Un nuevo error tarifario hizo público este lunes el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, que en este caso implica al sector de la transmisión, específicamente a Transelec, empresa encargada de llevar la energía desde las plantas de generación hasta los centros de consumo.
García contó en un punto de prensa que dicha empresa había hecho una sobrevaloración de su propio capital y el capital que se usa para fijar las tarifas. Este error, contó García, implicó un cobro extra en las tarifas por US$100 millones. «La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver», señaló el biministro.
«Ha sido menos público, pero acabamos de llegar a un acuerdo con las transmisoras, que van a devolver los recursos captados en exceso», indicó.
Lo delicado del tema, además de que hubo un cobro extra por US$100 millones que pagan tanto los domicilios como las empresas, fue que Transelec dio aviso a fines de 2024 a la autoridad. «De manera inmediata, a fines de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales», explicó Transelec en una declaración. La empresa está presente en todas las regiones de Chile y es la mayor de su rubro.
Así fue el error
En 2016 se modificó la ley de transmisión, la que determinó que las empresas deben hacer un inventario de sus activos e informarlos a la Comisión Nacional de Energía (CNE), que es la que, en base a ese inventario, define las tarifas que pagan tanto los clientes libres (empresas) como los regulados (pequeñas Pymes y domicilios, en general).
«En ese marco, y debido a la elaboración de su inventario, Transelec informó a la CNE que había un error. Por ejemplo, para entender mejor: que la empresa tenía dos caminos de hormigón para colocar torres, pero informó seis.
Esos inventarios definen la tarifa de la transmisión, que vale un 10% en el costo de la luz; el otro 70% es la generación de la energía y el restante 20% se lo lleva la distribución», explica Humberto Verdejo, PhD en electricidad y académico del Departamento de ingeniería eléctrica de la Usach.
«Ese sobre costo está en torno a US$120 millones, en razón de US$30 millones por año, y lo hemos pagado todos desde 2020», agrega Verdejo.
El académico explica el espíritu del cambio de 2016. «Antes de la ley de ese año, había una parte de los costos de la transmisión que la pagaban las generadoras y otra los usuarios. Se estimó que el pago que hacían las generadoras limitaba su capacidad para construir redes de transmisión y con el fin de impulsar las energías renovables, que con el tiempo iban a ser más baratas, se decidió que todos los costos de la transmisión los pagara la demanda mediante tarifas», indica.
Este error, al igual que el que se conoció la semana pasada en el cálculo de las tarifas, también es adjudicable a la CNE. «De acuerdo a la normativa vigente, la CNE es la entidad que define las tarifas», cuenta Verdejo. «Una diferencia respecto al caso anterior es que la empresa avisó a la autoridad». El sobre pago también será devuelto a todos los clientes.
Respecto del monto de la devolución y si este será menor o mayor que la otra debido al error anterior, Verdejo dice que aún no se puede definir.
«Seguramente va a salir en el segundo semestre, en el informe técnico preliminar de transmisión, donde vendrá el descuento».
Exigen más claridad
La Asociación de Clientes No Regulados (Acenor), que reúne a grandes empresas planteó, mediante un comunicado, que «el problema para los clientes eléctricos no es únicamente tarifario, sino que hay un tema de fondo y es institucional. En Acenor creemos que los usuarios eléctricos no podemos depender de ajustes puntuales encontrados fortuitamente. La práctica regulatoria está siendo tan compleja que no es posible ni siquiera por los mismos actores del sector revisarla a tiempo», indican.
«Se requiere una institucionalidad y regulación más transparente, con reglas claras, datos abiertos y rendición de cuentas periódica. Solo así garantizaremos que tarifas, cargos y costos reflejen una eficiencia real del sistema. Como representantes de los clientes libres de Chile, solicitamos que se haga una investigación a fondo para determinar lo que hay que devolver, pero también que se apliquen las sanciones que correspondan según la normativa vigente».
Verdejo resume la importancia de este caso: «Es relevante considerar que la empresa informó a la CNE y que esto aún no se arregla. Sería idea que la solución fuese consensuada y técnica, porque los proyectos de ley que han abordado problemas tarifarios han terminado en mayor gasto para la gente».