Tribunal de alzada desestimó la petición de prisión preventiva
La calificación jurídica sostenida por los recurrentes presenta en esta etapa debilidades relevantes, dice la resolución.
En catorce puntos, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud del Ministerio Público que pretendía intensificar las medidas cautelares de arraigo nacional que afectan en primera instancia a los cuatro imputados en el caso ProCultura. El tribunal de alzada desestimó decretar la prisión preventiva y propinó un duro revés a la tesis presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta.
«Sin perjuicio de la necesidad de investigar y esclarecer los hechos vinculados a la administración y destinos de los recursos transferidos, la calificación jurídica sostenida por los recurrentes presenta en esta etapa debilidades relevantes que inciden en la justificación cautelar del hecho punible», dice la resolución leída por el magistrado José Pablo Rodríguez.
Uno de los puntos cuestionados es la calidad de funcionario público de Alberto Larraín, director ejecutivo de ProCultura, por integrar la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, a sugerencia del gobernador Claudio Orrego.
El dictamen aclara que en Derecho Penal chileno, «empleado público es la persona natural que desempeña efectivamente una función pública entendida como una intervención relevante en el funcionamiento de la administración o del Estado».
No incluye en esta calidad «a quienes actúan en corporaciones o fundaciones de derecho privado, aun cuando ejecuten programas financiados con recursos públicos o estén sujetos a controles administrativos, en tanto tales entidades no se incorporan a la organización de Estado ni pasan a ser organismos creados por el Estado dependientes de él por el solo hecho de recibir transferencias, celebrar convenios o ejecutar prestaciones de interés general, manteniendo sus órganos de dirección y administración bajo un estatuto estrictamente privado sin investidura pública ni inserción orgánica en la administración de modo que sus directivos, representantes o trabajadores no ejercen una función pública en el sentido penalmente relevante».
El juez Rodríguez recalcó que «al menos en esta etapa y con el material expuesto, la subsunción por el delito de fraude al fisco aparece debilitada en su presupuesto básico».
Recalcó que «más allá del debate probatorio, no se puede soslayar el cambio de rumbo que ha adoptado de manera equívoca el órgano persecutor en la calificación de los hechos que atribuye a los imputados desde la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares hasta la vista de la causa».
«La resolución apelada concluye con fundamentos que no existen antecedentes concluyentes sobre el vínculo o acuerdo de voluntades y, por lo tanto, sobre el dolo común necesario para sostener con la intensidad requerida la participación punible alegada», detalló.
Sobre los diálogos de los involucrados en plataformas como WhatsApp y Telegram, la Corte estimó que «resultan atendibles las objeciones planteadas en torno a la metodología influencial basada en comunicaciones de mensajería instantánea cuando estas se utilizan de forma fragmentada, separada por lazos significativos o se reordenan para producir un contexto distinto del que naturalmente deriva del hilo conversacional íntegro y su anclaje temporal».
Además, pese a que la Fiscalía tuvo acceso a fuentes probatorias relevantes -tales como teléfonos celulares y cuentas bancarias de los imputados y de ProCultura-, «el soporte probatorio aportado en el debate cautelar mantiene déficit en la justificación de los presupuestos materiales y del riesgo procesal».
Tras conocerse la resolución, Cristián Arias, abogado defensor de Alberto Larraín, aseveró que «ProCultura, como caso de la Fiscalía, partió desde el inicio de un malentendido, porque ProCultura es una fundación con antecedentes sólidos, con una trayectoria conocida por todo el mundo, con actividades con instituciones públicas y privadas que fueron hechas correctamente hasta que ocurre esta crisis».
Diferenciándose de Democracia Viva, el jurista recalcó que «no se puede considerar que ProCultura es un caso, ni de cerca, un caso de corrupción o algo similar».
El próximo martes este caso tendrá un nuevo capítulo cuando se vea el eventual desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, implicado por el Ministerio Público como uno de los supuestos responsables del delito de fraude al fisco.
