecto de situaciones de las que no me di cuenta».
Así habló el hoy exministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional en su contra, por «haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad».
Pasadas las 17:00 horas el Senado aprobó la acusación, debido a lo cual el juez fue destituido del máximo tribunal e imposibilitado de ocupar cargos públicos por cinco años.
Para destituir al juez era necesario que se aprobara uno de los tres capítulos de la acusación. El primero fue aprobado por unanimidad, por 43 votos; el segundo fue rechazado por 18 votos a favor, tres en contra y 20 abstenciones y el tercero aprobado por 33 a favor, uno en contra y seis a abstenciones.
El proceso se dio en un complejo contexto para el cuestionado juez. Previamente la Cámara había aprobado de manera unánime, por 132 votos, la presentación. Además, la posible caída del juez tenía como precedentes la destitución por la Suprema de su colega Ángela Vivanco y de Sergio Muñoz por el Congreso. En la Corte de Apelaciones, a su vez, habían sido cesados en sus cargos la exministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, por parte de la Suprema y por el Senado, respectivamente.
Flanqueado por quienes ejercieron su defensa, los abogados Felipe Lizama y Juan Carlos Manríquez, Simpertigue vestía terno gris oscuro, corbata al tono y camisa blanca.
En la testera acusadora, a su vez, estaban los diputados Jorge Rathgeb (RN), Carolina Tello (FA)y Daniel Manoucheri (PS).
La acusación tenía tres capítulos, los cuales repasó el diputado Manoucheri.
Muñeca bielorrusa
En este caso la acusación planteaba que el juez faltó al deber de «probidad, abstención e imparcialidad». Se indicó que el juez falló a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM) en un juicio que este sostuvo con Codelco, por el cual CBM recibió $1.026 millones. La causa la llevaron los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, con quienes, días después, el juez hizo un crucero de lujo. «Una coincidencia, dijo en principio su defensa. Algo así como una casualidad del destino que justo hizo que el abogado se embarcara en el mismo crucero que iban los abogados que acababa de favorecer con un fallo millonario», dijo Manoucheri..
«Es evidente que su grado de cercanía con estos abogados obligaba al ministro a inhabilitarse», agregó.
El yerno
Se refiere a que Simpertigue, mientras era ministro visitador de la Corte de Apelaciones de San Miguel, no ejerció su rol fiscalizador en la designación como notario interino de su yerno, César Maturana. A la sazón, el juez tenía a su cargo la supervisión jerárquica, fiscalización y evaluación de la decisión de la corte que nombró a Maturana. En este caso se acusó al juez de no cumplir con su deber de imparcialidad.
La inmobiliaria
En este caso, la acusación se refiere a un fallo de La Corte Suprema que permitió a la Inmobiliaria Fundamenta retomar las obras del proyecto Eco Egaña en Ñuñoa, que había sido paralizado por conflictos ambientales. El fallo tuvo el voto favorable de Simpertigue, además de la ministra Ángela Vivanco. Los abogados del caso fueron los mismos del caso CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes recibieron $414 millones por la estrategia de defensa, según consignó en su momento Ciper, que destapó el caso. El tema aquí fue que el destituido juez junto a los abogados compartieron otro crucero.
Distintos estilos
La defensa ejercida por Lizama y Manríquez abordó los tres puntos de la acusación con estilos muy diferentes. Mientras Manríquez uso un discurso abundante en citas de personajes históricos y algunas figuras literarias, Lizama fue mucho más técnico, con expresiones como probanza o contractoriedad.
Un argumento central de la defensa, planteado por Manríquez, fue que la acusación estaba viciada, debido a que la comisión que revisó su procedencia, debió inhabilitarse ya que previamente la había anulado. Según Manríquez, esto afectó la imparcialidad del juicio político.
En el resumen de su defensa, el abogado planteó tres puntos. En el primero señaló que el tratamiento de la acusación no había seguido lo indicado por la ley Orgánica del Congreso; en segundo lugar, planteó que respecto al pago de los pasajes del crucero por el abogado Vargas, el juez acusado devolvió el dinero, lo que no constituye un crédito, sino un pago normal. En su última línea, Manríquez dijo que «constituye un notable abandono de deberes de un magistrado superior en carácter de conductas contumaces, reiteradas, maliciosas ineptas o movidas única o exclusivamente por la inquina y la mala fe. Que no las vemos».
