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Título/Pie de foto: Leonardo Sanhueza
Leonardo Sanhueza
Por estos días se habla mucho de una «teoría del empate», siempre con un aire de suficiencia doctoral, como si se tratara de un problema clásico de las ciencias políticas. Aunque qué sabe uno, en realidad: quizás existe esa teoría en algún rincón de la academia y hay todo un campo de estudio al respecto. Lo cierto es que aquí se la menciona más bien como una metáfora explicativa, a la manera de la teoría del jarrón o la del desalojo. En ese sentido, la tal «teoría del empate» no es más que cierta regresión a la retórica que gobierna los dimes y diretes de la niñez, representada entre borrachos adultos con la pregunta: «¿Y qué dijo el otro?». A diferencia de los diálogos socráticos, al «empatar» no se pretende llegar a la verdad sobre alguna situación, sino incordiar al contrincante. Al final, gana el más molestoso, pero gana por cansancio, sin haber probado alguna inocencia.
Tal vez en otro tiempo, época de reuniones cerradas y telefonazos, la teoría del empate era muy válida, pero ahora parece un tanto anacrónica y contraproducente. Los políticos buscan con ella salir del paso, sacudirse las manchas de su imagen, dejar que pasen los días y, con ellos, vengan nuevas y mejores noticias a cubrirlo todo con un velo de odalisca, pero se olvidan de que la llamada «opinión pública» no es la misma que hace diez años. Los trapos sucios ya no pueden lavarse en casa, entre ellos, sino a pleno sol, porque no están sucios con respecto al adversario, sino con respecto a la masa electoral. Cualquier intento de empatar es visto como manotazos de ahogado.
Ahora tenemos el Nueragate, cuyo nombre cómico no alcanza para describir el festival de desatinos en que han incurrido el Gobierno y la oposición ante un escándalo que ameritaba algo más que la incompetencia. La derecha, en un impulso visceral, se lanzó como gato de campo hacia el caso, pues le parecía un pez gordo y digno para empatar el inempatable caso Penta. El Gobierno, por su parte, adormecido con sus ravotriles de siempre, no tuvo mejor ocurrencia que «blindar» al hijo de la presidenta, explicando que nada había de irregular en sus negocios y que, por lo tanto, su cargo en La Moneda estaba fuera de discusión. Es decir, ni la derecha y el Gobierno han entendido que el Nueragate no es un escándalo entre ellos, sino una provocación a los electores, que esperan, antes que estas peleas de curados, alguna reacción éticamente plausible.
Los asesores políticos están desorbitados. Siguen manejando estos líos con la lógica del tira y afloja, como si aún estuviéramos en la modorra de los años noventa. A estas alturas, hasta un solitario harakiri sería más valorado y premiado -piénsese nada más en lo que hizo Iván Moreira por el caso Penta: dar la cara, sin un mísero logo de su partido detrás- que la hipocresía con que los políticos siguen nadando de espaldas sobre la náusea general.
