Auditoría de Contraloría detectó un perjuicio fiscal de $110.884.553
Lo grave es que el ministerio de Vivienda continuó realizando pagos durante años por una evidente falta de cruce de información con el Registro Civil, afirma diputada de la comisión de Vivienda.
El Programa de Integración Urbana de Campamentos, administra de Campamentos, tiene la noble misión de sacar a las personas de los asentamientos precarios en los que viven y buscarles un hogar transitorio a través de un subsidio de arriendo, mientras se concreta una vivienda definitiva.
Un plan que nadie podría cuestionar si no fuera porque la Contraloría acaba de emitir un informe de auditoría donde detectó la entrega de subsidios a personas fallecidas. ¿Cómo detectaron a los fallecidos? El ente fiscalizador revisó los estados financieros del ‘Programa de Integración Urbana de Campamentos', ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y los Serviu regionales, entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
Tras contrastar la nómina oficial de beneficiarios activos del programa con datos del Registro Civil, se comprobó que 168 personas que ya habían fallecido seguían recibiendo la ayuda. ¿Por qué se siguió pagando el beneficio? Según la auditoría, la administración anterior se demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos.
Los subsidios se siguieron pagando a terceros porque están vinculados a los contratos de arriendo y se depositan directamente en la cuenta bancaria del dueño de la propiedad arrendada, formalmente registrada y validada por el Serviu.
Solo por esta falla en los controles internos se generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.
Pero esta no fue la única irregularidad detectada por la Contraloría.
La subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, reiteró: ‘La Contraloría estableció que en el gobierno anterior, 168 personas fallecieron luego de recibir el subsidio y estos fueron cobrados por terceros; 172 personas arrendaron a parientes y otras 19, directamente a su cónyuge, lo que generó un perjuicio fiscal de más de 235 millones de pesos en total, pues la administración anterior se demoró 1.133 días en regularizar los contratos de arrendamiento.
Una vez conocido el informe, instruí de inmediato un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos observados.
Asimismo, los Servicios de Vivienda y Urbanización deben adoptar las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos asociados a los pagos irregulares'.
Parte de los recursos del programa de subsidio de arriendo provienen de un préstamo al Fisco chileno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 120 millones de dólares para cuatro años de ejecución del programa.
Contraloría instruyó al Minvu reponer a dicha entidad los dineros utilizados para entregar subsidios que no cumplen con los requisitos. ‘Se deberá efectuar las acciones comprometidas en su respuesta y regularizar ante el BID la totalidad de los gastos no elegibles pagados.
Además, implementar los controles necesarios para evitar la reiteración que las situaciones observadas', ordenó Contraloría.
Según la abogada Rosa Fernández, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y experta en Derecho Administrativo, lo detectado por la Contraloría evidencia principalmente fallas en los mecanismos de control y actualización de la información. ‘El problema no es que un beneficiario fallezca durante la vigencia del subsidio, sino que el Estado continue efectuando pagos sin detectar oportunamente que han cambiado las condiciones que justificaban el beneficio.
En prestaciones periódicas deben existir controles y cruces de información que permitan verificar que los requisitos se mantienen durante toda su ejecución', sostiene.
Agrega que, si bien el deber de todo funcionario público es resguardar el correcto uso de los recursos y controlar que los beneficios se entreguen únicamente a quienes cumplen los requisitos, ‘la existencia de pagos indebidos no determina automáticamente la responsabilidad de un funcionario.
Será necesario establecer quién tenía a su cargo el control, qué información estaba disponible y si existió un incumplimiento culpable de sus deberes.
Por ello, la Contraloría ordenó determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Hablar de un delito requiere antecedentes adicionales, puesto que la mera negligencia o deficiencia de control no permite, por sí sola, afirmar la existencia de responsabilidad penal'.
Se detectó además que 172 personas arrendaban viviendas a familiares cercanos, incumpliendo las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases del beneficio.
Los montos asociados a estos casos alcanzan los $110.487.033.
A ello se suman 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación absolutamente irregular cuyo perjuicio ascendió a $14.405.016.
Por último, dos personas continuaron recibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas con una vivienda definitiva en 2024. ‘Lo verdaderamente grave es que el Minvu continuó realizando pagos durante años por una evidente falta de cruce de información con el Registro Civil.
Mientras miles de familias vulnerables esperan una oportunidad, el Estado mantuvo cobros improcedentes por más de mil días.
Esto exige determinar responsabilidades administrativas mediante el respectivo sumario y, además, iniciar de inmediato las acciones necesarias para recuperar cada peso pagado indebidamente', opinó Lilian Betancurt (PDG), diputada de la comisión de Vivienda de la Cámara. ‘El dinero de los chilenos no es para financiar a arrendatarios fantasma.
Por eso, exigimos que el sumario no sea solo un papel guardado, sino que haya sanciones administrativas drásticas y la devolución total de hasta el último peso', agregó su colega de la misma comisión, Macarena Santelices (Republicanos).
