Suprema confirma expulsión de alumna por hablar de un tiroteo contra una compañera

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Ella sería la primera a la que mataría, dijo la estudiante de 14 años

Abogada explica los cuatro factores que llevaron a la Corte a respaldar la expulsión y aclara cuándo un colegio puede aplicar esta sanción.

«Me cae mal, la odio, la odio de verdad; si yo hiciera un tiroteo, ella sería la primera a quien mataría». Esa fue la frase que pronunció una alumna de primero medio de un colegio particular de Valparaiso, refiriéndose a una compañera, y que terminó provocando su expulsión. La medida fue cuestionada por su madre ante la justicia, pero la Corte Suprema terminó ratificando la decisión del establecimiento.
El episodio ocurrió el 15 de abril de este año. Según los antecedentes descritos en el fallo, la adolescente hizo el comentario a una compañera y posteriormente lo repitió ante otra estudiante. La alumna aludida quedó afectada emocionalmente. Un informe de su sicóloga tratante dio cuenta de «temor, ansiedad e hipervigilancia».
Aula segura
El colegio activó el procedimiento establecido en la Ley Aula Segura y abrió una investigación. La estudiante fue suspendida mientras se desarrollaba el proceso, tuvo la posibilidad de presentar sus descargos y posteriormente solicitar una reconsideración. Sin embargo, el consejo de profesores respaldó por unanimidad la expulsión.
No era la primera vez que enfrentaba problemas disciplinarios. El fallo menciona «antecedentes previos de conductas gravísimas en que incurrió la estudiante desde 2025 -de connotación sexual, hostigamiento, difusión de información de terceros y amenazas». El colegio había decidido no renovar su matrícula, pero finalmente le permitió continuar en 2026 mediante una carta de compromiso. Ese año, además, recibió una sanción por difundir comentarios ofensivos contra otras alumnas, lo que motivó la condicionalidad de su matrícula.
Su madre presentó un recurso de protección argumentando que la expulsión era desproporcionada. Explicó que su hija recibía tratamiento sicológico y siquiátrico, tenía dificultades de regulación emocional y había sufrido situaciones de exclusión escolar. También sostuvo que no existían pruebas de que estuviera planificando un ataque ni actos preparatorios para concretarlo.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso el 14 de julio. Consideró que la conducta afectó gravemente la convivencia escolar, estaba contemplada como falta gravísima en el reglamento interno y que el establecimiento había respetado el procedimiento. La Superintendencia de Educación también había revisado el caso y concluido que la sanción se ajustaba a la normativa.
Falta grave
Tania Olivera, abogada y socia de GrupoDefensa.cl, explica que cuatro elementos pesaron en la decisión: la amenaza tenía una destinataria concreta, provocó daño emocional, estaba tipificada como falta gravísima y la alumna tenía antecedentes disciplinarios.
«La expulsión no fue la primera reacción del colegio», destaca la abogada, quien añade que también existió un procedimiento con cargos, descargos y reconsideración.
¿Era necesario demostrar que la estudiante realmente pretendía cometer un ataque? Olivera distingue entre una amenaza que puede constituir delito y una falta disciplinaria escolar. «El colegio no necesita realmente probar un delito, sino la falta grave. Lo que importa, entonces, es el efecto en la víctima y en la comunidad escolar. No si la alumna pensaba o no cumplir realmente lo que dijo».
La especialista recalca que la expulsión debe ser la última alternativa y que los establecimientos deben acreditar los hechos, contar con un reglamento que contemple la infracción y respetar el debido proceso.
¿Y el derecho a la educación de la adolescente expulsada? «El derecho a la educación no es el derecho a permanecer en un colegio determinado», señala Olivera. Añade que la autoridad debe velar por su reubicación en otro establecimiento, con apoyo sicosocial.

«En la balanza también está la víctima, que tiene derecho a estudiar en un ambiente sano, y también sin tener el temor de asistir al establecimiento educacional», concluye.

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