En comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
El proyecto otorga reajuste general de emuneraciones a los trabajadores del sector público junto con la entrega de aguinaldos y otros beneficios.
La tarde del lunes, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a analizar, hasta su total despacho, la polémica ley de reajuste al sector público, más conocida como la ley de Amarre, debido a los cuestionamientos que surgieron del proyecto que endurece las reglas para despedir o no renovar contratos de funcionarios públicos a contrata y les permite acudir a la Contraloría General de la República.
Al respecto surgió un cambio de último momento, ya que, según explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en conversación con radio Duna, «para que no se diga que el gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años», anteriormente, se estipulaban dos años.
El proyecto de ley ingresado con urgencia por el Presidente Gabriel Boric otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos, beneficios y modifica diversos cuerpos legales. La discusión de este lunes contó con la intervención de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para que informara sobre las contrataciones y dotaciones de personal que considera el informe financiero del proyecto de ley.
Carrera funcionaria
En ese marco, y a sala llena, la contralora dijo: «la Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste y esto nos impide validar la proyección de estos gastos».
Pérez criticó casos de empleados a contrata que han ingresado en grados altos y con altas remuneraciones. «El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución» explicó
La contralora también acusó que «hay otros componentes de gasto, como los aguinaldos y los bonos, que no tenemos cómo validarlos porque no están los antecedentes de la cantidad de personas que van a ser beneficiadas de estos, ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se van a asignar estos pagos y beneficios, entonces no están todos los elementos para hacer el cálculo y validarlo».
Posteriormente, la contralora postuló cuáles serían las posibles fuentes de financiamiento de la ley de reajuste 2026. En ese sentido, existen algunas glosas de la ley de Presupuesto que «se pueden relacionar específicamente con la ley de Reajuste. En el Tesoro Público hay, al menos, tres provisiones de las cuales uno podría extraer recursos para financiar».
Estas serían: la provisión para financiamientos comprometidos, la provisión para bonificaciones y asignaciones variables y la provisión para leyes permanentes con gasto aleatorio. A pesar de ello, advirtió que se debe considerar que estas no son exclusivas para los gastos contemplados en la ley de reajuste, puesto que «tienen también por objeto financiar una multiplicidad de otros gastos».
Artículo seis
Dorothy Pérez se refirió también al artículo 6 del proyecto de ley, que señala que Contraloría no debe intervenir ni informar en los asuntos que sean de carácter litigioso o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales, y que solo puede abstenerse, cuando haya reclamos del personal a contrata, también ofreció críticas. Pérez fue clara: «Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias», aseguró y añadió: «Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República (…) esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional».
