Alcalde Omar Vera comenta el proyecto, empantanado en trámites desde el 2020
El proyecto está en su tercera consulta ciudadana y, en paralelo, está sometido a una consulta indígena que en cuatro años y medio no ha llegado a ninguna parte.
La imagen que acompaña estas líneas corresponde a la mayor inversión portuaria jamás concebida en la historia de Chile. Se trata del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, una ampliación del puerto ya existente, y que promete triplicar su capacidad de carga.
Las cifras y dimensiones del Megapuerto, como también se le conoce, son faraónicas. Contará con un molo de abrigo o muro rompeolas de 4 kilómetros de largo, tendrá dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno, y podrá albergar hasta ocho buques de 400 metros de eslora, los mayores del mundo, de manera simultánea.
La infraestructura permitirá transferir 6 millones de TEU al año, lo que equivale a 60 millones de toneladas de carga. En la actualidad, el Puerto de San Antonio transfiere 3 millones de TEU al año, lo que ya lo convierte en el puerto con mayor movimiento de carga en el país.
La inversión total del proyecto asciende a los US$4.450 millones, entre capitales públicos y privados.
Pero esto, por ahora, es solo una maqueta. Lo que existe en estos momentos, lo real, es una ciudad de San Antonio «alicaída», como la describe su alcalde Omar Vera, «con mucha cesantía y empleo precario» y, por lo tanto, con una sed mortal de inversión.
«San Antonio necesita urgente que se apruebe el nuevo puerto», dice el alcalde Vera. «La actividad portuaria representa en estos momentos del orden de los 8.000 puestos de trabajo. Si se triplica la actividad portuaria, estamos hablando de 20.000 puestos de trabajo más».
Mario Cassanello, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio, va aún más lejos. «Este proyecto es el único motor económico que podría cambiarle la cara a la ciudad y a su gente», dice. «Hay mucho desempleo y mucho empleo informal y la aprobación del proyecto cambiaría esa realidad. Los proveedores reenfocarían su producción, habría cambios hasta en materia educacional para responder a las nuevas exigencias… Cambiaría todo».
Mar de trámites
Todo eso suena muy bonito, pero estamos en el país del trámite largo. El proyecto se presentó para evaluación de impacto ambiental el 2020 y desde entonces ha habido tres procesos de participación ciudadana y técnica, cada una de las cuales ha significado miles de observaciones (no es una exageración, son de verdad miles) y la Empresa Portuaria de San Antonio, a cargo del proyecto, ha debido modificar dos veces el proyecto para responder a cada una de estas observaciones. En estos precisos instantes, de hecho, se encuentra vigente el tercer proceso de participación ciudadana, a lo que le seguirá una nueva respuesta de la Empresa Portuaria.
La consulta indígena
Y, en paralelo, el proyecto está siendo sometido a una consulta indígena, porque algunas comunidades de pueblos originarios de la provincia creen que el proyecto afecta directamente sus intereses.
La consulta indígena se deriva de un compromiso internacional asumido por Chile al firmar el convenio169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a sus países firmantes a buscar acuerdos con los pueblos originarios en caso de que se tomen medidas que lesionen sus derechos.
En el papel, la consulta indígena sobre el puerto de San Antonio debía llegar a una conclusión a más tardar 124 días hábiles después de que se diera por iniciada. Pero la consulta se inició en febrero del 2021 y hasta el día de hoy no ha llegado a nada. Y no tiene para cuándo.
Rubén Antipán, lonko de las comunidades indígenas del puerto de San Antonio, explica que el principal problema para aprobar el proyecto, es que este plantea «la destrucción de un centro ceremonial, que es la playa de Llo Lleo».
«La playa de Llolleo es un centro ceremonial ancestral frente al mar, usado por nuestros antepasados. Tiene un significado espiritual muy grande, y para nosotros no existe ningún tipo de mitigación que pueda reparar esa destrucción», dice.
El proyecto, dicho sea de paso, lo que hace es bloquear la playa. Le corta la salida al mar.
Antipán cuenta que la Empresa Portuaria de San Antonio les ha ofrecido construir un centro ceremonial en su reemplazo, pero que eso no funciona, dicen.
«Los centros ceremoniales mapuche son en la naturaleza, no en construcciones humanas. Nosotros le hemos planteado a la empresa como solución que nos deje libre un pedazo de playa, pero nos dicen que no se puede. Así las cosas, si se aprueba este proyecto sin nuestra aprobación, porque la consulta indígena no es vinculante, puede que tengamos que recurrir a cortes internacionales».
Dos frentes
En otras palabras, estamos ante un nuevo capítulo de lo que se ha denominado la permisología, o la exasperante cantidad de trámites que hay que cumplir para aprobar un proyecto de necesidad urgente.
Juan José Obach, director ejecutivo del centro de estudios Horizontal Chile, dice que «no puede ser que si la normativa establece que el plazo máximo resolutivo para una consulta indígena son 124 días, haya proyectos que tarden años en realizarse».
Obach cree que hay que avanzar en dos frentes: «Mejorar la gestión de los encargados de la consulta indígena, que corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y hacer ajustes en la normativa para acreditar bien los casos en que efectivamente procede hacer una consulta indígena».
«Si se aprueba este proyecto sin nuestra aprobación, puede que tengamos que recurrir a cortes internacionales», Rubén Antipán Ionko, de San Antonio.
