Denuncia por autorización de documentos falsos en millonarias operaciones inmobiliarias
La denuncia apunta al titular de la 42ª Notaría de Santiago por irregularidades en la verificación de identidades.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra del notario Álvaro David González Salinas, a cargo de la 42ª Notaría de Santiago, ubicada en Av. Apoquindo, en pleno Barrio El Golf. Según el escrito presentado por el abogado Marcelo Chandía Peña, procurador fiscal del CDE, la denuncia se centra en la presunta participación del notario en delitos de falsedad documental.
Los antecedentes expuestos en la querella incluyen tres casos donde, según el CDE, se revela un patrón de suplantación de identidades para llevar a cabo operaciones inmobiliarias fraudulentas.
El primero de estos casos involucra a M.F., quien descubrió que su propiedad en Ñuñoa había sido vendida sin su consentimiento por un monto de $35 millones. La venta se realizó supuestamente mediante una escritura pública ante el notario González Salinas; sin embargo, un informe pericial del Laboratorio de Criminalística Central concluyó que la firma y la huella digital en el contrato eran falsas, resultado de un proceso de imitación.
Un segundo caso tiene como protagonista a A.B., quien, al ser informado de una supuesta expropiación de su parcela en Catemu, acudió a la misma notaría para revisar los documentos. Allí descubrió que la firma en el mandato judicial utilizado para representarlo no era suya: nuevamente, un peritaje demostró que la rúbrica había sido falsificada.
Según el CDE, esta situación revela una grave falta de diligencia por parte del notario al no corroborar adecuadamente la identidad del supuesto compareciente.
El tercer episodio involucra una transacción con la Sociedad Inversiones Inmobiliaria, donde se vendió un inmueble por $240 millones, cifra significativamente por debajo de su valor de mercado. En este caso también se presume que González Salinas autorizó la operación sin verificar debidamente la identidad de los involucrados.
«Los notarios son los ministros de fe pública», enfatiza la querella, por lo cual estos tienen la obligación de certificar la autenticidad de los documentos y las identidades de quienes suscriben ante él. Sin embargo, acusa el escrito judicial, los hechos descritos apuntan a un incumplimiento sistemático de estas obligaciones, generando un perjuicio no solo a los afectados directos sino también al sistema de administración de justicia.
El CDE busca que se investigue a fondo la responsabilidad de González Salinas, no solo por los delitos ya descritos, sino por cualquier otro ilícito que pudiera emerger durante el desarrollo de la investigación.
Desde la notaría comentaron que se reunirían con su equipo de abogados para analizar la querella.
