A partir de enero el cuerpo legal establece estándares más exigentes
Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz, explica que algunos autos se verían afectados, sobre todo los más baratos.
En enero entra en vigor la segunda fase de la Ley de Eficiencia Energética, que fue publicada en el Diario Oficial en febrero de 2021 y que le encargó al Ministerio de Energía fijar estándares mínimos de eficiencia para los vehículos nuevos.
Desde la Cámara Nacional de Comercio Automotriz (Cavem) plantean que para cumplir con la normativa y no recibir multas «las marcas se verán obligadas a retirar sus modelos a combustión más asequibles». Esto, dicen, afectaría a las personas que compran los modelos más baratos del mercado. Por ello piden aplazar la entrada en vigencia de la segunda etapa de la ley.
El origen
Para entender el problema, el ingeniero y académico Matías Díaz, experto en electromovilidad, explica que el objetivo de la ley es «reducir el consumo de combustible de los vehículos que se venden en el país y, con ello, la contaminación local y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se enmarca en el compromiso de carbono neutralidad y en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que fija como meta que al 2035 sólo se vendan vehículos livianos cero emisiones».
¿Qué implica la norma, profesor?
«Cada importador debe cumplir un rendimiento promedio mínimo según los vehículos que venda. Se mide el promedio de la flota, por lo que no hay modelos prohibidos. Cada marca debe equilibrar sus vehículos más y menos eficientes. La meta fue de 18,8 km/lge entre 2024 y 2026 y sube a 22,8 entre 2027 y 2029. La SEC puede multar con hasta 0,2 UF por cada décima de km/lge bajo el estándar. En la primera etapa de la ley, el rendimiento promedio de los livianos nuevos aumentó 7,6% entre 2023 y 2025».
La industria
Desde Cavem explican el problema que eso implica. «Ante la imposibilidad de compensar las emisiones de los vehículos de menor costo sin incurrir en severas multas, las marcas se verán obligadas a retirar sus modelos a combustión más asequibles».
De acuerdo a su análisis, hay modelos que «quedarían fuera del mercado o sufrirían alzas inasumibles para su categoría». Entre ellos, Cavem destaca el Suzuki Swift, el Kia Soluto, el Hyundai Grand i10, el Chevrolet Sail, el Kia Morning y el Suzuki Celerio. Además de algunos SUV compactos como el Chery Tiggo 2 y MG ZS.
Piden postergar
Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), plantea que la ley amerita cambios, pero como eso es lento, están abogando por postergar la entrada en vigencia de los nuevos estándares.
«Esto va a ser un permanente dolor de cabeza con los vehículos más chicos, de menor precio, más accesibles y que son los que más busca la clase media, los emprendedores y las pymes», dice.
La preocupación de Anac, agrega Mendoza, «es que los vehículos de menor costo, que son los modelos chicos, los city cars, que hoy tienen precios de entrada entre $8.990.000 y $15 millones desaparecerían de nuestro país. Y no son vehículos ineficientes, tienen rendimientos de 23 km/lt incluso, pero la norma les exige más. Por ejemplo, a un city car de 23 km/lt la norma erróneamente le pide cumplir 24,7, un estándar mayor, por el simple hecho de ser liviano. Eso debe corregirse y es el defecto que tiene esta normativa de eficiencia energética».
Desde el gremio destacan unos 10 modelos que se verían afectados. ¿Por qué esos?
«Todos los modelos del Top 10 de vehículos de pasajeros de Anac y el Top 10 de SUV, a contar de enero, pasarían a tener una exigencia mayor en su rendimiento mixto, lo que los haría acreedores de una multa. La diferencia sería entre 5 km/lt hasta 10 km/lt, que no son capaces de cumplir. Eso va a acarrear un encarecimiento de estos productos, que los puede hacer desaparecer de nuestro mercado».
Desde el Ministerio de Energía, hace algunos días comentaron que están estudiando los antecedentes: «Estamos analizando los argumentos que nos han entregado, evaluando las alternativas que permitan encontrar un equilibrio adecuado y para ello hemos solicitado estudios técnicos y económicos», dijo la ministra Ximena Rincón.
