Cómo un homicidio derivó en la caída de una red de libros pirata

Un comprador entra a una librería del centro de Santiago y pide un libro de Alejandro Zambra. El vendedor toma una edición de Anagrama desde el estante principal: tapa clara, cartulina firme, un gato negro al centro, tipografía nítida y papel marfil, grueso al tacto. Dice el precio. Luego hace una pausa y ofrece otra opción: una versión más económica, de menor tamaño, con hojas blancas tamaño oficio, papel delgado, encuadernación rígida y lomo apretado. La diferencia de precio es amplia. No se menciona si el libro es original o falso.

La escena no es aislada. Y gracias a ella -a una muy parecida, en realidad- la Policía de Investigaciones pudo detectar un circuito de venta de libros falsificados que operaba en el sector de San Diego y sus alrededores. En la última de esas diligencias, la incautación superó los 150.000 ejemplares, con un avalúo que sobrepasó los $6.000 millones.

Según explica Daniel Ahumada, prefecto de la PDI y jefe de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI), el mecanismo ocultaba un sistema organizado de distribución ilegal. «Lo que se le dice a la persona es que existe una edición más económica del mismo libro, con las mismas características, pero un poco más pequeña. Lo de original o falso se omite», describe.

La investigación se abrió después de un hecho violento ocurrido en el centro de Santiago. «Está asociada a la muerte de uno de los integrantes de una organización criminal, de tipo familiar, que desde hace algún tiempo operaba en el sector de San Diego», relata Daniel Ahumada. A partir de ese homicidio, la PDI inició diligencias, reunió antecedentes y reconstruyó el funcionamiento de una red que, hasta entonces, operaba sin una indagatoria formal en curso.

«¿Qué ocurre con el comercio ilegal? ¿Qué ocurre con la forma en cómo se distribuyen y se comercializan algunos tipos de elementos que son falsificados?», planteó el prefecto al describir el foco de la indagatoria, que no se limitó a la venta callejera y abarcó también librerías formales.

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba como un clan familiar, con roles definidos. Existían personas a cargo de la producción, otras del traslado y otras de la venta directa, tanto en librerías establecidas como en la calle. No se trataba de vendedores aislados, sino de una organización con funcionamiento estable.

La PDI encontró varios lugares usados para tareas distintas, casi todos cerca de San Diego. Eran bodegas arrendadas, algunas de más de 70 metros cuadrados. Dentro no había camas ni espacios para vivir. Había piezas separadas: una con máquinas grandes para cortar y empastar libros, otra para copiar y reproducir, y otra solo para juntar pilas de ejemplares ya listos. Todo estaba pensado para trabajar y guardar libros. «Hay un acopio y después una distribución según los pedidos», cuenta Ahumada.

La PDI detectó que en algunas librerías los libros originales quedaban a la vista, mientras las copias falsificadas se guardaban fuera del alcance del público y se ofrecían solo ante consultas. En algunos casos, estaban en piezas interiores o bodegas pequeñas, cerradas, incluso junto a baños.

Los libros no viajaban lejos. Salían de esas bodegas y llegaban a puntos de venta ubicados a pocos pasos, todos en los alrededores del barrio San Diego, ya fuera en la calle o en locales del sector. No usaban camiones ni furgones. «Los transportaban a mano», dice Ahumada. Eran trayectos cortos, rápidos, casi invisibles, que reducían costos y evitaban desplazamientos fuera del área. Esa cercanía sostuvo durante años una cadena activa en ese sector del centro de Santiago.