Proyecto total tiene un valor de $4.629 millones
Faltaban el permiso de obras de mantención y la autorización para la ocupación del bien nacional de uso público.
La municipalidad de Santiago ordenó la paralización inmediata de las obras de restauración de la fachada del Palacio de La Moneda, luego de constatar que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República había iniciado los trabajos e instalado andamios en el espacio público sin contar con los permisos municipales obligatorios (ver fotos en https://acortar.link/hLbZNn). Específicamente, faltaban el permiso de obras de mantención y la autorización para la ocupación del bien nacional de uso público, lo que constituye una infracción a la normativa; por lo tanto, la millonaria restauración, de $4.629 millones en total, quedó totalmente suspendida hasta que el gobierno presente y obtenga todos los documentos requeridos, que incluyen la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, si bien dijo que le parece una «buena iniciativa» la restauración, admitió haberse enterado de la remodelación del Palacio de La Moneda «por los medios de prensa».
El proyecto paralizado forma parte de un plan amplio de conservación y rehabilitación de este monumento histórico que busca la mejora estética de la fachada -una obra de casi $3.900 millones a cargo de la empresa Pío V Limitada y cuya instalación de andamios en el espacio público detonó la intervención municipal.
El proyecto total incluye además modernizar instalaciones internas como el salón-búnker subterráneo de los años 80, y mejorar la accesibilidad y condiciones de trabajo del personal.
Sin embargo, el jefe comunal justificó la orden de paralización de la dirección de obras, que tiene la tuición en estos temas, debido a la falta de permisos de la Presidencia: «No tenemos ningún inconveniente con eso, pero no se habían cumplido las normas legales al respecto y por eso la dirección de obras, que es la que tiene la tuición en estos temas, ha dispuesto a la paralización de las obras mientras no se regularice todo». Desbordes finalizó con una clara advertencia sobre la obligatoriedad de la ley: «Aquí nuestra norma de trabajo es una sola, la ley se cumple y eso lo tienen que cumplir todos, el más humilde de los locales comerciales y también la casa de gobierno de nuestro país».
El permiso
«En el caso de La Moneda», plantea Ángela Prado, subdirectora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, «al ser un edificio patrimonial, requiere previamente la aprobación del Consejo Nacional de Monumentos. Pero, independiente de ese permiso sectorial, toda remodelación debe pasar por la Dirección de Obras y obtener un permiso de edificación para realizar las modificaciones», explica.
«Esto implica presentar un expediente completo de edificación asociado a ese tipo de permiso, que en este caso corresponde a una remodelación», agrega, aunque hace una distinción. «Ahora, en el caso de los pendones que vi, al pasar por La Moneda, noté que estaban cubriendo parte de la fachada. Eso es algo común en construcciones, pero si esos pendones se encuentran sobre un bien nacional de uso público -como me pareció que era el caso- también requieren una autorización o permiso precario para su instalación», dice.
Acota que «cuando uno hace un proyecto, tiene que sacar permiso, es sabido por todo el mundo. Ellos ni siquiera habían ingresado el expediente. Lo ingresaron después de esta polémica, por lo que entiendo». Para la experta lo ocurrido pudo ser «ignorancia, pero me extraña, porque el mismo gobierno sacó una ley de permisología, precisamente, para eso. Entonces yo creo que se saltaron ese paso».
Plazos
Prado agrega que hoy el tema de la permisología está en discusión, «precisamente por los plazos que implican los permisos de edificación, lo que ha generado bastante polémica». En cuanto a los tiempos de espera para que se apruebe cada etapa en una obra para su restauración, dice que «en el caso de un permiso de remodelación, los plazos suelen ser extensos: primero se ingresa la solicitud, y la Dirección de Obras tiene 30 días para emitir observaciones. Luego, el titular del proyecto dispone de 60 días para subsanarlas, y finalmente la Dirección de Obras cuenta con otros 30 días para aprobar o rechazar el permiso», consigna la experta en patrimonio.
Desde Presidencia informaron, a través de un comunicado, que «en relación a la documentación y el proceso de la obra son responsabilidad de la empresa, quienes ya entregaron los antecedentes solicitados por la Dirección de Obras Municipales» y que «en función al contrato que tiene la empresa con el ministerio de Obras Públicas, se harán cumplir los plazos y obligaciones de la empresa, en este caso».
