Vecinos de Alto Río inician su lucha legal contra la constructora de Juan Ignacio Ortigosa
Recién esta semana se ésta concretando la ayuda de la empresa, a través de una asistente social externa. La comunidad prepara su ofenciva judicial mientras el constructor está inubicable.
Abel Torres miraba al río BíoBío desde su ventana, pero la madrugada del terremoto la ventana de su living quedó con vista a las estrellas. El colapso del penosamente famoso Condominio Alto Río, en Concepción, esa mole que se dobló como una gelatina, se llevó las cosas de todos y la vida de ocho personas. Su departamento y el de su amigo Rodrigo Iturra quedó completamente de lado.
Desde esos aciagos 165 segundos, Abel comenzó a pensar en quién estaba detrás de esta hecatombe y enarboló la bandera de luchar decidido a encontrar al responsable.
El movimiento del cual Abel es vocero busca una compensación por parte de la inmobiliaria Río Huequén, de propiedad de Juan Ignacio Ortigosa Ampuero, quien hasta hoy aún no da la cara en todo este conflicto.Ortigosa ha hecho toda su vida en Concepción. Estudió en su etapa escolar en el colegio Saint John's y quienes compartieron sala con él dicen que no fue un alumno brillante. Luego, se tituló como constructor civil en el Instituto Diego Portales y formó la constructora Socovil y la inmobiliaria Río Huequén Ltda. junto a su socio Ricardo Baeza Martínez, la que a fines de 2009 entregó el proyecto que literalmente se partió en dos.
El profesional, quien está casado con Paola Pecchi Sánchez y tiene cuatro hijos de entre 6 y 15 años, era además, hasta el desastre, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de BioBío, cargo al que renunció el 1 de marzo, cuando su edificio ya estaba en el piso.
Lorenzo Constans, presidente de la CChC y el mismo de la inoportuna frase de la Torre de Pisa, aseguró que «lamentamos la situación, primero de las víctimas, pero también de Juan Ignacio como persona». Sobre el juicio público, dijo que «esperaría que los hechos se desarrollen».
Inubicable
En el teléfono que aparece registrado a nombre de Ortigosa, quien contesta dice que ahí vive su prima, María Valentina, pero que no está. Su celular no es contestado y en su oficina durante días nadie respondió. Finalmente, contactado para este reportaje a través de su secretaria Rosa Ortiz, se negó a dar declaraciones, aduciendo estar volcado en dar soluciones a los residentes y tener decidido hablar por la prensa local.
«Como toda persona que está a la cabeza de algo, me imagino que pone la plata como lo importante. Es contradictorio que hubiera ocupado un cargo directivo respecto a las entidades que construyen casas para personas y que tras sus espaldas se esconda una constructora que eventualmente les pueda haber quitado la vida a 8 personas», estima Torres, quien también ha apurado las gestiones para que la comunidad tenga una representación legal a varios días del colapso.
La única aparición pública de Ortigosa y su socio fue cuando el lunes 1 llegaron voluntariamente al Ministerio Público a entregar antecedentes para determinar qué ocasionó el derrumbe del edificio. Luego pidieron al Dictuc de la Universidad Católica que hiciera un análisis. La empresa dijo en un comunicado que la falla habría estado en el empalme entre las bases del edificio, pues habrían estado en un solo lugar y no en varios, como establece la norma.
El hecho de que la constructora se haya autodenunciado es para Abel Torres «una estrategia legal para atenuar las responsabilidades legales que eventualmente les correspondan en un futuro judicial».
El edificio Murano en Concepción, más los condominios Don Carlos y Portal de las Rosas son otros proyectos de Ortigosa en construcción o ya entregados. Son obras cuyos departamentos valen entre las 850 UF y las 1.365 UF, tan costosos como los de Alto Río. De cualquier manera, en el ámbito de la construcción se comenta que la constructora tenía poca experiencia en edificios de gran altura.
Pero el ejecutivo no sólo desapareció de la vista de sus clientes. También se borró de Facebook, la misma red que hoy se burla del video promocional del proyecto que prometía «Viva con Seguridad, viva en el centro» en una torre de 15 pisos, levantada en la intersección de Padre Hurtado con Maipú. Por contrapartida, los vecinos crearon en la misma red social un sistema de comunicación cerrado para dar a conocer las últimas novedades.
Olvidados
Después del empadronamiento que hizo la PDI, se supo que los muertos eran menos de los estimados y rescataron a varios con vida. «Todos empezamos a decir ¿y la constructora? ¿Dónde está? para que traiga los planos El 30 por ciento de los departamentos aún no estaba vendido, así que era de ellos», apunta Abel.
En este punto, cuando los bomberos iniciaron su labor de salvataje, Juan Carlos Subercaseaux, el comandante a cargo de la operación, dice que llegó y «ya estaban ahí los planos». Marcelo Plaza, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, fue de los primeros en llegar allí. «No me di cuenta cómo fue, pero aparecieron dos personas que no eran de la inmobiliaria. Uno de ellos era arquitecto. Eran amigos de alguien que tenía que ver con el edificio. Ellos y los conserjes fueron nuestra única ayuda. Conocían muy bien el lugar. De la constructora no llegó nadie», cuenta el bombero.
El lunes después de la tragedia, se hizo presente la entonces alcaldesa y ahora intendenta Jacqueline Van Rysselberghe. «Llegó con los planos sacados de las ruinas del departamento de obras y se los llevaron a los rescatistas. Ahí la cosa se empezó a ordenar más. La empresa no apareció hasta una semana, cuando cada uno se fue donde un familiar o donde podía», recalca Torres.
La comunidad, entonces, hizo un llamado público a la constructora para que mandaran a alguien. Por mientras, Abel se fue donde su abuela.
El domingo 7, después de la primera reunión formal, la propietaria María Angélica Quiroz le contó a Abel que la habían llamado de la inmobiliaria. «Querían conversar con ella, que se acercara a la oficina. Ella les dijo cómo se les ocurre, sinvergüenzas, los vamos a demandar «, cuenta Torres.
Luego Abel -más tranquilo- marcó ese número y le contestó un tal Francisco Díaz. Le dijo que era de una empresa social contratada por la inmobiliaria y que les iban a mandar a una asistente para que empadronara a la gente y para ver quién del grupo era prioridad. Abel se enardeció, le dijo que todos lo eran y que la ayuda que fuera era bienvenida. «Hay que pensar en el grupo de familiares que vivía ahí que quizás qué condición tiene», explica.
El lunes 8, la asistente social Andrea Pastorini se hizo presente en otra reunión de los vecinos realizada en un galpón aledaño al edificio. «Ella se presentó y dijo que era para empadronarnos y clasificarnos en lesionados, con familiares fallecidos, sin casa, propietarios, etc. Luego se fue y me dijo que en una semana se acercaría a los que necesitasen gastos más urgentes, como funerales o canasta familiar», relata el joven.
Pero no pasó ni un día y Pastorini llamó a Abel para decirle que estaban en condiciones de darles ayuda el miércoles 10, que se traduciría en una canasta familiar y un aporte de 100 mil pesos a las 40 familias residentes.
Mientras, se inicia la investigación para establecer responsabilidades penales. El fiscal Nelson Vigueras dice que luego que se terminó el rescate, comenzaron los peritajes estructurales a cargo del Idiem de la Universidad de Chile. También iniciaron diligencias con los sobrevivientes, que incluyen la recolección de testimonios gráficos. «Buscamos encontrar eventuales responsabilidades penales por negligencias. Mientras no se termine este proceso, el edificio no pude ser alterado. A la constructora le pedimos información del edificio y la entregaron. Ellos además se autodenunciaron», explica.
La comunidad del edificio está en pleno proceso de cierre para la contratación del equipo de abogados de Fernando Senger, el mismo del caso Matute. Los vecinos temen que pueda ser tarde para tomar medidas precautorias sobre los bienes de Ortigosa y su socio en una demanda civil.
Por mientras, Andrea Pastorini da la cara por la empresa, pese a que es una externa: «Me pidieron hacerse presente. Ya 40 personas han venido a retirar el dinero. Nuestro ánimo es atenderlos de la mejor manera. Es gente que vivió un desastre humano y emocionalmente están mal. También nos estamos haciendo cargo de los gastos de algunos funerales. La nueva etapa es ver dónde los vamos a reubicar momentáneamente. Queremos atender esto con el mayor de los respetos posibles. No hay indiferencia», dice la asistente social contratada por la constructora para enfrentar esta catástrofe.
-Papá Ortigosa: «Mi hijo va a responder por todo»
Quizás si la única persona disponible para salir a defender a Juan Ignacio Ortigosa es Juan Antonio, su padre. «Mi hijo lleva varios años con la constructora y no ha tenido ningún problema. Yo vivo en una edificio de 12 pisos hecho por él y no hay una trizadura. En el otro hay un problema de terreno, aunque no quiero meterme. Además le puedo decir que mi hijo va a responder por todo el problema humano», asegura.
Según él, no lo ha pasado mal en estos días, al menos en la calle. «No he sido acosado porque llevo 50 años en Concepción y soy una persona muy conocida. Fundé Deportes Concepción y soy socio de todos los clubes sociales que hay acá, así que todos nos conocen», afirma.
Sobre su hijo, cuenta que «lo he visto muy bien. Está muy entero, porque sabe que tiene la verdad. Lo apoyamos como familia porque es un hombre entero y lo que ha hecho ha estado bien. Tiene que haber algo que ha pasado, pero no es culpa de él».
-A él le quisieron hacer firmar un papel raro en el Metro
Otro caso extraño es el de Edgardo Avendaño, que vive junto a su familia en el tercer piso del Conjunto Habitacional Exequiel Fernández, al lado del Edificio Sol Oriente, ese que perdió todos sus pilares. Cuando tuvo que evacuar, lo contactaron de la inmobiliaria Viva y le ofrecieron mudarse a un apart hotel, pero muy alto y a trasmano.
Luego, con mails de por medio, le ofrecían 500 mil por 15 días. Ahí empezó lo raro. «Dijeron que tenían problemas con los vale vista, así que tenía que juntarme con un tal Ángelo Latoja en la estación Baquedano del Metro, quien tenía el efectivo.
«Nos quería hacer firmar un papel sin membrete ni número que decía ‘no tengo reclamación alguna que formular y renuncio a mayor abundamiento al ejercicio de cualquier acción o derecho que pudiera corresponderme en el presente o futuro en contra de la sociedad referida'. Ante esto, no encontró nada mejor que tomar al hombre y dejar una constancia en Carabineros.
Al otro día, le ofrecieron una transferencia electrónica y le depositaron, pero le dijeron que sólo sería una vez al mes.
