Séptimo Juzgado de Garantía desestimó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público
No hay antecedentes que permitan dar cuenta de un indicio de un acuerdo, justificó el juez Patricio Álvarez.
Por no poder acreditar los presupuestos materiales del delito de fraude al Fisco, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la prisión preventiva que el Ministerio Público había solicitado para la cúpula de la fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín.
En su resolución el juez Patricio Álvarez aclaró que su pronunciamiento no se refería al fondo del tema, sino que a lo concerniente a la sede penal que él representa.
Advirtió que había una complejidad. «El autor no ha sido formalizado y tiene una calidad particular», argumentó, aludiendo al eventual desafuero del gobernador Claudio Orrego, quien suscribió el convenio cuestionado, asignándole 1.600 millones de pesos a la fundación para implementar y fortalecer el plan «Quédate», de prevención del suicidio.
«No hay antecedentes que permitan dar cuenta de un indicio de un acuerdo», agregó, con lo que comenzó a desarticular la tesis de una concertación previa para delinquir. Por ejemplo, Álvarez echó de menos documentos o correos electrónicos que evidenciaran ese supuesto nexo entre Larraín y las tres imputadas.
Alrededor de las 21 horas del martes, el juez dictaminó que la medida cautelar adecuada para esta etapa del proceso era el arraigo nacional para Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.
«Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia, pueden buscarlo en los audios», dijo Alberto Larraín cuando salía del Centro de Justicia, aludiendo al destino de los recursos investigados.
Defensa
La cuarta y última jornada de la formalización en el caso ProCultura se centró en las defensas de los imputados, concentrados en evitar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
«Es evidente que Alberto Larraín no administra», argumentó Cristian Arias, encargado de la estrategia del ex directivo de la fundación, para desvirtuar el cargo de administración desleal. «No se ha apropiado de ningún recurso», recalcó.
El abogado Arias reconoció eso sí que en ProCultura estaba el despelote en términos de gestión. «Había un desorden interior, no cabe duda. Es evidente que ProCultura tenía una mala gestión», enfatizó.
La defensa aclaró que Larraín ejerce como psiquiatra, su profesión, y que a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía sí tiene experiencia en la prevención de suicidios, temática que sustentaba el cuestionado proyecto adjudicado por el Gobierno Regional Metropolitano a ProCultura.
Recalcó que Larraín tiene más de cien pacientes, a 18 los atiende gratis y algunos padecen «riesgo de suicidio activo».
La defensa de Constanza Gómez, exrepresentante legal de ProCultura, se enfocó en desacreditar un audio atribuido a ella por parte de la Fiscalía y que estaba dirigido a Larraín. Luego de escucharlo en la sala, el abogado Alejando Alegría acusó que la parte persecutora «esgrimió un antecedente falso».
Cuando el juez Patricio Álvarez le pidió aclarar este emplazamiento, el jurista profundizó que la voz de la grabación era en realidad de María Teresa Abusleme, que ejercía como directora de ProCultura. La defensa sugiere que incluir erróneamente este registro en la carpeta de la causa -bajo el ítem «modus operandi»- lo invalidaba, conformando una «falsedad en el marco fáctico de la formalización».
Recalcó que ProCultura «no es una fundación de papel», porque en más de diez años gestionó más de 300 proyectos en 47 comunas y 11 regiones a lo largo del país.
Sobre el proyecto cuestionado del Gore aseguró que es «difícil hablar de un dedazo», porque fue aprobado en el Consejo Regional Metropolitano por 34 votos a favor y ninguno en contra. Con la plata, acentuó el abogado, «nadie compró una casa en la playa».
Las defensoras penales públicas Sandra Díaz y Natalia Bravo intercedieron en favor de María Teresa Abusleme calificándola como «una científica social cuya carrera es su mayor activo». La destacaron como «una eminencia» que no tuvo relación con la gestión de proyectos.
Las defensoras destacaron además que Abusleme no fue querellada por el Consejo de Defensa del Estado, lo que demostraría que no participó en ningún concierto para defraudar.
