Este martes el Minvu comenzó a demoler la toma Calicheros de Quilpué
Yo obtuve justicia. Pero no dejó de ser dura, difícil y triste, porque no tengo lo más importante, que es nuestro papá, afirma la hija del empresario asesinado por ese terreno.
Valentina Correa vivó la demolición de la toma Calicheros en Quilpué con emociones encontradas. «Es un día que está teñido por sentimientos de dulce y agraz», dice la hija del empresario Alejandro Correa.Desde el asesinato de su padre, el 18 de mayo del 2020, Valentina asumió la vocería de la familia. Fue la cara visible de una larga lucha ante la justicia. Primero por esclarecer el crimen cometido por Renato López, un vecino del terreno de Quilpué con quien Correa había discutido por el deslinde de la propiedad.
López fue condenado en abril del 2022 como autor intelectual del asesinato. El colombiano Víctor Gutiérrez, como el sicario que contrató con ese objetivo.
Correa fue asesinado al día siguiente de hacer una denuncia ante el Ministerio Público por la usurpación de su propiedad de 13 hectáreas. Una hora antes de morir le envió un correo a Carolina Corti, actual alcaldesa de Quilpué, que en esa época era la gobernadora de la provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso.
La puso al tanto de la situación y le pidió que instruyera a las personas correspondientes para evitar que la toma «se masificara». En ese momento eran 30 viviendas emplazadas ilegalmente. El viernes 26, un sobrevuelo realizado con un dron mostró 140 techos en la toma Calicheros.
El desalojo
Este lunes 29, la Delegación Presidencial de Valparaíso en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu iniciaron el desalojo de la toma, acatando el fallo de la Corte de Apelaciones de agosto del año pasado.
Este martes cerca de 50 pobladores continuaban en sus casas. Empezaron a sacar sus pertenencias cuando llegaron las retroexcavadoras de la empresa Río Grande SpA y comenzaron a derribar las viviendas.
La demolición fue pacífica.
La demolición fue pacífica.
Habla Valentina: «Son (sentimientos) dulces cuando llega la justicia. Tiene que ver con que el Estado reconoce que está en deuda e intenta de alguna manera suturar ese hilo de pacto social, donde el Estado promete protección. Pero eso se cortó cuando mataron a nuestro papá. Y después ante los ojos de la ciudadanía y de las autoridades seguía secuestrado nuestro terreno. Eso te inunda una sensación de injusticia y de no ser visto».
La socióloga evoca el recorrido legal. «El Poder Judicial hizo un maravilloso y excelente trabajo en la recuperación del terreno. Acogió el recurso de protección, reforzando que el Minvu tenía que ejecutar su orden de demolición.
Faltaba el Ejecutivo, que había sido reacio, resistente a ejecutar su propia orden. Hasta que tuvimos que ir a tribunales y eso me conecta con una sensación de tristeza. Al final esto era un tema de voluntad. Si el Ejecutivo lo hubiese querido hacer antes, lo hubiese podido hacer».
La tristeza, agrega, también es por el negocio que se esconde detrás de la toma. «Una inmobiliaria ilegal, que no solamente vende y engaña, sino que también genera falsas expectativas. Si bien todas las personas que estaban ahí, porque ellos mismos lo han reconocido, sabían que el terreno no era de ellos, claramente hay una demanda social, hay un déficit habitacional».
¿Siente que se hizo justicia?
«Yo obtuve justicia. Pero no dejó de ser dura, difícil y triste, porque no tengo lo más importante que es nuestro papá.
Eso no lo puedo recuperar. Pero también fue un día de esperanza, porque esta lucha ya dejó de ser solo de mi familia.
Tenía que ver con demostrar que existe institucionalidad, que se puede fortalecer el Estado de Derecho. El hecho de que mi familia, después de una historia tan trágica, al menos recupere su propiedad, da una señal de que nos vivimos en un caos total y ese orden también entrega paz. Esperemos que el Ejecutivo, los meses que le quedan, y el próximo gobierno, entiendan que detrás de este tipo de loteos existe crimen organizado. A modo de cierre, como familia podemos respirar más tranquilos».
Reivindicación
Valentina tiene palabras de agradecimiento para todos quienes fueron parte de este proceso. De manera especial nombra a su abogada, Jeanette Bruna, y a la alcaldesa Carolina Corti.
La edil responde: «Para mí esto tiene que ver también con reivindicar una vida que se perdió en función de una mente enferma. Me reuní con Valentina apenas mataron a su papá. También tengo recuerdos de Javiera (otra hija del empresario). Obviamente uno va generando un vínculo con alguien que ha perdido a su padre. No puedo quedarme indiferente, independiente que tenga una labor o sea una autoridad».
¿Cuál será el destino de este terreno, alcaldesa?
«Después de este desalojo vienen otros desalojos en otras tomas. Este caso es el más emblemático porque parte a través de un sicariato. Hoy la comunidad tiene múltiples necesidades, pero por el plano regulador este suelo no es habitacional por (posible) remoción en masa. Pero se podría utilizar para equipamiento».
La abogada Jeanette Bruna dice que apenas se lo devuelvan a la familia lo van a resguardar. «Se está juntando la plata. $50.000.000 cuesta el cerco. Son 13 hectáreas aproximadas, por lo tanto, tenemos que cercar alrededor de 2.000 metros lineales».
¿Y después de eso?
«Valentina y su familia siempre han querido que tenga un destino de servicio público. Soñaban que fuera un cuartel de la PDI, porque Quilpué no tiene. También se podría hacer un terminal agrícola, que sería fabuloso para la comuna. La alcaldesa Corti es la única que se ha mostrado interesada en este tiempo, pero sabemos que el Municipio no tiene recursos. Entonces la idea es vender al primero que se interese en desarrollar algún proyecto que tenga sentido».


