En medio de la crisis de seguridad que afecta al país, la ministra del Interior, Carolina Tohá sinceró ante la comisión de Seguridad Pública que se recortarán casi tres mil millones de pesos para Carabineros y la PDI. El descuento se da en el marco de los ajustes del presupuesto de la nación para 2025, que se suponía no iban a tocar a las policías. ¿Cómo afecta esto al funcionamiento de las instituciones encargadas de combatir el delito?
Según un decreto del ministerio de Hacienda que «modifica presupuesto vigente del sector público», Carabineros dejará de recibir en 2025 $2.339.144.000 en el ítem especificado como «vehículos», y otros $123.110.000 menos en la glosa «formación y perfeccionamiento policial», también especificado como «vehículos». El hospital institucional, además, sufrirá un recorte de $1.421.209.000. En cuanto a la Policía de Investigación, dejará de recibir $500.942.000.
Existía un acuerdo en que las policías no se verían afectadas, sin embargo, se vio una baja significativa de manera colateral por el decreto número 28 que modifica el presupuesto al ministerio de Hacienda, según indicaron en el Gobierno.
Sobre lo que implica este recorte para las fuerzas de seguridad, la diputada Gloria Naveillan (IND), presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, dice que abarca más cosas, como la compra de insumos. Dice que las instituciones tendrán «menos vehículos o no tendrán pistolas taser o menos chalecos antibalas, son elementos de seguridad. También afecta la compra o mantención de programas computacionales que permiten perseguir delitos», asegura.
Califica de grave la medida, ya que pese a que en el acuerdo Carabineros y la PDI no iban a ser tocados, «la plata la sacaron igual, tanto del ministerio público como de Carabineros o la PDI. Entonces queda menos plata para seguridad y no solo eso, lo más grave es que se pierde la confianza», señala.
Consultado por la reducción el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, comentó que toda rebaja afecta, «como concepto puro; pero esto está asociado a programas que son partidas de Interior que van a la PDI, como dijo la ministra y hay otros proyectos en desarrollo que pudiesen complementar o subsidiar esto».
¿Calles sin Violencia?
La diputada agrega que para ejecutar el programa Calles sin Violencia, «no solo se necesita a Carabineros con todo el despliegue que corresponde, sino que también un despliegue de vehículos policiales. Si hay un recorte en equipamiento, ¿cómo se va a abarcar más en ese programa?», se pregunta.
El diputado Andrés Longton (RN), de la comisión seguridad de la Cámara, indica que la capacidad operativa se ve disminuida desde el momento que ven mermado los recursos de manera tan contundente. «Eso implica menos patrullajes, lo que afecta las labores preventivas, de persecución e investigativas, entre otras labores. El único que celebra este incumplimiento del acuerdo es el crimen organizado, que está tomando cada vez más fuerza, con una cantidad infinita de recursos, por lo que esto les viene como anillo al dedo. Es una absoluta insensatez y una ofensa no solo al Congreso, sino que a todo el país».
Free pass
Otro integrante de la comisión, el diputado Cristián Araya (PR), es más enfático. «Es un free pass para los delincuentes. Es decirles que las policías tendrán menor capacidad para poder detenerles. Vehículos dañados que se sumarán a los ya obsoletos con los que cuenta Carabineros; habrá renovación de equipamiento limitada y así un sinnúmero de aspectos que pueden parecer administrativos, pero que marcan una diferencia a la hora de combatir el delito». Agrega que la falta de recursos para investigación dificulta la resolución de casos complejos y deja delitos impunes. «La tecnología limitada también impacta en la capacidad de monitoreo y prevención, lo que genera un descontrol en sectores vulnerables», resume.