Consejo Para la Transparencia presentó fiscalización al personal de la administración del Estado
Hay que ver si el cuantioso gasto en personal se está usando bien, dice Natalia González, presidenta del CPLT.
El aumento en el número de funcionarios públicos durante el actual gobierno ha sido uno de los temas que se ha tomado la campaña presidencial. En ese contexto el Consejo Para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su última fiscalización al personal de la administración del Estado, detectando que entre 2023 y 2024 el personal asociado a la administración central de Estado, o sea, el gobierno, aumentó en casi 10 mil personas.
Informe
Según el informe, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la dotación total de la administración del Estado (eso incluye a todos los empleados del sector público), pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de 9.402 personas. Dicho aumento se dio exclusivamente en las personas que trabajan en los organismos de la administración central de Estado, esto es en Presidencia, las delegaciones presidenciales, ministerios, subsecretarías, y los servicios dependientes de estos últimos, entre otros organismos asociados.
Interpretación
Un dato que ayuda a interpretar esta cifra. Del total de funcionarios públicos del país, 449.443 pertenecen a la administración central (53%) y 392.170 a las municipalidades (47%). Mientras que los empleados de la administración central subieron casi en 10 mil en un año, los empleados municipales bajaron en 287. Cómo se puede interpretar el incremento de los empleados en el gobierno entre 2023 y 2024. Natalia González, presidenta del CPLT lo analiza.
A Contraloría
González explica que casi la totalidad de los órganos analizados parece no cumplir con la limitación que establece el Estatuto Administrativo de que el total de sus funcionarios a contrata no puede exceder el 20% de los cargos de planta. «Cuando uno mira los servicios públicos de la administración central en general están todos pasados de esa proporción, acá hay una primera cosa que llama la atención porque no está cumpliendo con esa limitación, por eso haremos llegar estos antecedentes a Contraloría y a la Dirección de Presupuestos».
¿Es posible saber si se ha contratado a operadores políticos?
«Para nosotros, como CPLT, es imposible hacer esa calificación. Lo que sí es importante es poner el foco dentro de los organismos de la administración central, en aquellas entidades que están concentrando sostenidamente un mayor gasto público en personal, y ver qué tipo de servicio y de qué calidad les están brindando a los ciudadanos».
¿Algún ejemplo?
«Mira, cuando digo que dentro de los organismos de la administración central encontramos algunas fundaciones no municipales como Integra y Junji, ahí hay que poner un poco el foco porque son los mismos organismos que a su vez la Contraloría ha detectado como los que mayores licencias médicas y salidas al extranjero coincidentes con esas licencias médicas tienen. Por eso, después de nuestra fiscalización, Contraloría toma el guante para ver cuánto se está cumpliendo el estatuto administrativo, y que porcentaje hay de personal a contrata, versus personal de planta. También hay que poner la lupa en los funcionarios a honorarios. Hay que ver si el cuantioso gasto en personal se está usando bien».
¿Cómo así?
«En los municipios la modalidad de contratación es distinta. Mientras que en la administración central predomina la contrata, en los municipios predominan los honorarios. Ahí uno dice, los honorarios son contrataciones puntuales para tareas específicas pero, se está cumpliendo con aquello, ¿o son personas que están permanentemente contratadas durante todo el periodo municipal, para ejercer labores más o menos permanentes?».
