La nueva institucionalidad ya inició la cobranza extrajudicial por más de $31.000 millones
El trabajador no debe realizar ningún trámite y, aunque el pago se retrase, no pierde la rentabilidad que habría generado su ahorro previsional.
Más de $31.000 millones en cotizaciones previsionales impagas ya comenzaron a ser perseguidos bajo el nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), uno de los cambios que introdujo la Reforma Previsional para hacer más eficiente la recuperación de las deudas antes de llegar a los tribunales.
La primera cartera ya fue derivada a la Tesorería General de la República (TGR), que desde junio asumió la cobranza prejudicial. Se trata de cotizaciones declaradas, pero no pagadas del mes de mayo, por 28.652 empleadores, una situación que afecta a 444.882 trabajadores. En promedio, cada empresa adeuda cerca de $1,1 millones y la deuda promedio por trabajador bordea los $70.000.
El objetivo es enfrentar un problema que se arrastra desde hace años. La deuda previsional acumulada en Chile alcanza casi US$45.000 millones, considerando capital, reajustes, intereses y otros recargos, mientras existen cerca de 1,5 millones de causas judiciales relacionadas con cotizaciones impagas.
Hasta ahora, cuando un empleador caía en mora, cada AFP iniciaba por separado las acciones de cobranza. Con el SUCC, la cobranza pasa a coordinarse entre la Tesorería, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), la Asociación de AFP y el propio sistema.
«Este sistema permite proteger mejor los ahorros previsionales de las personas. El SUCC representa precisamente el esfuerzo por fortalecer la seguridad social mediante una mejor coordinación entre las instituciones y recuperar recursos que pertenecen a las y los trabajadores y que impactan directamente en sus futuras pensiones», destacó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón.
Además, el sistema incorpora el cobro de las cotizaciones del nuevo Seguro Social Previsional, es decir con el mismo procedimiento se recupera tanto los aportes a la cuenta individual como al componente solidario.
«El trabajador no tiene que hacer absolutamente nada. La carga cae justamente en las distintas instituciones que participamos del proceso», resume Nicolás Pizarro, gerente general del SUCC.
El paso a paso
El mecanismo comienza apenas se genera una deuda. Con información de las AFP y el IPS, identifica a los empleadores morosos y deriva los antecedentes a la Tesorería.
A partir de ese momento se inicia la denominada cobranza prejudicial. La Tesorería contacta al empleador mediante correos electrónicos, llamados telefónicos u otros mecanismos para informarle la existencia de la deuda e invitarlo a regularizarla voluntariamente.
La ley concede un plazo máximo de 270 días corridos -unos nueve meses- para realizar esas gestiones. Si al término de ese período la deuda continúa impaga, el caso pasa a cobranza judicial.
Para ello, el SUCC licitará durante julio los estudios jurídicos que asumirán la tramitación de las causas. Según explicó Pizarro, las primeras deudas que no sean regularizadas durante la etapa prejudicial comenzarían a judicializarse a partir de febrero de 2027.
¿Y la rentabilidad?
Una de las principales dudas de los trabajadores es qué ocurre con el dinero que habría generado rentabilidad mientras la cotización permaneció impaga.
León Fernández de Castro, presidente de la Asociación de AFP, explicó que al regularizar la deuda el empleador debe pagar la cotización, su reajuste por UF, intereses, multas y la rentabilidad que esos recursos habrían obtenido si hubieran sido abonados oportunamente.
«Se cobra el valor nominal, se reajusta por UF al momento del pago y se incluyen las rentabilidades que hubiese ganado el fondo donde estaba el trabajador. Por tanto, no hay un perjuicio en la rentabilidad», explicó.
El sistema también incentiva al empleador a regularizar rápidamente la deuda. Si paga durante la etapa prejudicial evita los costos propios de una cobranza judicial, aunque igualmente debe responder por el reajuste, los intereses, las multas y la rentabilidad correspondiente.
Con el 80% de la plata reintegrada
El nuevo sistema no modifica las obligaciones de trabajadores ni de empleadores. Las personas seguirán revisando el estado de sus cotizaciones a través de los canales habituales de su AFP o del IPS, mientras que las empresas mantienen el deber de declarar y pagar las cotizaciones. Lo que cambia es la forma en que las instituciones coordinan la cobranza cuando existen deudas.?Aunque el sistema recién comienza, en el SUCC son optimistas respecto de sus primeros resultados. La primera cartera enviada a Tesorería supera los $31.000 millones y Pizarro estima que cerca del 80% de esos recursos podría recuperarse durante los primeros tres meses de cobranza extrajudicial.?»Probablemente al cabo de los primeros tres meses de cobranza ya tengamos cerca del 80% de esa plata reintegrada», sostiene.?La expectativa también es reducir la judicialización. Históricamente, menos del 5% de la cartera termina en tribunales, aunque Pizarro señala que el nuevo sistema deberá completar su primer ciclo para evaluar sus resultados.
