La U. La República se suma a la lista: ¿qué pasa con los alumnos?
Cuando el cierre llega tarde la institución suele estar desmantelada: no hay personal, no hay sistema, no hay custodia de los registros académicos, advierte académico.
Fernando de la Jara Goyeneche, profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica, especialista en gestión de educación superior y ex rector de la Uniacc, acaba de ser nombrado administrador de cierre de la Universidad La República.
Desde ahora el académico, designado por el Consejo Nacional de Educación y formalizado por la Subsecretaría de Educación Superior, asume como máxima autoridad de esa casa de estudios. Sus primeros pasos serán levantar un acta con el estado financiero de la universidad y presentar un plan de cierre dentro de los próximos 30 días.
La prioridad es solucionar la situación de los alumnos que aún quedan: el decreto de revocación fija el cierre definitivo para el 31 de diciembre de 2029. Hasta esa fecha tienen plazo los estudiantes para terminar sus carreras, posiblemente reubicados en otras instituciones en convenio, si es que lo determina el administrador.
Según el último informe de matrícula, la U. La República -que venía arrastrando problemas financieros desde 2019 y que en febrero pasado se vio obligada a rematar algunos bienes- sumaba 528 alumnos en 2025 (versus los 3.242 que registraba en 2020). El panorama más complicado lo tienen 279 estudiantes de Enfermería, a quienes les falta un año completo para titularse. Algo similar les ocurre a 53 alumnos de Derecho y 30 de Psicología.
Sistema consolidado
Este es el caso más reciente de una institución de educación superior que desaparece, pero no es aislado. Los registros muestran que desde 2019 han dejado de funcionar o han titulado a sus últimos alumnos más de 30 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica (ver tabla).
«Los cierres, adquisiciones y fusiones son fenómenos normales en sistemas de educación superior de otros países», aclara Sergio Celis, académico de la Universidad de Chile e investigador en educación. «No es exclusivo de Chile, ocurre en todas las latitudes. A veces se da por fenómenos dinámicos, instituciones donde por alguna razón el proyecto no fue exitoso, no atrajo demanda, o -en el caso de un privado- hay decisiones de abandonar el proyecto. A veces hay compras de una institución a otra y en ocasiones las universidades públicas deciden fusionarse para potenciarse, o una estaba más débil y junto a la otra trata de hacer un proyecto más sólido», detalla.
Aunque se han registrado varios cierres en los últimos años no se ha producido un shock, lo que atribuye a la madurez del medio. «El sistema chileno se ha ido consolidando. Por un lado, se ha puesto más estricto; hay un aseguramiento de la calidad mayor, lo que hace que proyectos de baja calidad comiencen a ser menos viables. Hasta diría que es un aspecto saludable, en el sentido de que el sistema tiene la capacidad de presionar para que se asegure la calidad», plantea.
A futuro, proyecta, también va a influir la baja natalidad: «La matrícula sigue aumentando, pero ya no como antes, el sistema va alcanzado una meseta y probablemente vamos a ir observando más cierres en el tiempo».
Tiempo de reacción
Mario Alarcón, director del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Diego Portales (UDP), identifica los diversos problemas que acarrea la desaparición de una casa de estudios.
«En la práctica los estudiantes enfrentan pérdida de tiempo, equivalencias parciales, cambios de malla y a veces costos adicionales.
En segundo lugar, diría que hay un daño reputacional sobre los títulos ya emitidos: los egresados ven afectada la legitimidad de su diploma en el mercado laboral. Aunque legalmente se conserva la validez, pero hay un deterioro», comenta.
También detecta una suerte de abandono administrativo. «Cuando el cierre llega tarde, tras años de crisis, la institución suele estar desmantelada, no hay personal, no hay sistema, no hay custodia de los registros académicos», advierte.
Además, hay un costo fiscal. «Finalmente el Estado, cuando caen las instituciones, termina asumiendo costos de reubicación, vía universidades o instituciones tutoras», señala el académico.
Un factor clave es la detección temprana de la crisis institucional. «Si el cierre llega cuando hay un daño consumado, tenemos un problema. En el caso de la Universidad La República, la Superintendencia detectó el problema en 2019 y la institución no se acreditó. Entiendo que iba a cerrar el 2021, pero la Corte Suprema aprobó un requerimiento que ellos hicieron, por lo que no se logró cerrar a tiempo y ahora hay 500 estudiantes que enfrentan una situación compleja», sostiene.
Contrapone la situación con otro caso. «La Universidad Austral enfrentó una dificultad, hubo una intervención de la superintendencia y se estableció un plan de recuperación con la institución que llevó algunos años. Entiendo que ahora están en un proceso de supervisión, que podríamos decir que funcionó para no llegar a una situación compleja: se detectó a tiempo, se estableció un plan y no hay peligro de cierre para los estudiantes; se solucionó el problema», valora.
