Banda de explotación sexual tenía máquinas POS para que clientes pagaran con tarjeta

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Contaban con una empresa de fachada por la que hacían pasar los dineros ilícitos

Los líderes de la organización eran una pareja con perfiles en Linkedin donde se mostraban como ejecutivos exitosos.

En abril de 2019, una ingeniera en administración de empresas inscribió una sociedad llamada «Gestión de Proyectos Profesionales», cuyo giro comercial ha abarcado labores tan disímiles como el servicio de lavado de vehículos, recuperación y reciclamiento de desperdicios, limpieza general de edificios, peluquería y otros tratamientos de belleza, portales web y, desde 2021, actividades de salones de masajes, baños turcos, saunas y servicios de baños públicos.
La empresa, sin embargo, no aparece mencionada en su perfil de Linkedin, donde se describe a sí misma como customer success manager (gerente de éxito del cliente), account executive (ejecutiva de cuentas), project manager (gerente de proyectos), y poseedora de múltiples atributos. «Como profesional en negocios y proyectos, mi enfoque se centra en identificar y desarrollar oportunidades estratégicas en el sector tecnológico», se lee en su perfil.

Y una de las razones por la que no menciona la mentada empresa es muy simple: porque es una farsa.
Denuncia anónima
La prefecta Elena Hidalgo, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI (Bitrap), cuenta que hace unos meses una mujer realizó una denuncia anónima al fono Denuncia Seguro, donde alertó de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras.
Al poco investigar, la PDI descubrió que las mujeres ejercían el comercio sexual en ciertos departamentos en Providencia y que eran regentadas por hombres de nacionalidad ecuatoriana. Fue así como se toparon con «Gestión de Proyectos Profesionales».
«Esta es una empresa de fachada, que tiene una apariencia legal, pero que en realidad no tiene existencia real: no tiene oficina, no tiene empleados y, sin embargo, figura con miles de millones de pesos en ingresos», cuenta la prefecta Hidalgo. «La organización utilizó esta empresa para darle una apariencia legal a los dineros ingresados por la explotación sexual».
Las mujeres, cuenta la prefecta, eran contactadas en el extranjero (Argentina, Colombia y Venezuela) y la organización les pagaba el pasaje para venir a Chile. Las mujeres, hay que aclarar, sabían que vendrían a ejercer el comercio sexual, y por eso la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Camila López, habla aquí del delito de facilitación a la prostitución, que es distinto a la explotación sexual, que ocurre cuando las mujeres son traídas a Chile bajo engaño y luego explotadas sexualmente por medios coercitivos.
El líder de la organización es un ciudadano ecuatoriano con residencia definitiva en Chile, pareja de la administradora de empresas arriba mencionada, y que también figura con un perfil Linkedin prometedor. Allí se autodescribe como Co-Chief Executive Officer (algo así como codirector ejecutivo), y con una impresionante cantidad de logros profesionales.
Una vez reunidas las pruebas, la PDI realizó las correspondientes detenciones y allanamientos.
POS
Acaso lo más curioso de este caso se encontró en los departamentos donde las mujeres ejercían el comercio sexual.
La organización, al contar con una empresa de fachada con RUT e inicio de actividades, usaba POS para que los clientes pudiesen pagar con tarjeta de crédito. Así, en el voucher, aparecía el RUT de Gestiones de Proyectos, por lo que también figuraba pagando impuestos.
Los departamentos contaban además con un circuito cerrado de cámaras y un aparato para registrar huellas, como las que se usan para comprar bonos médicos. «Las cámaras y el huellero eran una forma de controlar la entrada y salida de las mujeres, como quien marca tarjeta en el trabajo».
La PDI detuvo a la administradora de empresas, a su pareja ecuatoriana que lideraba la organización, y a un tercer ciudadano ecuatoriano involucrado. Todos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por los delitos de facilitador de la prostitución, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.

«Hasta el momento hemos cerrado 14 cuentas corrientes, contando las cuentas corrientes de la empresa de papel, por las cuales han pasado alrededor de 3.600 millones de pesos. Creemos que esta organización ha tenido utilidades por 1.800 millones de pesos», explica la prefecta Hidalgo.

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