Polémica por decisión del juez Daniel Urrutia
Perfilador criminalístico explica que el mayor problema es que Gendarmería desconoce los códigos de comunicación de estos delincuentes extranjeros.
El desconocimiento de los códigos verbales y corporales de los integrantes del Tren de Aragua, que podrían derivar en instrucciones a compinches que estén fuera de la cárcel, es uno de los principales riesgos que ven algunos especialistas en criminalística en la autorización de videollamadas que hizo el juez Daniel Urrutia Laubreaux, titular del Séptimo Juzgado de Garantía.
Urrutia autorizó el 25 de enero videoconferencias a cuatro internos acusados de nexos con el Tren de Aragua y que permanecen el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad, según destapó el noticiario Meganoticias. Esta decisión alarmó a Gendarmería, que recurrió a la Corte de Apelaciones, tribunal que suspendió la medida y solicitó un informe a los uniformados en un plazo que venció este jueves.
Según el informativo, Gendarmería basó su oposición en el perfil criminológico de los cuatro internos y su nivel operativo que exigen «estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados».
La decisión del juez Urrutia se suma a otras controvertidas decisiones que ha tomado, y que ha significado que la Corte de Apelaciones de Santiago le abriera un sumario por falta de prescindencia frente al plebiscito de 2022 debido a sus posteos en Twitter (actual X), además de una suspensión por haber cambiado la prisión preventiva a arresto domiciliario total a 13 imputados por delitos en el estallido social y que pertenecían a la «primera línea».
Las reacciones en contra de la medida se multiplicaron. «Es gravísimo», dijo el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, quien explicó que se necesita que los delincuentes rompan el nexo con el exterior de las cárceles.
«Estas decisiones dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado», agregó el gobernador Claudio Orrego.
Los códigos
Sin embargo, especialistas en criminalística y en Derecho aclaran que la comunicación con sus familiares es un derecho y eso no está en discusión. En este caso, por tratarse de extranjeros, se entenderían las videollamadas.
Para Rubén Lozano, perfilador criminalístico, el problema es otro. «Tengo entendido que Gendarmería está diciendo que restringen, porque no saben los códigos internos (entre ellos). No los han podido descifrar y, por lo tanto, no están seguros de si están transmitiendo el mensaje o no», dice.
El problema para el magíster en ciencias forenses es que como no se conoce o no se ha estudiado cómo transmiten la información desde la cárcel, «no sabemos si lo que están transmitiendo significa lo que nosotros creemos que significa».
«No se ha logrado determinar el código interno de ese grupo», reitera. «Pueden ser en frases, en palabras a las que les pueden cambiar el significado», asegura.
«En los grupos extranjeros cobra más relevancia porque su vocabulario común y corriente es distinto al del chileno y también es interesante que incluso pueden transmitir señales u órdenes no sólo con palabras, sino que también con el lenguaje corporal», profundiza el perfilador criminalístico de Forensis.
Aclara que entonces da lo mismo, en este caso, si el mensaje es telemático o presencial o si son grandes bandas organizadas o pequeñas.
«Desde esa lógica, no sólo debiesen de negarles el contacto con el exterior a los miembros del Tren de Aragua, sino a cualquier otra persona», dice.
Lozano agrega que es trabajo de todas las instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado hacer inteligencia, descifrar esos códigos, compartirlos entre ellas y actualizarlas, como ocurre en países más avanzados.
Más control
Silvio Cuneo, académico de Derecho de la Universidad Central (UCEN), dice que hay una cárcel de los libros y otra de los hechos.
«Si les preguntan a los abogados, la mayoría de los presos de manera ilegal tienen teléfonos y muchos de ellos provistos por gendarmes, según los propios internos», dice.
Desde su punto de vista, estas videollamadas tienen «cierto control», pero «con los celulares, cuando hablan desde las celdas, no hay ningún control y no sabemos lo que pasa».
Para el jurista, los internos manejan códigos que no se entienden y es «una lógica propia de la cárcel», donde se habla coa, que cambia constantemente, porque la finalidad es que los guardias no entiendan.
«Me parece que es mejor que se autorice una llamada, que se controle, a que no se autorice y mantengamos las cosas como están ahora», advierte. «Menos peligroso va a ser un contacto con el exterior controlado que no controlado», reitera.
