Fiscalía Oriente acreditó que Héctor Espinosa se apropió de gastos reservados de la policía
Esto es lo que ocurre cuando no existen esas interferencias delictuales en la justicia, dice el ex fiscal Carlos Gajardo.
En un fallo unánime, este lunes el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa Valenzuela a una pena total de 17 años de cárcel, correspondiente a 12 años por el delito de malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público falso, y otros 5 años por lavado de activos. De ellos hay que descontar los cuatro años que ya ha cumplido.
Tras 45 días de juicio, el Ministerio Público acreditó que Espinosa sustrajo al menos $146.000.000 de los gastos reservados de la institución policial ( fondos públicos destinados a financiar actividades de seguridad nacional, orden público e inteligencia que requieren reserva), traspasando los fondos a su cuenta personal y a la de su esposa María Magdalena Neira. También se comprobó que contó con la colaboración del fallecido subcomisario Eduardo Villablanca, quien cobraba el dinero para luego depositarlo en efectivo en esas cuentas bancarias.
Estos ilícitos se cometieron entre 2015 y 2018, periodo en el que Espinosa concretó 52 depósitos en efectivo por montos que iban desde el $1.000.000 a los $20.000.000. En esa época la institución recibió de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda un gasto reservado total de $1.099.772.000 que estaban bajo la custodia y administración del ex jefe policial. Espinosa ocultó esos $146.000.000 sustraídos inyectándolos al sistema económico mediante inversión en Fondos Mutuos a nombre de su cónyuge, compra de un departamento en Las Condes y de vehículos, entre otras cosas.
El tribunal también acogió la demanda civil de indemnización de perjuicio deducida por el Consejo de Defensa del Estado y condenó a Espinosa a pagar $146.000.000 al fisco. Por último, la justicia decretó el comiso y la adjudicación al fisco de un departamento, dos estacionamientos y una bodega.
Ejemplar
Para la abogada Marta Herrera, ex Directora Anticorrupción y Directora Jurídica del Ministerio Público, la sentencia es la pena adecuada a los delitos por los cuales se acusó al ex director de la PDI.
«Probablemente llamen la atención por lo elevadas, pero lo cierto es que corresponde al marco punitivo, sobre todo después de aumentadas las penas en noviembre del 2018. Es importante tener presente que se le acusó por delitos de malversación de caudales públicos en carácter de reiterados, vale decir, no una malversación sino varias. Y no solas sino en conjunto con la falsificación de documentos públicos efectuadas con el ánimo de malversar y sustraer del Fisco parte del patrimonio que corresponde a todas las personas en Chile, además de conductas destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes mediante actos de lavado de activos, lo que da cuenta de la gravedad de los hechos de corrupción que se acreditaron. En lo personal, valoro que haya resoluciones ejemplificadoras, que permitan demostrar la importancia de este tema. Se afectó el patrimonio público, pero, sobre todo, se dañó la confianza de las personas y eso es de máxima relevancia», dice la académica de Derecho de la Universidad de Santiago (Usach).
Sabas Chahuán, ex fiscal nacional, también opina que la pena está dentro del marco legal esperado. «La malversación de cautelares públicos es uno los delitos más graves, porque consiste en que una persona, funcionario público, que tiene a su cargo dinero o efecto público, consiente que otra persona lo sustraiga, o él mismo lo sustrae. El condenado, mal que mal, era el director general de la Policía de Investigaciones, el encargado de perseguir estos delitos y en ese cargo los cometió».
El abogado y ex fiscal Carlos Gajardo no se sorprende con la sentencia y la califica proporcional. Además, agrega que esto podría sentar un buen precedente para la desconfianza que hay en el sistema judicial.
«Creo que la explicación de muchos casos, que se han investigado y que han terminado con condenas no proporcionales a su gravedad, como el caso Penta y otros, está justamente en la intervención de delincuentes que utilizaron las redes de la institucionalidad para cometer delitos. Estoy pensando en personas como Luis Hermosilla o como Manuel Guerra, o como Ángela Vivanco, que en sus roles de abogados, jueces o fiscales, por interés económico, cometieron diversas actividades para impedir que la justicia actuara. A mí me parece que el resultado de lo que ha sucedido con Héctor Espinosa es lo que ocurre cuando no existen esas interferencias delictuales en la justicia».
«El sistema de justicia en nuestro país desde hace muchos años atraviesa por una crisis profunda, cuya causa está básicamente en lo que se ha descubierto ahora, que es la tremenda corrupción que involucra a abogados, jueces, fiscales y policías determinados, que son pocos, pero que le han hecho mucho daño al sistema. Y la persecución y castigo de esos casos es fundamental para que la gente vuelva a confiar en el sistema de justicia», agrega.
