El urbanista Iván Poduje ha estudiado las tomas y campamentos
Dice que los usurpadores hacen todo lo posible para que la toma crezca rápidamentey así sea más difícil erradicarla.
Hace un año, la consultora Atisba Monitor realizó un estudio sobre el crecimiento de los campamentos en Chile y una de las principales y más llamativas conclusiones es que estos asentamientos irregulares superaron, por primera vez en 27 años, las cien mil viviendas. De hecho, solo en los últimos cinco años habían sumado 59.350 unidades y 1.852 hectáreas.
El arquitecto Iván Poduje es director de Atisba y lleva años estudiando el crecimiento inorgánico de las ciudades. Para el estudio del 2023, cuenta, analizaron 79 comunas en quince regiones. Las más afectadas por el fenómeno.
¿Cómo nace una toma, Iván?
«Siempre parte desde la necesidad. De hecho, los campamentos nuevos que vemos nosotros tienen un componente muy fuerte, que es la migración. Además, hay un porcentaje bajo, aunque importante, de gente que comete delitos y que se mueve a campamentos».
¿Cómo eligen los terrenos?
Se ha desarrollado un negocio que no existía antes, el tráfico de terrenos. Ellos se llaman traficantes de suelo, que son gente que roba terrenos, se los toma, y después los vende o arrienda, además de controlarlos y cobrar por protección.
Sí es algo ilegal, ¿por qué crecen tanto?
«Ocurre que hay una mirada buenista en torno a los campamentos. Hay gente que aún no entiende que estos campamentos son distintos a los campamentos históricos chilenos».
Según su estudio, el crecimiento ha sido explosivo.
«El año 2017 había cuarenta mil familias en campamentos; hoy hay 120.000. Muchos alcaldes ven el campamento como un problema social solamente. Y claro, ese problema, que es la falta de vivienda, existe. Pero como son organizados, muchos campamentos crecen muy rápido y no se ve el lado delictual, que es muy peligroso».
Parece haber un modelo de negocio detrás de esto, más que un crecimiento inorgánico.
«Es un modelo de negocio, que se basa en poner a 200 familias en un plazo corto. Con eso evitan la erradicación. Porque cuando ya tienes, como en San Antonio, diez mil personas viviendo en un campamento, aunque la Corte Suprema ordene el desalojo, no se puede ejecutar. No hay fuerza policial para erradicar las tomas. Entonces, ellos usan a la gente para evitar el desalojo. Lotean y venden o arriendan la tierra después».
Y cuando crecen, es difícil que los saquen.
«Los desalojos de campamentos se hacen con personal de orden público. Pero no hay personal policial para desalojar a ocho mil personas que viven en una toma. Con voluntad política se podría desalojar. En Maipú, por ejemplo, uno de los campamentos tiene 450 familias, de las cuales muchas no están vinculadas con hechos delictuales».
¿Un campamento de ese tamaño se podría erradicar?
«Pero para eso, debes tener un lugar para dejarlos, y ahí viene otro problema. No olvides que hay 600 mil familias que están esperando una vivienda antes que esta gente. Por eso el problema es el negocio que se hace en torno a la tierra, que es muy rentable. Se gana mucha plata, más que con la droga casi.
¿Estamos mucho peor que antes?
«Nosotros detectamos un aumento explosivo de la cantidad de familias que viven en campamentos que se produjo entre el estallido y la pandemia. Depende de la ciudad, en Santiago no se nota mucho, porque tenemos casi dos millones y medio de viviendas y tenemos 17 mil personas en campamentos, pero cuando tienes una ciudad de cien mil habitantes, y 40 mil están en campamentos, ahí tienes un problema».
¿Existe alguna solución?
«La única solución es aumentar la velocidad de construcción y entrega de viviendas sociales y controlar y evitar las tomas, porque muchas se hacen en terreno fiscal».
¿Y mirarlas como un riesgo?
«Yo creo que en ciudades como Copiapó sí. Ahí son un riesgo para la sociedad completa, porque son extensiones muy grandes, donde tienes economías criminales que comprometen la seguridad de toda la ciudad. En Santiago son un problema para los vecinos de la comuna en la que están emplazados, porque es una ciudad grande».
Como en Maipú.
«Esa toma siempre dio problemas. Son tomas que nacieron problemáticas porque tienen un componente de control criminal. Además, está en una zona súper peligrosa, en los bordes de calles de harto tráfico y del tren. Por eso era obvio que había que erradicarla. No era tan grande, se podría haber erradicado, pero no se hizo. Es más, se trabajó con plata fiscal en esos campamentos, con ayuda social. Eso refleja este buenismo mal entendido.
