No es primera vez que se descubre que las cosas se están haciendo mal.
Todo lo que se ha hecho relativo a la reparación de quienes estuvieron involucrados en el estallido social ha sido un desastre. Desde los indultos, que terminaron por eximir a gente con antecedentes penales, con prontuarios de larga data, a las pensiones de gracia, que le terminaron costando al Estado una cantidad excesiva e innecesaria de recursos. Nadie excepto delincuentes y los timadores han ganado.
El problema es que las cosas se han hecho a la rápida. Las decisiones se han tomado desde la emocionalidad, sin reflexión ni perspectiva. El gobierno, que se concibe como justiciero, no ha pensado antes de actuar. En los casos en cuestión, no revisó ni los prontuarios de los presos, ni los méritos de los pensionados. Lamentablemente, parece que prefiere pedir perdón que pedir permiso.
No es primera vez que se descubre que las cosas se están haciendo mal. Y, ciertamente, no es la primera vez que quienes hacen las cosas mal se han justificado aduciendo «inexperiencia». Esto es un problema, pues si al final se evalúa a quien decide por su voluntad y no su gestión, entonces, no hay incentivos a que las cosas se hagan bien. Así, se puede obrar mal, sin temor a enfrentar consecuencias.
Es hora de comenzar a tomarse las cosas con mayor seriedad. Especialmente cuando se trata de liberar a personas de las cárceles y de distribuir recursos del Estado. No queda ancho de banda para pasar más bochornos. La vara está quedando demasiado baja. Alguien en algún momento debe decir basta. Debe haber un momento en que el toro se tome por las astas y las cosas se comiencen a hacer bien.
