Comenzó el juicio contra los hermanos acusados del homicidio de tres funcionarios en Cañete
Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, y Nicolás Rivas Paillao son los imputados.
«Este es el atentado en contra de funcionarios de Carabineros más grave ocurrido en los últimos 36 años y es la agresión más violenta que ha sufrido la institución», dijo el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, en la primera audiencia del juicio contra los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, y Nicolás Rivas Paillao, acusados del homicidio de tres carabineros en Cañete: el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, de 43 años; el cabo primero Sergio Arévalo Lobos, de 34; y el cabo primero Misael Vidal Cid, de 30.
Qué ocurrió
Una de las labores que tenían los carabineros -que pertenecían a la Cuarta Comisaría de Orden Público de Los Álamos- era controlar medidas cautelares a imputados que vivían en sectores rurales. El 26 de abril de 2024, a las 23:30 horas, los tres funcionarios fueron en una camioneta hacia el sector de Antiquina, en Cañete, para verificar el arresto domiciliario parcial de una persona. Para llegar a ese lugar, mencionó el Ministerio Público en la acusación, los funcionarios tuvieron que ingresar a un callejón donde verificaron que el portón del domicilio del imputado estaba excepcionalmente cerrado, por lo que, necesariamente, uno de ellos tuvo que abrir la puerta de la camioneta para bajarse y despejar el acceso.
«En ese contexto, aprovechando la apertura de una de las puertas de la camioneta, un número indeterminado de sujetos, entre los que se encontraban los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, quienes permanecían ocultos en la vegetación, rodearon la camioneta y, provistos de armas de fuego, emboscaron a los funcionarios y los redujeron», dice la acusación del Ministerio Público, que fue leída por el presidente del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete.
Cuando los carabineros fueron despojados de sus armas, leyó el juez Pincheira, les dispararon y les dieron muerte en ese mismo lugar. Pero no fue lo único que los acusados hicieron esa noche y la madrugada del día siguiente. Según el Ministerio Público, los hermanos Antihuen Santi cargaron los cuerpos de los funcionarios, los subieron al vehículo institucional y condujeron hasta el kilómetro 24 de la ruta P-72S, donde finalmente se estacionaron e incendiaron la camioneta con los funcionarios en su interior.
«Esta investigación permitió establecer que tanto la emboscada como el conjunto de ilícitos descritos fueron preparados con antelación. Obedece a un plan criminal en cuya elaboración y ejecución participaron, a lo menos, los imputados Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi, y también Nicolás Rivas Paillao», dice la acusación.
Planificación
El Ministerio Público asegura en su acusación que los hermanos Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao definieron el lugar y el momento más propicios para actuar inadvertidos y generar condiciones para que los carabineros no pudieran defenderse. Además, adquirieron armas de manera clandestina, precisamente con la ayuda de Rivas Paillao, quien les pasó a los hermanos una escopeta que fue usada en el crimen, según las pruebas que se presentarán en el juicio.
Otra de las acciones que demuestra preparación, dice la acusación, es que uno de los testigos protegidos del caso declaró que el portón de acceso al domicilio solía estar abierto, por lo que el fiscal regional asegura que los imputados lo cerraron para provocar que uno de los policías bajara de la camioneta blindada y disminuyera su protección. Un dato no menor del caso, dice la acusación leída por el juez Pincheira, es que el día elegido por los acusados para cometer el crimen fue el anterior al aniversario de Carabineros, lo que evidencia desprecio por la honra de los funcionarios y su institución.
«La conducta a la que nos referimos y que será objeto de este juicio no es un problema de multiculturalismo. No se trata tampoco de marginalidad como detonante de una violencia desmedida. Lo que ocurre es básicamente una elección consciente, voluntaria, del ejercicio de la fuerza como una forma de dominio y control sobre quienes lo rodean. Esta violencia no solo es injustificada, sino también planificada, destinada a imponer miedo, a demostrar capacidad de control territorial mediante la fuerza», enfatizó el fiscal Garrido en la audiencia.
Y agregó: «Los hechos que sustentan nuestra imputación no solo permitirán responder la pregunta de qué o cómo fue lo que ocurrió, sino que también deben arrojar luces sobre una pregunta más profunda, que es cómo el Estado debe responder frente a acciones de esta naturaleza y con estas consecuencias. Lo que planteamos es que la respuesta del Estado no es la venganza o la arbitrariedad; la respuesta es la justicia».
