Diputado Cristián Tapia, presidente de comisión investigadora, por despidos de ejecutivos
Aquí hubo una red que empezaba en el presidente del directorio, pasando por todo el directorio y los altos ejecutivos, acentuó Tapia.
«Caiga quien caiga La transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas». A través de un posteo en la red X, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la decisión de Codelco que despidió a ocho altos ejecutivos implicados en irregularidades de los reportes de producción de los años 2024 y 2025.
La medida de la compañía estatal fue tomada luego de las auditorías internas y externas, a cargo de las consultoras KPMG y EY. Estas investigaciones detectaron que hubo una articulación para reportar material en proceso como producción terminada, lo que sirvió para cumplir metas y activar incentivos corporativos.
«Las investigaciones de organismos competentes siguen su curso para determinar todas las responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que la corporación emprenda para proteger sus intereses y resguardar el trabajo honesto que miles de mineros y mineras de Chile realizan día a día», añadió el secretario de Estado.
Daniel Mas aseguró que «este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos».
Un ejemplo reciente de las irregularidades se detectó el 6 de octubre, cuando Codelco advirtió inconsistencias entre las divisiones Salvador y Ministro Hales, pues un mismo material fue contabilizado como producción por ambas en los dos años anteriores.
Los gerentes
Uno de los desvinculados es el gerente general de Salvador, Patricio Viveros, reemplazado este viernes por Felipe Lagno, quien ejercía como gerente corporativo de Innovación y Tecnología.
También dejaron sus cargos el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz; y los gerentes de esa misma área en Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.
«Me parece una muy buena señal que deja de manifiesto, para los demás y para quienes todavía siguen adentro, cómo se deben hacer las cosas. Las cosas se deben hacer bien en Codelco y no como lo han estado haciendo, especialmente, en los últimos cuatro años», apunta el diputado Cristián Tapia (ind-PPD), presidente de la comisión investigadora sobre las discrepancias en las cifras de producción de Codelco, quien calcula que la sobreestimación bordea las 27 mil toneladas.
«Si bien es cierto, ellos se están yendo, pero no puede ser que se vayan a su casa y aquí no ha pasado nada. Tiene que seguir el máximo rigor de la ley para todos. Yo espero que Codelco haga las denuncias, se querelle contra quienes perjudicaron a la empresa, dado que aquí hay un perjuicio económico por los bonos que se pagaron, pero también es una pésima imagen para el país. Aquí hubo una red que empezaba en el presidente del directorio, pasando por todo el directorio y los altos ejecutivos», acentuó Tapia.
El diputado enfatizó que «el Ministerio Público se debe hacer parte de esta gravísima situación que ha atentado contra el prestigio del país al ser una empresa tan importante; pero también hay un desmedro en las finanzas de esta empresa. En los últimos años, sobre todo, ha sido nefasto el aporte que le ha entregado al país. Nosotros vamos a seguir con esto porque todo lo que aquí está saliendo fue parte también del resultado de la comisión investigadora que acabamos de terminar».
Los despidos revelan «el nivel del escándalo», plantea el diputado Jaime Mulet (Frvs). Agregó que «aquí había altos ejecutivos comprometidos en esta adulteración de las cifras de producción que implicó altos bonos para trabajadores, ejecutivos; pero también una transgresión importante al mostrar que la empresa producía más que lo que estaba produciendo».
El parlamentario por Atacama recalcó que en este caso «se juntaron dos intereses: el interés del gobierno corporativo de demostrar que la compañía estaba aumentando su producción, y el interés de ejecutivos y trabajadores que además recibían un bono. Dos intereses, a mi juicio, ilegítimos y transgresores de las normas del buen desempeño de una compañía que indudablemente pueden ser constitutivos de delitos, incluso».
