El caso comenzó el 2014 con las muerte de un empresario turístico en Punta Arenas
Se suponía que el profesional debía agilizar los trámites de una herencia y terminó, según el Ministerio Público, haciendo triangulaciones en Panamá.
Pero pocos días después de la muerte del hombre, una de sus hijas, Paulina, llevó a la casa de su madre a un señor que se presentó como abogado, quien les dijo que tenía entendido que Julio Vargas tenía deudas y que había que actuar rápido para que esas deudas no perjudicaran la herencia. La viuda y la otra hija decidieron contratar los servicios del abogado, en buena parte porque Paulina insistió en que era alguien de confianza.
El abogado, efectivamente, actuó rápido. Cada cierto tiempo se presentaba en la casa de la viuda o se concertaba con ella o con la otra hija en un café para decirles que debían firmar tal o cual papel. Solía comentar que se trataba de un mero trámite y que estaba muy apurado, lo que no les daba mucho tiempo a las mujeres para leer lo que firmaban. Y aparte, no entendían mucho la terminología legal. El abogado además solía llevar una esponja entintada para acompañar los escritos con una huella dactilar.
Recién el 2019 la viuda y su otra hija se dieron cuenta de que los bienes que supuestamente debían heredar fueron vendidos por Paulina a distintas personas y empresas, algunas de las cuales tenían sede en Panamá. Presentaron una querella por estafa. Pero entonces vino la pandemia, que lo ralentizó todo. Tanto, que recién este lunes se realizó la formalización.
Estafa y prevaricación
El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, asegura que «Paulina se coludió con el abogado» para traspasarle a ella la representación legal de los bienes de las empresas, entre acciones, derechos y propiedades, para así venderlos y traspasarlos sin la necesidad de contar con la autorización de su mamá y su hermana.
Para ello, agrega el fiscal, les hicieron firmar a las mujeres borradores en los que les traspasaba el poder de los bienes a Paulina, papeles que después eran llevados a una notaría de Santiago para blanquearlos, transformándolos en escritura pública.
«En la investigación se demostró que este abogado iba con estos papeles firmados a la notaría y lograba que el notario los firmara como ministro de fe, a pesar de que las víctimas nunca viajaron a Santiago para firmar nada», dice el fiscal. «Este abogado incluso viajó a Panamá dos veces con Paulina para hacer los traspasos de los bienes». Una de las propiedades en Punta Arenas, de hecho, está a nombre de una empresa norteamericana con sede en Panamá.
En resumen, la fiscalía formalizó al abogado por cinco delitos de estafa, 12 delitos de falsificación de instrumento público y el delito de prevaricación, que es cuando un abogado traiciona la confianza de su cliente perjudicándolo en vez de defender sus derechos.
Como explica el defensor de las víctimas, Francisco Cárdenas, «el abogado lo que hizo fue perjudicar directamente a sus clientes, quienes más encima le pagaron cerca de 20 millones de pesos en honorarios».
El tribunal ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno del abogado, aunque la fiscalía ya adelantó que apelará para lograr la prisión preventiva.
Paulina, en tanto, no se presentó a la audiencia de formalización, por lo que el tribunal decretó su orden de arresto.
