Una aciaga mañana de febrero de 2024, aeropuerto de Miami. Pocos minutos después de que el ingeniero comercial Felipe Lavandero se bajara del avión proveniente de Chile, dos agentes de la Policía de Fronteras (CBP en su sigla en inglés) le dicen en el control migratorio que no puede pisar territorio estadounidense porque figura con antecedentes penales.
Lavandero, que viajaba con su familia de vacaciones, hizo un fugaz repaso a su vida y llegó a la conclusión de que debía haber un malentendido, porque a él jamás lo habían detenido ni siquiera de rebote. Eso trató de explicarles a los policías, pero fue en vano. Los agentes le dijeron que, según sus registros, figuraba con una detención por hurto ocurrida en 2015. Imposible, no puede ser, insistió Lavandero. No hubo caso.
Finalmente, los policías le dieron la posibilidad de ingresar al país previo pago de una multa de 585 dólares y firmando una declaración jurada donde aseguraba que no había cometido ningún delito.
Luego, en abril del mismo año, Lavandero se ganó en un sorteo un viaje a Miami para dos personas con cuatro días de estadía. Para evitar el mal rato de la vez anterior, cuando viajó con la visa Waiver, esta vez quiso asegurarse el ingreso tramitando la visa directamente en la Embajada de Estados Unidos, pagando 185 dólares por el trámite. Pero pasó lo mismo: se la negaron. La diferencia es que en la embajada fueron algo más específicos: Lavandero aparecía detenido por un caso de hurto agravado ocurrido el 18 de octubre de 2015 en la comuna de Vitacura.
Con ayuda de su abogado, el ingeniero inició una desesperada investigación contra el tiempo para ver qué había ocurrido. Fue a la Fiscalía de Viña del Mar y le dijeron que no tenía ninguna causa penal pendiente. Fue a la Comisaría de Carabineros de Vitacura y le dijeron lo mismo, que no tenía ningún antecedente. En Fiscalía Nacional y en «Mi Fiscalía en línea» aparece su nombre, pero como víctima de cuatro causas penales. Nada del hurto agravado.
Hasta que en un cuartel de la PDI de Viña del Mar un detective encontró la famosa anotación por el hurto agravado, ingresada por un funcionario de Carabineros a las 23:30 horas del 18 de octubre en Vitacura.
El hurto
Lavandero hizo memoria. En aquella época era gerente zonal de una cadena de supermercados y aquel día sorprendió al subadministrador de un local ubicado en Vitacura metiendo mercadería a su vehículo. Lo denunció a Carabineros y una patrulla llegó al lugar para detener al empleado.
Lo que ocurrió, supo después, fue que el funcionario de Carabineros que tomó el procedimiento, al momento de subir la causa al sistema informático de la policía, en vez de poner a Lavandero como denunciante lo dejó como denunciado.
Esa información errónea pasó al Banco Unificado de Datos (BUD), que es la información que manejan las policías y que es distinta a la que corre en las causas penales del sistema judicial. Muchos de los antecedentes penales desaparecen con el tiempo o nunca llegan a aparecer por distintos motivos, pero la información del BUD queda para siempre, porque es información que puede ser útil para las policías, como antecedente investigativo.
La información del BUD es compartida al Departamento de Policía Internacional de la PDI y, por una serie de convenios firmados con Estados Unidos, la policía de ese país tiene acceso en línea con esos datos.
Con toda esa información en la mano, Lavandero presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Talca.
En el fallo, dado a conocer en el Instagram @caso_al_dia, la Corte concluye que, dado que Lavandero no tiene ningún antecedente penal por ningún lado, «es evidente que la información que mantiene en su poder la policía de Estados Unidos constituye un craso error derivado de informaciones inexactas proporcionada por Carabineros de Chile y refrendada por el Departamento de Policía Internacional de la PDI».
Así las cosas, la Corte ordenó a todas las policías eliminar todos los registros que existan sobre Lavandero como denunciado por aquel hurto agravado de 2015.
Matías Pinochet, abogado de Lavandero, dijo que tras este contundente fallo, están analizando la posibilidad de presentar una demanda indemnizatoria.