Ministerio de Educación le dio plazo hasta el 2031 para que se titulen todos los alumnos
Expertos consideran que este caso, y el reciente fin de la Universidad La República, son una muestra de que el sistema protege a los estudiantes.
Casi cuatro décadas duró la historia de la Universidad Bolivariana (UB). Fundada en 1987, entre sus rectores tuvo a Manfred Max Neef y Antonio Elizalde Hevia, padre del exministro Álvaro Elizalde. En 2020 llegó a matricular 3.187 alumnos, que bajaron bruscamente a solo 294 el año pasado, en medio de la crisis financiera que arrastraba la institución.
Ahora el ministerio de Educación, mediante el decreto exento 293, formalizó la cancelación de la personalidad jurídica y revocó el reconocimiento oficial, lo que significa el cierre de la UB. Las autoridades le dieron plazo hasta el 2031 para que se titulen todos los alumnos que aún quedan en sus aulas.
Al no contar con la acreditación obligatoria para las instituciones autónomas, en 2022 pasó a estar bajo supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED). Según el informe del CNED, se le pidió un plan de mejora porque se encontraba en problemas financieros, incumplimientos laborales y falencias estructurales. Esta medida tenía un plazo de tres años, en los que el organismo no aprobó ninguno de los planes presentados por la universidad, lo que motivó su cierre.
La Subsecretaría de Educación Superior informó al CNED que el plantel mantenía cuatro sedes con matrícula: Santiago (255 estudiantes), Iquique (16), Los Ángeles (20) y Concepción (3). La mayoría de los alumnos pertenecen a la carrera de Derecho y les falta realizar el proceso de titulación. Hay 25 estudiantes de esa carrera que aún se encuentran en clases.
El próximo paso es nombrar un administrador de cierre, quien pasa a ser la máxima autoridad de la universidad. ‘Deberá elaborar un Plan de administración y cierre que establezca las medidas y condiciones necesarias para asegurar la adecuada finalización de los procesos académicos de quienes se encuentren registrados en la institución', señala un comunicado de la subsecretaría. Entre sus medidas podría reubicar a los alumnos en otra institución.
‘Durante el periodo en que se formaliza el nombramiento del Administrador de Cierre, la Universidad Bolivariana continuará operando según su estructura de funcionamiento vigente', agrega el comunicado.
Acreditación
El fin de la UB se suma al episodio que vivió hace dos semanas la Universidad La República, donde ya se nombró al administrador de cierre. ¿A qué se debe esta seguidilla de instituciones que desaparecen?
En ambos casos se trataba de problemas financieros que venían de años, lo que les impidió cumplir con las estrictas normas de acreditación. ‘En el fondo, este es un proceso de largo aliento, no solamente estas universidades, sino que hay muchas instituciones de educación superior en todos los niveles que han ido cerrando', aclara Nicolás Fleet, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado e investigador de temas de educación superior.
‘El costo de mantener una institución de educación superior es cada vez más alto y también está el tema de la matrícula, es decir, las instituciones que tienen poca matrícula se vuelven insolventes', comenta.
La falta de acreditación termina volviéndose un círculo vicioso. ‘Una institución que no se acredita tampoco cuenta, de alguna manera, con el respaldo y con un prestigio que permita tener una situación de mercado suficiente. O sea, en Chile, como se ha demostrado en las investigaciones, la acreditación es un elemento importante para la toma de decisiones de estudiantes', destaca.
Depuración
Mario Alarcón, director del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Diego Portales (UDP), estima que ambos casos recientes son una muestra de que la institucionalidad está funcionando, más que un síntoma de fracaso. ‘Por primera vez hay un marco regulatorio capaz de hacerse cargo de instituciones que son inviables sin dejar a los estudiantes a la deriva', opina.
‘Probablemente habría que hacer un matiz', agrega. ‘La Universidad La República nunca logró acreditarse, en cambio la Universidad Bolivariana sí lo hizo, pero posteriormente perdió la acreditación, porque básicamente no logró demostrar que tenía un esquema de autorregulación para mantener esa certificación de calidad. Cuando una institución pierde la acreditación es muy difícil seguir funcionando porque se le cierran todas las posibilidades de acceder a financiamiento público, hay una pérdida de prestigio importante', plantea.
‘Este escenario hace diez años atrás era menos pensado, y los estudiantes quedaban a su suerte. Hoy en día hay una ley que garantiza continuidad de estudio, mantención de beneficios estatales cuando los tienen, y un plazo de varios años para poder terminar, entonces desde el punto de vista de los estudiantes hay más garantía, y también el propio sistema ha dado una señal de que las instituciones para poder funcionar tienen que cumplir con ciertos estándares', señala. ‘Aquí hay una suerte de depuración del sistema, que está castigando a aquellas instituciones que no lograron saltar ese umbral, que no lograron dar cierta garantía de calidad en el ejercicio de sus funciones', concluye.
