Investigación arrojó que uno de los imputados tiene $600 millones, de los cuales el 94% no tiene respaldo
Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 62 imputados, mientras que otros dos ya se encuentran con dicha medida cautelar.
Tras una extensa segunda jornada de formalización por la red de corrupción dentro de las cárceles de Santiago, este sábado desde las 10:30 de la mañana la Fiscalía profundizó el análisis patrimonial de los imputados -70 en total entre civiles y gendarmes-, detallando compras de bienes de alto valor y abultados flujos de dinero que no guardan relación con los ingresos formales de los funcionarios de Gendarmería.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, expuso los hechos restantes en un relato que se extendió por más de un par de horas, los hechos afirmaban que varios de los acusados adquirieron vehículos, motocicletas y propiedades utilizando recursos de origen ilícito, en algunos casos inscribiendo los bienes a nombre de terceros para ocultar su verdadera titularidad y dificultar la trazabilidad del dinero.
Vehículos y terrenos
Entre las compras mencionadas por los imputados se cuenta una camioneta Nissan NP 2021 pagada en cerca de $28 millones, una SUV Peugeot 3008 GT 2019 por más de $25 millones, además de automóviles como BMW 320i Luxury, Hyundai Tucson, Kia Río, Chevrolet Astra y Hyundai Accent, con valores que fluctúan entre los $2 millones y los $10 millones. También se expuso la adquisición de una motocicleta deportiva Suzuki GZXR 750, avaluada en $13,7 millones.
La Fiscalía también detalló la compra de parcelas y propiedades, entre ellas un inmueble en Traiguén, con avalúo fiscal de $7 millones, y una propiedad ubicada en Santa Juana, en la Región del Biobío, con avalúo cercano a los $20 millones, todas asociadas, según el persecutor, a ingresos sin respaldo económico.
Dinero no justificado
En cuanto a los flujos financieros, Pastén destacó el caso del imputado identificado como A.J.S, quien habría recibido más de $603 millones en sus cuentas bancarias desde 2022, de los cuales más del 94% no tendría justificación aparente -solo $38 millones corresponden a ingresos formales-, convirtiéndolo en el imputado que mayor cantidad de dinero movió, según lo expuesto en audiencia.
Otros casos relevantes fueron los de E.E.R, con $296 millones abonados en su cuenta y J.F.N.F con ingresos por $178 millones, donde solo una fracción menor correspondería a remuneraciones legales. En ambos casos, la Fiscalía sostuvo que se detectaron transferencias cruzadas con otros imputados y depósitos que no se condicen con su cargo público.
El Ministerio Público también expuso situaciones como las de I.R.R, G.V.D, P.H.C y F.M.R, quienes habrían recibido montos entre $117 millones hasta un poco más de $166 millones.
Dinero oculto
Durante los allanamientos realizados el 16 de diciembre, la Fiscalía informó el hallazgo de dinero en efectivo oculto en distintos domicilios, con montos que van desde $100 mil hasta casi $8 millones, lo que fue presentado como un indicio adicional de ocultamiento y manejo de recursos fuera del sistema bancario.
Según explicó Pastén, el patrón común detectado fue el uso reiterado de transferencias entre cuentas propias, familiares y de terceros, configurando maniobras de triangulación y estratificación destinadas a disimular el origen del dinero y a integrar las ganancias ilícitas al sistema económico formal.
Fiscalía solicitó prisión preventiva para 62 imputados y arresto domiciliario total para otras seis personas (todos «manilleros», el funcionario que controla los accesos, puertas y desplazamientos internos de un módulo). El Tribunal fijó plazo de 300 días para la investigación.
La audiencia de formalización continúa este domingo en el Centro de Justicia.
