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Autor de la Foto: EFE
Estupor en gobierno de Dilma Rousseff, que llamó a consulta a sus representantes diplomáticos en el país asiático
También fue ejecutado un ciudadano holandés junto a otras cuatro personas, todos condenados por cargos de narcotráfico.
David Albrecht
Pese a las tratativas diplomáticas de última hora por parte del gobierno de Dilma Rousseff, las autoridades penitenciarias de Indonesia finalmente fusilaron a seis personas condenadas bajo cargos de narcotráfico, uno de ellos Marco Archer Cardoso Moreira, brasileño de 53 años que fue detenido en el aeropuerto de Jakarta el año 2003 internando 13,4 kilogramos de cocaína.
La decisión del gobierno indonesio, reconocido por sus duras leyes contra el narcotráfico, generó la inmediata reacción de Brasilia, pues una vez consumados los hechos decidió llamar a consulta a sus representantes diplomáticos, decisión que para Mauro Vieira, canciller brasileño, «expresa gravedad, un momento de tensión, pues la ejecución crea una sombra de duda, crea dificultades en la relación bilateral». Si bien el gobierno de Rousseff nunca rechazó los cargos contra Cardoso, Vieira señaló que «la clemencia y la conmutación de la pena eran esperables», informó AP.
Lo mismo sucedió en Holanda, país que tampoco pudo hacer algo para evitar la ejecución de Ang Kiem Soe, holandés de 52 años nacido en Papúa, y que fue arrestado el año 2003 tras ser descubierto con material de producción de pastillas de éxtasis, con el que, según cálculos de las autoridades locales, habría producido unas quince mil dosis diarias de la droga en un período de tres años.
El ministro de relaciones exteriores holandés, Bert Koenders, informó en un comunicado que además de retirar al embajador de Holanda en Indonesia, se citó al representante de dicha isla en La Haya para protestar por la ejecución de Ang, pues ésta habría ocurrido pese a que tanto el rey Willem-Alexander y el primer ministro Mark Rutte se contactaron personalmente con Joko Widodo, presidente de Indonesia, para evitar la sentencia.
El gobierno de Widodo siguió adelante con la medida, argumentando que «cada país debe respetar las leyes que se aplican en nuestro país», dijo el fiscal general de Indonesia, Muhammad Prasetyo, según «Jakarta Times». Además, advirtió que no mostrarán clemencia frente a los 64 detenidos que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte en Indonesia, la mitad de ellos extranjeros, dentro de los cuales se encuentra otro brasileño, Rodrigo Muxfeldt Gularte, lo que podría ahondar la crisis diplomática entre Brasilia y Jakarta.
