Tribunal declaró culpables a nueve médicos colombianos, sus cómplices y cuatro compradores
El líder de la organización ideó una compleja red de sociedades de fachada con el objetivo de comercializar las licencias. Se vendían desde $25.000.
El 8 de diciembre de 2022, en una jornada que se extendió por 16 horas, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a 56 sujetos acusados de formar parte de una asociación ilícita cuyo objetivo era defraudar al Fisco a través de la emisión y venta de licencias médicas falsas.
Entre los imputados figuraban 22 doctores y un microbiólogo colombiano. También chilenos con oficios disímiles que fueron parte de la organización y otros que llegaron a comprar hasta 21 licencias médicas.
Se trata del fraude relacionado con la salud más grande en la historia de Chile. Una parte del caso terminó el 3 de julio de 2024, cuando 23 de los acusados accedieron a una audiencia de Juicio Oral Simplificado, en la que admitieron su culpabilidad. Tres médicos colombianos -Kevin Pérez Cartagena, Harrison González Murcia y Cristian Ledezma Vargas- fueron expulsados de inmediato del país, debido a que «llegaron netamente a delinquir» como subrayó en aquella oportunidad el fiscal Miguel Ángel Orellana.
A medida que la investigación avanzó quedaron 17 acusados, entre ellos el microbiólogo y nueve médicos colombianos. Este martes, el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago los condenó por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.
La lectura de la sentencia quedó fijada para el 31 de agosto. El Ministerio Público junto con el Consejo de Defensa del Estado, Fonasa y la Asociación de Isapres pidió entre tres y 20 años de presidio efectivo para ellos, dependiendo de su grado de participación y culpabilidad.
La red
El veredicto de los jueces José Santos Pérez y Grace Díaz Salvo asegura que la red operó entre febrero de 2020 y diciembre de 2022. Era liderada por el médico colombiano Samir Rivaldo Hernández en complicidad con su colega y esposa Yesica Donado Alvis.
El resto de los integrantes eran los médicos colombianos Ana Toncel Peña, Karen Mejía Cantillo, Lizney de la Hoz Orozco, José Gnecco Cervantes, Jorge González Guerrero, Jeynner Olivero Álvarez y Obed Urrea Pérez, además del microbiólogo Álvaro Gnecco Cervantes, el taxista Rodrigo Campos Cuello y las hermanas Nancy y Javiera Berdeja Felipez.
El negocio
La organización, según el veredicto del tribunal, funcionaba así: Samir Rivaldo y sus cómplices crearon 16 sociedades médicas de fachada. A través de ellas contrataban a otros facultativos colombianos, teniendo, además, una persona encargada de manejar las redes sociales y otras dos captadoras de clientes. Se ofrecía otorgar días de licencia con distintos valores, dependiendo de la cantidad de tiempo de reposo solicitada.
Las licencias de 11 días tenían un valor de $33.000 si era presencial y $25.000 mediante telemedicina. Para los 15 días costaba $49.000; 21 días, $58.000, y 30 días, $70.000.
Los captadores obtenían una comisión de entre $11.000 y $16.000 por cada documento tramitado. A los médicos emisores se les pagaba una tarifa fija de $10.000 por licencia, sin importar la extensión de los días de reposo otorgados. El saldo restante era ganancia directa para los líderes de la organización criminal.
Los condenados emitieron más de 60.000 licencias falsas durante los casi tres años que operaron. El mayor emisor fue Sami Rivaldo con 12.000 licencias. Pero el caso más emblemático corresponde a uno de los médicos expulsados en julio de 2024, quien en cinco días otorgó 5.000 licencias.
El tribunal, asimismo, identificó y condenó a los principales compradores de licencias. Marcelo Olivares López adquirió 21 permisos entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Gracias a eso, faltó 450 días a su trabajo y defraudó a Fonasa en más $9.000.000. Miguel Ángel López Hidalgo causó un prejuicio de más de $12.000.000 en siete meses gracias a 14 licencias. Algo similar ocurrió con Luis Jeria Hermosilla y José Luis Araya Barraza.
El dinero obtenido por la organización criminal fue lavado a través de la creación de empresas y sociedades de papel.
La pareja líder del grupo lo envió en su mayoría a Colombia, donde compró dos casas en Barranquilla. Al ser detenidos tenían dólares en una caja fuerte y lujitos como zapatillas Dolce & Gabbana personalizadas con sus nombres.
Indemnización
Los jueces además acogieron la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Según estimaron, el monto defraudado bordea los $50.000 millones.
«Ahora viene una etapa para discutir cuáles son los bienes que van a ser objeto de comiso. Ya contamos con colaboración internacional a través de la Fiscalía Nacional con la par colombiana. De hecho, los bienes se encuentran hoy sujetos a medidas cautelares reales, están precautorizados», explicó el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez.
El director nacional de Fonasa, César Oyarzo, también llegó a la audiencia de lectura del veredicto. «Nosotros habíamos partido efectivamente de un piso de un fraude del orden de los $30.000 millones. Esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los $50.000 millones. Es un daño muy importante a los recursos de Fonasa», destacó.
«La ley no hace distinciones entre comprador y vendedor. Para erradicar estas mafias que desvían recursos críticos de la salud de todos los chilenos, necesitamos que la respuesta judicial sea implacable en todos los niveles», argumentó Rodrigo Varela, abogado de Alto Inmune, representante de las Isapres Cruz Blanca, Consalud y Colmena.
