El ente persecutor, además, pide el desafuero del parlamentario
Defensa alega que la investigación cerró antes del plazo, que no fue informada de los nuevos antecedentes del caso, y que el legislador no puede ser acusado porque tiene fuero.
A la 1:47 de la madrugada de este viernes los abogados defensores del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente, en comité Evópoli) se enteraron, vía correo electrónico, que la Fiscalía Regional de Aysén decidió cerrar la investigación al parlamentario y presentar una acusación en su contra, y otras siete personas, por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. Puntualmente, en el caso del honorable, el ente persecutor pide una pena de 12 años de cárcel por haber ocasionado presuntamente un perjuicio a la arcas fiscales, cifrado en $105.554.697.
Según la Fiscalía, Calisto contrató a Carla Graf, pagada con platas del Congreso destinadas a asesorías parlamentarias, para que trabajara como su asesora entre los años 2018 y 2022, pega que no hizo y por la que recibió los $105.554.697 mencionados.
Según el ente persecutor, «Graf no desarrolló, escribió, ni entregó al parlamentario ningún estudio referido a materias demográficas o socioeconómicas; tampoco desarrolló algún plan o estudio o brindó asesoría para optimizar procesos administrativos o trabajos en terreno con la comunidad, ni escribió minutas o reportes con problemas que afecten a la comunidad en relación a las leyes vigentes o a las nuevas iniciativas legales, ni recibió y/o canalizó peticiones de la comunidad a las autoridades respectivas. Tampoco apoyó al parlamentario en reuniones con la sociedad civil, ni brindó asesorías comunicacionales o ejecutó las demás obligaciones descritas en los respectivos contratos a honorarios celebrados entre ella y la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, todo ello con conocimiento del Diputado Calisto».
«Asesorías»
Según la carpeta investigativa los dineros recibidos por Graf habrían sido devueltos a manos del senador, una manera de triangular la plata. Como ejemplo se menciona que $9.700.000 habrían sido usados por Calisto para pagar una parcela en Aysén. «La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos, y prueba pericial, la que a juicio de la Fiscalía permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa. Respecto de los principales imputados, entre los que se encuentran Roland Cárcamo y Carla Graf, además del señor Calisto, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignados penas de crimen, ello atendido al elevado monto defraudado al Estado de Chile que supera los cien millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos. Los antecedentes recabados durante la investigación dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos», dijo el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.
Cuando el fiscal se refiere al «sistemático mecanismo de defraudación», está queriendo decir que Graf, presuntamente, concertada con Roland Cárcamo (su pareja y exasesor de Calisto), una vez que recibía el dinero del Congreso por las asesorías falsas, habría hecho transferencias desde su cuenta del banco BCI al parlamentario, devolviendo parte de los montos. Según la Fiscalía, las sumas de dinero percibidas «fraudulentamente» por la imputada Carla Graf, fueron destinadas a beneficio personal tanto de Roland Cárcamo como del entonces diputado Calisto, quien militaba en la Democracia Cristiana, «como, asimismo, de terceras personas vinculadas a un partido político, entre las que se encuentra el imputado Felipe Klein, quien participó en la época en que percibió los fondos como candidato a gobernador y consejero regional de Aysén».
Servicios
Libedinsky, reiteró que estamos en presencia de fraude al Fisco, porque hay «servicios contratados y rendidos ante el Estado, meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales, Dichos caudales públicos corresponde a honorarios pagados por el Congreso a la señora Graf, fueron transferidos al imputado Calisto y a Cárcamo para ser utilizados para beneficio personal. En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas para una caja pagadora».
Defensa cuestiona
La defensa del senador está en desacuerdo con lo que califican como «intempestivo» cierre de la investigación y presentación de la acusación, pues aún no seguía vigente el plazo para investigar fijado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique hasta el próximo 9 de julio. El abogado César Ramos, quien representa a Calisto, agrega que además no contaba con todos los antecedentes recopilados en la investigación. «El plazo de investigación no solo se establece para que el Ministerio Público pueda desarrollar las diligencias que parezcan convenientes a su tesis, sino también para que la defensa pueda solicitar diligencias que permitan tanto acreditar su versión de los hechos, como desvirtuar la veracidad y credibilidad de los antecedentes recabados por la Fiscalía», declaró.
Y agregó que es «imposible hacer esto último si no conocemos todos los antecedentes que forman parte de la investigación. De hecho, recién el día de ayer (jueves) se nos informó de la existencia de nuevos antecedentes, de los cuales no teníamos copia, cuando la Fiscalía ya había comunicado el cierre de la investigación y presentado acusación. Esto afecta gravemente el derecho a defensa de nuestro representado, pues resulta imposible solicitar diligencias para desvirtuar esos antecedentes».
Desafuero
Y plantea otro punto. Junto con la acusación, la Fiscalía pidió el desafuero del parlamentario, quien cuando era diputado ya había sido desaforado, pero al ser electo senador, recuperó su fuero. En relación a la solicitud de desafuero, Ramos comentó: «Se trata de un requisito que la Constitución y el Código Procesal Penal exigen para poder presentar una acusación en contra de un parlamentario. Lo que nos llama la atención, como hemos dicho, es la oportunidad y la forma en que la Fiscalía ha actuado. La tramitación y resolución de un desafuero toma tiempo, y el momento en que deba resolverse dependerá también de lo que se resuelva en relación a las solicitudes que, como defensa, ya hemos planteado respecto de las diligencias de investigación que aún es necesario realizar antes del cierre de la investigación». Sobre el fondo de los hechos por los cuales Calisto es acusado, el defensor no se pronunció.
