Tercera jornada de formalización de la red de corrupción en las cárceles de Santiago
El fiscal del Foco Penitenciario Occidente, Sergio Soto, entregó más detalles de su relato sobre el funcionamiento de los manilleros.
Durante la tercera jornada de formalización por la red de corrupción al interior de las cárceles de Santiago, la Fiscalía profundizó en el funcionamiento de los denominados «manilleros», estructuras que -según el Ministerio Público- operaban como bandas internas dedicadas al ingreso de productos ilegales y a la facilitación de visitas irregulares.
La exposición estuvo a cargo del fiscal del Foco Penitenciario Occidente, Sergio Soto, quien explicó que estas agrupaciones contaban con roles definidos y coordinación permanente entre civiles y funcionarios de Gendarmería, especialmente en las áreas de encomiendas y visitas del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Según detalló el persecutor, los «manilleros» actuaban como intermediarios entre internos, familiares y gendarmes, coordinando previamente qué productos ingresar, por qué accesos y con qué funcionarios de turno. Las especies eran preparadas fuera del penal y ocultadas en bolsas o cajas aparentemente regulares.
Acceso denegado
En ese contexto, Soto relató uno de los episodios más relevantes de la jornada: el caso de un ciudadano colombiano que intentó ingresar una caja de bombones que, en su interior, contenía teléfonos celulares ocultos. Durante el control, los funcionarios detectaron las especies prohibidas y le negaron el ingreso.
Al verse frustrado el acceso, el sujeto reclamó señalando que había pagado por el ingreso de la encomienda. Para la Fiscalía esta declaración espontánea resultó clave en la investigación, ya que evidenció la existencia de un acuerdo previo y un sistema de cobros destinado a permitir el ingreso irregular de objetos al recinto penitenciario.
El fiscal explicó que el ciudadano extranjero no se encontraba enrolado para ingresar al penal y que, aún así, había recibido instrucciones previas sobre cómo acceder. El pago, según lo expuesto en audiencia, habría sido cercano a los $60.000.
Soto sostuvo que este error dejó al descubierto el funcionamiento del sistema y generó alertas al interior de la organización. A partir de ese episodio se detectaron comunicaciones en las que algunos de los involucrados decidieron suspender temporalmente los ingresos para evitar nuevas detecciones.
Durante la audiencia también se detalló el ingreso reiterado de comida preparada, como McDonalds y comida china, cuyo valor variaba, según la cantidad. Estos encargos eran coordinados con anticipación y formaban parte de una dinámica habitual, con cobros que fluctuaban entre los $40.000 y $50.000.
Otro de los casos expuestos fue el ingreso de grandes cantidades de carne previo a Fiestas Patrias solicitado por internos del módulo 20 con el objetivo de realizar asados al interior del penal. Las encomiendas eran preparadas fuera del recinto, en un taller utilizado como centro de operaciones.
Según indicó el fiscal, estas encomiendas fueron acogidas y autorizadas por funcionarios de Gendarmería, pese a contener productos prohibidos, lo que a juicio del Ministerio Público demuestra un actuar deliberado y reiterado en el incumplimiento de los deberes del cargo.
Tras la audiencia, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, señaló que los antecedentes, a su juicio, permiten acreditar tanto la existencia de delitos como la participación de los imputados en calidad de autores. El persecutor sostuvo que lo investigado tiene una especial gravedad, ya que afecta directamente el funcionamiento del sistema penitenciario y ocurre en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la seguridad, al tratarse de funcionarios que, según dijo, «dejaron de ser gendarmes hace tiempo y estaban dedicados exclusivamente a la comisión de delitos, aprovechando su condición de funcionarios públicos».
