Tres alcaldes cuentan cómo lograron erradicar las tomas en sus comunas

En una toma de terreno, hay dos fuerzas contrarias que tiran de una misma cuerda: el imperio de la ley, el respeto a la propiedad privada, por un lado, y la desesperada necesidad de tener un lugar donde vivir, por el otro. Y en este tira y afloja, muchas veces se cae en un inmovilismo que solo agrava el problema: no solo crecen las tomas, sino que, en el vacío dejado por el Estado, a veces el crimen organizado convierte el lugar en su territorio, en su centro de operaciones.

Allí están, por ejemplo, la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela, con 10 mil habitantes, y sin una solución factible a la vista; la toma de Quilpué, cuyo terreno pertenece a la familia Correa, que suma y suma órdenes de desalojo sin variar en nada la situación; y la toma Lamparaíso, que ocupa un cerro completo en la comuna de Lampa.

Pero hay otros casos en que las tomas han logrado ser erradicadas, e incluso sin la necesidad, para seguir con la metáfora, de tensar a tal punto la cuerda que se deba recurrir a la fuerza. A continuación, tres alcaldes cuentan cómo lograron erradicar sendas tomas en sus comunas.

Toma Japón de Maipú. 94 familias, 233 habitantes, 12 hectáreas de terreno. El 2 de septiembre fueron desalojadas los últimos habitantes de la Toma Japón, en el barrio Clotario Blest de Maipú. Llegó un contingente de Carabineros, pero en realidad no eran necesarios: el 98% de las casas ya habían sido abandonadas por propia decisión de sus habitantes.

El alcalde Tomás Vodanovic explica la estrategia:

«Nosotros queríamos erradicar el campamento Japón sin usar la fuerza y con una estrategia social que permitiera reubicar de común acuerdo a las familias. Revisamos experiencias exitosas de otros municipios, y llegamos a la conclusión de que primero había que hacer un catastro de las familias, identificar las distintas realidades, para luego apoyarlas por medio de subsidios de arriendo transitorios por cuatro meses, y una coordinación con el Serviu para encontrar soluciones habitacionales de mediano y largo plazo. Además, pusimos a disposición de los pobladores un gestor inmobiliario para que los ayudara en el tema habitacional».

«Este fue un trabajo de dos años», prosigue el alcalde. «Las familias agradecieron que esto fuera con un plan social y no a la fuerza, lo que facilitó el desalojo. Y a medida que las familias iban saliendo, íbamos inhabilitando el terreno para que no fuera tomado por otras familias».

En diciembre, informan desde la municipalidad, comenzará en el lugar la construcción el parque La Aguada-El Pajonal, con una inversión de 21 mil millones de pesos.

Toma Edén de Lajarillas, Reñaca Alto, Viña del Mar. 82 familias, 350 habitantes, dos hectáreas de superficie. La mañana del 4 de marzo comenzó el desalojo de la toma de Lajarillas en Viña del Mar, con un amplio contingente policial, pero resultó bastante más pacífica de lo esperado. Hubo vecinos que protestaron, pero la mayoría, o había sacado sus pertenencias el día anterior, o había asumido que no había otra opción.

La alcaldesa Macarena Ripamonti cuenta que aquí se siguió una política parecida a la tomada en Maipú.

«Aquí se realizó una coordinación para implementar, de manera transitoria, un recinto donde las personas fueran albergadas con posterioridad al desalojo», explica la jefa comunal. «Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario se trabajó en el catastro de familias que informó sobre los grupos más vulnerables que requerían ayuda especial, y los orientamos sobre los distintos dispositivos sociales existentes, las posibilidades alternativas de vivienda, las ayudas sociales directas, asesorías para personas migrantes y la entrega de soluciones de salud a los grupos prioritarios y más vulnerables del sector, en apoyo con el Cesfam».

Toma del cerro Chuño, Arica. La toma del cerro Chuño en Arica escapa a todo punto de comparación a las demás tomas del país. A principios de los años 90 comenzó la construcción de un complejo habitacional en el lugar, pero luego de que se descubriera una grave contaminación por arsénico y plomo, el gobierno ordenó su demolición el 2012. Sin embargo, sobre esos escombros aparecieron nuevos pobladores, en su mayoría peruanos, que se tomaron el terreno, seguido por una oleada de inmigrantes colombianos.

Pero los problemas más serios ocurrieron con llegada masiva de venezolanos, sobre todo después de la pandemia, algunos de los cuales formarían la organización criminal Los Gallegos, una franquicia del Tren de Aragua, que utilizó la toma como una fortaleza de impunidad.

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, relata: «Comenzaron a producirse delitos nunca vistos. Asesinatos por sicariato, torturas, trata de personas, extorsiones… Arica se convirtió en la ciudad con más homicidios por habitante en el país y la mayoría ocurría en la toma. En el cerro la policía encontró dos cuerpos enterrados bajo una losa de cemento, además de casas que eran usadas como centro de tortura. Eso no podía seguir. El desalojo era urgente».

Así, a la par que la justicia procesaba a Los Gallegos, el municipio, en coordinación con las policías, Bienes Nacionales y el delegado presidencial, planificaron un desalojo por etapas, centrándose en los lugares donde operaba el Tren de Aragua.