¿Por qué el gobierno reaccionó de forma tan políticamente débil ante lo que ya ha admitido que es la principal amenaza de crimen organizado en el país, pero de forma tan enérgica ante lo que desestima como relevante?
La semana pasada el canciller de Venezuela negó la existencia del Tren de Aragua en Chile, dando a entender que lo que hasta ahora se había presentado como la principal banda de crimen organizado del país no era más que parte de la imaginación de las autoridades. El gobierno chileno reaccionó con parsimonia para constatar la existencia del cartel solo para descartarle importancia al tema después.
Solo unos días después la ministra de seguridad e interior de Argentina reportó sobre la presencia de Hezbollah en el norte de Chile, levantando una alerta sobre lo que podría constituir un complejo esquema de financiamiento para fines terroristas. A diferencia de lo que ocurrió en el caso venezolano, en el caso argentino el gobierno chileno reaccionó de forma inmediata para desmentir a la ministra con una nota de protesta.
Algo no cuadra. ¿Por qué el gobierno reaccionó de forma tan políticamente débil ante lo que ya ha admitido que es la principal amenaza de crimen organizado en el país, pero de forma tan enérgica ante lo que desestima como relevante? Si el gobierno de verdad cree lo que dice, ¿por qué no le envió la nota de protesta a Venezuela y despachó al asunto argentino como ficción? Cada uno tendrá su teoría.
En cualquier caso, es obvio que de nada sirve el debate si el objetivo es resolver lo único que se sabe a ciencia cierta: que hay una activa y creciente presencia de crimen organizado en el país. Debatir si Hezbollah es peor que el Tren de Aragua o si es al revés es sencillamente fútil. Si la meta es desarticular el hampa, se debería invertir menos tiempo hablando de delincuencia y más detectando y expulsando a delincuentes.
