Los detalles fueron entregados por el ministro de Justicia, Luis Cordero
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, calificó de improvisada la medida: Implica una gran amenaza a la seguridad de la Región Metropolitana y de su comuna capital.
«Respecto de ese predio, el ministerio esta haciendo efectiva la atribución de la ley 21.636 respecto de la ampliación del penal Santiago 1, que implica a su vez el desarrollo de una cárcel de máxima seguridad de 500 plazas», detalló Cordero.
Aseveró que «por las razones que están indicadas en la ley, que son razones de seguridad pública, entre otras, he ejercido dicha atribución con el propósito de ampliar el Penal Santiago I hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería, en la esquina de Club Hípico -y adquirido el año 2011 con ese fin-, y en segundo lugar, al del Instituto de Desarrollo e Investigación del Ejército».
La normativa, publicada en diciembre pasado, «faculta al ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que en los casos que se estime imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y, especialmente, para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas, proponer fundadamente al ministerio de Vivienda y Urbanismo las modificaciones a los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales que estime necesarias para permitir la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes, como asimismo, la construcción de recintos penitenciarios nuevos».
El ministro Luis Cordero argumentó que la zona elegida «se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario. No solo la Penitenciaría fue construida ahí en el año 1844, sino que además de eso el desarrollo del Centro de Justicia de Santiago, el 2006 en su entrega, la primera construcción de la Cárcel de Alta Seguridad, el año 94, y la construcción de la cárcel Santiago 1, entregada el 2006, ha permitido desarrollar un conjunto de elementos y consideraciones que desde los puntos de vista de seguridad y estratégicos para el desarrollo de ese centro penitenciario son claves».
El Ejecutivo enviará un proyecto de ley separado que permite una delegación legislativa de manera tal que exima de algunos trámites adicionales para poder cumplir con el objetivo», complementó el secretario de Estado.
Esta facultad, dijo Cordero, se hará efectiva «en al menos tres lugares adicionales, distintos a la comuna de Santiago». Añadió que esta información era «para demostrar que esto no es solo una atribución que estamos ejerciendo respecto de la comuna de Santiago, sino que también hay otros establecimientos penales que nosotros vamos a ampliar en ejercicio de la atribución de la ley».
Respecto de la reacción que generó el anuncio en la comuna de Santiago, Cordero aseguró que él se había comunicado con la alcaldesa para contarle. Los recintos penitenciarios, añadió, «producen impactos en las comunidades locales, eso no cabe ninguna duda y, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las medidas de compensación y mitigación son relevantes».
«Amenaza»
Irací Hassler, alcaldesa de Santiago, dijo que han trabajado en conjunto con otros estamentos para enfrentar a la delincuencia y que «la medida improvisada del ministro Cordero va en la dirección opuesta e implica una gran amenaza a la seguridad de la Región Metropolitana y de su comuna capital».
La jefa comunal recalcó que «es una medida improvisada porque la semana pasada decía que iba a hacer una nueva cárcel; sin embargo, ahora habla de una ampliación, como si en la práctica fueran medidas distintas. La semana pasada quería buscar el apoyo del Congreso, sin embargo, como ve que no lo tiene quiere usar una atribución para saltarse la discusión».
Hassler refirió que esta medida «significa que la cura sería peor que la enfermedad. En Santiago no estamos disponibles para ser una zona de sacrificio, para la delincuencia y el crimen organizado». Mencionó que la tendencia internacional indica que «las nuevas cárceles y, especialmente, aquellas que concentran a las personas más peligrosas, no están en los centros urbanos».
