Decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago
La resolución plantea que tomaron en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos por los cuales se encuentra formalizada y reformalizada,la sanción legal probable y en especial el monto de los perjuicios hasta ahora acreditados.
La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, debe continuar en la cárcel de San Miguel mientras se cumple el plazo de 90 días que solicitó la Fiscalía Metropolitana Oriente para investigar los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público que le imputa.
Así resolvieron por unanimidad los tres magistrados de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: su presidente Mario Rojas, la magistrada Marisol Rojas, y la abogada integrante Soledad Orellana, quienes la mañana de este lunes revisaron la solicitud de Cristóbal Bonacic, abogado de la exjefa comunal, de cambiar la cautelar de prisión preventiva y regresar a arresto domiciliario, porque a su juicio no existen antecedentes nuevos para que se haya decretado la medida más gravosa.
En línea contraria expusieron el fiscal Eugenio Campos, director de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía; José Pedro Silva, querellante por parte de la municipalidad de Maipú, y Rodrigo Álvarez, abogado del Consejo de Defensa del Estado, quienes consideran que Barriga es un peligro para la sociedad.
¿Qué dijo la Corte?
En su fallo, los magistrados argumentaron en cinco puntos por qué ratifican la resolución del Noveno Juzgado de Garantía:
1. En la audiencia de reformalización del pasado 13 de septiembre, los magistrados consideran que «se aportaron nuevos y mayores antecedentes, que agregaron a la formalización de cargos de cuatro nuevos ilícitos en contra de la imputada, constitutivos de falsificación de instrumento público (…) así como también, medios de prueba como el informe de Contraloría de fecha 16 de agosto de 2024, en el cual se precisa el monto del perjuicio, hasta ahora establecido, en contra de la Ilustre Municipalidad de Maipú, ascendente a la suma de $33.000.000.000, como nuevas declaraciones de testigos, uno de ellos funcionario de la Municipalidad, don Juan Carlos Quezada, director de Administración y Finanzas, que hacen variar la situación procesal de la imputada Barriga Guerra».
2. Según las letras a y b, del artículo 140 del Código Procesal Penal (sobre los antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga, y que hay antecedentes que presumen fundadamente que la imputada ha tenido participación), la Corte dice que «respecto de todos los delitos por los cuales ha sido formalizada y reformalizada, se encuentran debidamente satisfechos».
3. Sobre la necesidad de cautela, se expone en la resolución: «Teniendo en consideración el número, naturaleza, gravedad de los delitos por los cuales se encuentra formalizada y reformalizada, la sanción legal probable y en especial el monto de los perjuicios hasta ahora acreditados, permiten a esta Corte estimar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad».
4. «Esta Corte concuerda, además, con los argumentos esgrimidos por el juez de la instancia en cuanto a mutar la medida cautelar de arresto domiciliario total, por la de prisión preventiva», afirmaron respecto a lo resuelto por el juez Hugo Torres el pasado 12 de noviembre.
5. En el último punto, los jueces hicieron una concesión: «En relación a las terapias, que son consecuencia de la condición del hijo de la imputada Barriga Guerra, será posible llevarlas a efecto con la presencia de ésta, en la medida que su necesidad se sustente en antecedentes fidedignos que deberán ser acreditados ante el juez de garantía correspondiente».
Uno de los temas discutidos a puerta cerrada, y que motivó un tenso reclamo de Bonacic al abogado del CDE a la salida, fue la mención de un informe que una funcionaria de la municipalidad de El Quisco habría solicitado a otra funcionaria para hacer un informe con un diagnóstico, que serviría como prueba en el caso, a cambio del pago de $50.000″. Según la defensa, este informe no existe.
Libertad Triviño, penalista y académica de la Facultad de Derecho de la Usach, comenta que este tipo de permisos «no es algo habitual, pero eso no significa que sea algo irregular. En todo caso queda condicionado a la aprobación, determinación y verificación de los antecedentes por parte del juzgado de garantía».
