Cámara despachó a ley el proyecto que establece multas para quienes no vayan a sufragar en las presidenciales
El Servel tiene un año para presentar la acusación en contra del votante que haya faltado al sufragio; el monto exacto del castigo monetario será fijado por el juez depolicía local.
El legislativo y el ejecutivo finalmente llegaron a un acuerdo: la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que establece el voto obligatorio con multa y el que regula el sufragio de los extranjeros en las elecciones populares.
Con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, el proyecto que generó tensiones entre diputados oficialistas y de oposición, despachó a ley los dos proyectos electorales claves para los próximos procesos presidenciales y parlamentarios de noviembre.
La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, agradeció el apoyo transversal a la iniciativa y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó las gestiones de la ministra. «Producto del extraordinario trabajo desarrollado por la ministra Lobos, que todos sabemos que es una generadora de acuerdos, finalmente se estableció una base de entendimiento, que ha permitido que hoy día se despache por una amplia mayoría».
La multa
Uno de los puntos más polémicos fue la fijación del monto de la multa. Desde la oposición acusaron al oficialismo de cálculo político, ya que, si bien se establece el voto obligatorio, este quedaba sin multa en caso de la no concurrencia a votar, lo que en la práctica parecía un voto voluntario. La lectura es que el voto obligatorio con una alta multa, junto con permitir el voto extranjero sin mayores requisitos, favorecería a los candidatos de derecha.
El texto, de autoría de la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, estableció que «el ciudadano que no sufragare en las elecciones será sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales ($34.632 a $103.897; la fijación del monto quedará a cargo del juzgado de policía local). El diputado RN Andrés Longton comentó que «la multa al voto obligatorio está establecida en la Constitución. Los partidos de gobierno, por un cálculo mezquino electoral, pretendían alterar las reglas del juego para ganar la elección. Mientras menos gente participe, mejor para el oficialismo y si con ello tenían que transgredir la Constitución, que modificaron hace algún tiempo para establecer el voto obligatorio, eran capaces de hacerlo».
¿Quiénes se salvaron de la multa si no votan? «Aquellos que el día de la elección se encontraren enfermos, estuvieren ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación, o por otro impedimento grave debidamente acreditado ante un juez de policía local», también las personas en situación de discapacidad. La ley estableció que el Servel tendrá hasta un año para denunciar ante un juez de policía local a quienes no sufraguen.
Requisitos
El otro aspecto en el que costó llegar a acuerdo fueron los requisitos para que los extranjeros avecindados en Chile puedan votar. En esto se accedió a apoyar las indicaciones introducidas en el Senado que aumentaron los años de residencia definitiva en Chile, de cinco, a diez años. El texto de autoría del gobierno quedó así: «Los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución (tener más de 18 años y no estar condenados a penas de cárcel), podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Para estos efectos, los extranjeros sólo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Con todo, durante el período de avecindamiento, no deberán registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier período de 12 meses».
Pérez opinó: «Hemos llegado a un acuerdo con el oficialismo para sacar adelante no sólo la multa en la ley orgánica, sino que para cumplir un mandato constitucional que es establecer esa multa para el presente ejercicio electoral que ya está en curso (elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre), y también existe el acuerdo de avanzar en una reforma constitucional para establecer requisitos a los electores y ahí se encuentran los migrantes». La multa será aplicada en la próxima elección de noviembre, y el requisito para los extranjeros será desde el 2026.
Pérez señaló que aprendió una lección: «nunca más podemos estar legislando a última hora, que nunca más un 30% decida por un 70% y no reforcemos la democracia oportunamente». La diputada dijo que no da lo mismo llegar a último minuto con un proyecto, y que, si bien hubo una amplia mayoría, «también hubo una imposición por parte del Gobierno y lo aceptamos porque creemos en los acuerdos, creemos en las mayorías y hoy día se reflejaron. Lo valoramos, pero creo que en futuros gobiernos debe aprenderse esta lección».
El debate
En sala, la discusión estuvo candente. «Las democracias sanas son con voto voluntario porque el mejor de los escenarios es que vote mucha gente y esa gente esté informada, y la realidad del país es que hay millones de personas que no se informan a la hora de votar. Es una mala idea obligar a las personas a ir a votar. Le vamos a poner una multa a las personas que no les importa ir a votar, para que vayan a votar no sabemos por quién de manera irresponsable», teorizó el diputado del Frente Amplio, Félix González. Su sector fue un férreo opositor a las multas por votar y que se permitirá el voto de los migrantes. «El voto obligatorio es un deber y un derecho, así como se exige un Estado fuerte, se exige que la gente participe. Una democracia participativa genera buenas políticas sociales. Necesitamos que la gente se comprometa a votar porque después es refácil decir los políticos son malos», intervino Andrés Jouannett (Amarillos).
«Imponer una multa en el voto no es un castigo, sino un recordatorio de que la participación no es optativa cuando se trata de preservar el sistema democrático», dijo la diputada Érika Olivera (Demócratas). Su colega de RN Andrés Celis encontró que la multa de hasta $106.000 era baja, «porque se debe garantizar la participación de la mayor cantidad de gente posible para dar legitimidad al proceso». Henry Leal, de la UDI, recalcó que, «la Constitución establece el voto obligatorio y tenemos que cumplir nuestra obligación constitucional, y tiene que tener asociada una multa para que sea obligatorio. Igual decir que no es serio que a semanas de una elección no tengamos las reglas claras, qué van a pensar los ciudadanos».
El diputado independiente Rubén Oyarzo se preguntó, «¿es justo que en decisiones trascendentales tengan opinión quienes no nacieron aquí? Yo no tengo nada contra los migrantes, pero debemos restringir el derecho a sufragio en las elecciones de carácter nacional, esa es la manera de resguardar nuestra soberanía».
